El 40% de Estados mexicanos no ve como delito la desaparici¨®n forzada

La ONU ha criticado con dureza los tibios avances de M¨¦xico en materia de desapariciones forzadas. La atenci¨®n sobre este delito, que para ser considerado as¨ª debe contar con la intervenci¨®n de funcionarios p¨²blicos, se ha redoblado a ra¨ªz del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en que participaron polic¨ªas locales. Una de las reprimendas del Comit¨¦ de Desapariciones Forzadas de la ONU en su examen es la deficiente legislaci¨®n de M¨¦xico al respecto. Ni la ley federal ni las legislaciones de los Estados que recogen este delito cumplen con los est¨¢ndares marcados por la convenci¨®n internacional de la que M¨¦xico es firmante. Adem¨¢s, no todos los Estados lo contemplan en sus c¨®digos penales. Tan solo 19 de las 32 entidades del pa¨ªs lo hacen y en algunos casos la ausencia de ley coincide con los lugares con una mayor tasa de desapariciones.

La dificultad de analizar el fen¨®meno comienza con la imposibilidad de conocer las cifras exactas de desapariciones forzadas en M¨¦xico. No existe ninguna estad¨ªstica oficial que d¨¦ cuenta del problema. El term¨®metro que m¨¢s se acerca es el registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas, una suerte de caj¨®n de sastre que no distingue la causa de la desaparici¨®n ni desagrega la informaci¨®n por Estados, sexo, edad o nacionalidad de las v¨ªctimas. Un reciente estudio del profesor del Instituto Tecnol¨®gico Aut¨®nomo de M¨¦xico (ITAM) Jos¨¦ Merino ha llevado a cabo este tarea de depuraci¨®n. Seg¨²n su trabajo, que tampoco distingue la causa de la desaparici¨®n, existen 23.701 personas en M¨¦xico de las que se desconoce su paradero.

Seis entidades acumulan casi el 30% de los casos. Tamaulipas, Cohahuila, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco y Sonora suman juntas 6.703 casos y registran la tasa m¨¢s alta por n¨²mero de habitantes. Tan solo dos de estos Estados, Cohahuila y Chihuahua, recogen el delito en sus c¨®digos penales. Tamaulipas, al noreste del pa¨ªs, marca el r¨¦cord con 5.155 casos, lo que supone una tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes, tres veces mayor que los dos siguientes estados m¨¢s golpeados, Sinaloa y Cohahuila.

Tamaulipas, marca el r¨¦cord con 5.155 casos ¡ª17,2 por cada 100.000 habitantes¡ª tres veces mayor que los dos siguientes estados m¨¢s golpeados, Sinaloa y Cohahuila

El aumento reciente de la inseguridad en Tamaulipas se debe a la fractura de los grupos del narcotr¨¢fico con presencia en la zona. La estrategia de seguridad lanzada en mayo de 2014 por el Gobierno Federal no ha logrado mitigar la disputa por el territorio entre los Zetas y el cartel del Golfo y la violencia aument¨® durante el a?o pasado. Los homicidios dolosos crecieron un 13% y los secuestros, un 24%.

¡°La tipificaci¨®n en el c¨®digo penal de cada uno de los estados en un paso adelante. Pero no creo que sea suficiente. Es necesario adoptar toda una serie de protocolos de investigaci¨®n y un registro nacional para terminar con el incentivo a la impunidad¡±, se?ala Leopoldo Maldonado, abogado de la organizaci¨®n en defensa de los derechos humanos Art¨ªculo 19. El reciente secuestro y asesinato de Mois¨¦s S¨¢nchez, un periodista local de Medell¨ªn Bravo (Veracruz), es en su opini¨®n paradigm¨¢tico. La investigaci¨®n apunta a la polic¨ªa local y al alcalde del municipio. Sin embargo, indica Maldonado, ¡°la fiscal¨ªa no ha seguido la instrucci¨®n como desaparici¨®n forzada. Muchos de los jueces no conocen bien delito y prefieren ir por privaci¨®n ilegal de libertad o abusos de autoridad¡±.

¡°La tipificaci¨®n en el c¨®digo penal de cada uno de los estados en un paso adelante. Pero no creo que sea suficiente Leopoldo Maldonado, abogado de la organizaci¨®n Art¨ªculo 19

Este escepticismo sobre los mecanismos que han de ponerse en marcha para perseguir este tipo de delitos es compartido por la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que estuvo presente durante las audiencias ante el Comit¨¦ de la ONU. Para Ismael Eslava, visitador general del organismo, la legislaci¨®n mexicana, tanto federal como por entidades, recoge solo en parte las exigencias internacionales: ¡°La Convenci¨®n establece que por desaparici¨®n forzada se entiende el arresto, detenci¨®n, secuestro o cualquier forma de privaci¨®n de libertad que sea obra de agentes del Estado y de particulares que act¨²en con la autorizaci¨®n, apoyo o aquiescencia del Estado. Este es un punto en que fallan las leyes mexicanas. Muchas se limitan a tipificar las acciones s¨®lo de los servidores p¨²blicos¡±.

El caso de los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos en septiembre es un ejemplo de las consecuencias que provocan la ambigua legislaci¨®n mexicana. Por un lado, la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (Fiscal¨ªa) da pr¨¢cticamente por cerrada la investigaci¨®n al concluir, seg¨²n su versi¨®n, que los j¨®venes fueron asesinados por un grupo de sicarios. Por otro lado, el grupo independiente seleccionado por la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los hechos partir¨¢ de la premisa de que se trata de un caso de desaparici¨®n forzada al haber intervenido en la masacre polic¨ªas municipales.