El medido ¨®rdago de las FARC
Las maniobras de la guerrilla colombiana para dilatar las negociaciones de paz persiguen acrecentar su influencia pol¨ªtica
El anuncio del Gobierno colombiano y las FARC de que contin¨²an comprometidos con alcanzar un acuerdo de paz ha restado atenci¨®n p¨²blica a la crisis desatada tras la decisi¨®n del grupo armado de suspender la tregua unilateral que manten¨ªa desde diciembre. Sin embargo, ser¨ªa un error minusvalorar el significado de este episodio, pues confirma que la c¨²pula guerrillera percibe un cambio a su favor del balance estrat¨¦gico y se atreve a tratar de forzar al Gobierno a otorgarle concesiones en las conversaciones en curso. Muchos juzgar¨¢n esta visi¨®n de las FARC como una muestra de su delirio ideol¨®gico. Desde su punto de vista, la abrumadora diferencia entre los 460.000 hombres de las fuerzas de seguridad y los menos de 7.000 integrantes de la organizaci¨®n es suficiente garant¨ªa de que la ventaja gubernamental es inamovible. Sin embargo, para entender el c¨¢lculo de la guerrilla, conviene recordar que una guerra insurreccional es una competencia donde tan importante es el saldo de las acciones b¨¦licas como el juego pol¨ªtico. Y, en esta ¨²ltima parte de la ecuaci¨®n, los dirigentes del grupo armado ven algunas ventajas, porque las conversaciones de paz se han convertido en el centro ¨²nico e indiscutible de la agenda del Ejecutivo. Inicialmente, el presidente Santos las vio como parte de un esfuerzo m¨¢s amplio para pacificar el pa¨ªs que se beneficiar¨ªa de un acuerdo con la guerrilla; pero que tendr¨ªa ¨¦xito con independencia de si se alcanzaba o no un compromiso con los violentos. El problema es que, tres a?os m¨¢s tarde, las condiciones pol¨ªticas y econ¨®micas del Gobierno han cambiado radicalmente. El presidente utiliz¨® su supuesta capacidad para lograr un r¨¢pido pacto con las FARC como un argumento clave para pedir el voto en los comicios de mayo de 2014 que condujeron a su reelecci¨®n. Como consecuencia, qued¨® comprometido ante sus electores.
Entretanto, la econom¨ªa colombiana ha comenzado un serio declive. El Bank of America anuncia un crecimiento de s¨®lo el 2% para este a?o y los pron¨®sticos prometen un 2016 bastante peor dado que ser¨¢ cuando la ca¨ªda de los ingresos petroleros se sienta plenamente. Semejante frenazo golpear¨¢ los logros en reducci¨®n de la pobreza y ampliaci¨®n de la clase media. As¨ª, presionado tambi¨¦n por una econom¨ªa a la baja, el presidente est¨¢ forzado a buscar avances en las negociaciones.
La promesa electoral del presidente Santos ha sido entendida por el grupo armado como una garant¨ªa de que el Gobierno romper¨¢ las conversaciones solo en el caso m¨¢s extremo. En consecuencia, ha visto la oportunidad de dilatar los di¨¢logos con lo que gana la posibilidad de acrecentar su influencia pol¨ªtica mientras conserva la capacidad de usar la violencia para desgastar al Gobierno y someter a las comunidades rurales. Paralelamente, el declive econ¨®mico promete atizar un escenario de conflictividad social donde sus planteamientos extremos pueden ganar atractivo. Adem¨¢s, los problemas fiscales del Gobierno pueden conducir a una reducci¨®n del presupuesto de defensa y, por tanto, una menor presi¨®n militar.
Bajo estas circunstancias, las FARC vislumbran la posibilidad de torcer la voluntad del Gobierno en dos asuntos claves. Primero, la organizaci¨®n pretende que sus cr¨ªmenes queden impunes. Una exigencia que choca no solo con las normas de la Corte Penal Internacional sino tambi¨¦n con el rechazo mayoritario ¡ªun 82%, seg¨²n la encuesta Invamer-Gallup de abril¡ª de los colombianos. Segundo, queda pendiente la cuesti¨®n de la desmovilizaci¨®n. La guerrilla quiere posponer la disoluci¨®n de su aparato b¨¦lico durante largo tiempo y mantener sus formaciones armadas dentro de una serie de ¨¢reas desmilitarizadas a la espera de ver avanzar la puesta en marcha de lo firmado con el Gobierno. Las razones son f¨¢ciles de entender. Con un apoyo popular nulo, las FARC saben que su ¨²nico capital pol¨ªtico son los fusiles. Sin ellos, pasar¨ªan a ser irrelevantes. Mantenerse en armas les ofrece la posibilidad de someter al pa¨ªs a un chantaje permanente.
Santos debe ignorar las voces que claman por el desarme del Estado y mantener el esfuerzo militar
As¨ª, su ¨®rdago tiene pleno sentido. Hay poco que perder puesto que perciben que la continuidad de las conversaciones est¨¢ garantizada y mucho que ganar dado que aspiran a mantener la maquinaria insurreccional intacta tras un acuerdo: los cabecillas libres y los militantes armados. El sue?o de la guerrilla es un compromiso que mantenga en reserva su estructura militar mientras sus l¨ªderes hacen pol¨ªtica, lo que se ha bautizado como ¡°pol¨ªtica con armas¡±.
Ciertamente, las FARC est¨¢n lejos de tener asegurado el ¨¦xito de su estrategia y el logro de un acuerdo que les permita eternizar su chantaje al pa¨ªs. Pero para corregir el rumbo de las conversaciones y evitar el dilema entre ruptura o claudicaci¨®n, el Gobierno tiene por delante tres tareas imprescindibles. Primero, ignorar las voces que claman por el desarme del Estado y mantener el esfuerzo militar para convencer a las FARC de que, en la confrontaci¨®n, ellos llevan las de perder. Segundo, construir un amplio consenso pol¨ªtico sobre lo que es negociable e innegociable al tiempo que renuncia a criminalizar a cualquiera que manifieste dudas sobre las negociaciones. Finalmente, recuperar la confianza de la opini¨®n p¨²blica con el compromiso de levantarse de la mesa antes de firmar un acuerdo que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos colombianos.
Rom¨¢n D. Ortiz es profesor y consultor en temas de seguridad y defensa (Bogot¨¢).
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