Una justa indignaci¨®n

Recibir noticias sobre la situaci¨®n que viven personas deportadas de manera irregular de un pa¨ªs a otro causa tristeza y malestar. Constatarlo de primera mano sobre el terreno, cuando se trata de cientos de humildes compatriotas que son expulsados a la fuerza de un pa¨ªs vecino, en su mayor¨ªa mujeres y ni?os, violentando las normas internas e internacionales y bajo acusaciones de ser los causantes de todos los males de Venezuela produce inmenso dolor, rabia y una infinita indignaci¨®n.

Eso es lo que sent¨ª al dialogar con algunas de las mil cien personas que fueron expulsadas recientemente hacia Colombia por orden de las autoridades venezolanas, as¨ª como las m¨¢s de seis mil personas que abandonaron el pa¨ªs hermano de manera precipitada. Sent¨ªan el temor de que sus casas fueran marcadas con una D, de Destruir, y demolerlas como se hizo con m¨¢s de cien de ellas. De que no se les permitiera organizar sus pocos enseres y llevarlos consigo tal y como lo establecen las m¨¢s elementales normas de los Derechos Humanos y lo que es peor, que no los dejaron sacar sus hijos porque son nacidos en Venezuela.

Es esa condenable situaci¨®n a la que se han visto sometidas familias enteras. Tenemos registrados los casos de las fragmentaciones causadas por las autoridades venezolanas en los cuales quedaron el padre o los padres de un lado y los hijos del otro lado de la frontera. Creemos que estigmatizar una poblaci¨®n por presuntos delitos sin el debido proceso es algo que el pa¨ªs no puede permitir. Esta actitud, a la luz del Derecho Internacional, no pude causar sino un profundo rechazo.

Creemos que estigmatizar una poblaci¨®n por presuntos delitos sin el debido proceso es algo que el pa¨ªs no puede permitir

Como lo se?al¨® recientemente el Presidente Juan Manuel Santos ¡°la pol¨ªtica exterior de un pa¨ªs refleja los principios y valores en los que cree y as¨ª ha sido en nuestro gobierno¡±. Dentro de ella el di¨¢logo y el entendimiento, como forma de solucionar los problemas es un aspecto esencial. El impostergable proceso de paz que se adelanta en La Habana as¨ª lo demuestra. Infortunadamente los reiterados deseos del Presidente Santos de hablar y solucionar la situaci¨®n presentada, antes de que alcanzara los niveles de crisis humanitaria, no fueron respondidos por el Presidente Nicol¨¢s Maduro. Cada Estado tiene la potestad soberana de cerrar la frontera, deportar o expulsar ciudadanos de otro pa¨ªs. No se pone en duda. Pero existen normas, procedimientos y protocolos que permiten hacerlo de forma civilizada y no violentando los derechos humanos de quienes son objeto de dichas medidas.

Ante el intento fracasado del di¨¢logo presidencial y el incumplimiento por parte de las autoridades de Venezuela de honrar lo acordado en la hoja de ruta que trazamos con la Canciller Delsy Rodr¨ªguez, decidimos acudir a organismos multilaterales como la OEA o la UNASUR. En el Consejo Permanente de la OEA, por diversos motivos, obtuvimos 17 de los 18 votos necesarios para convocar una Reuni¨®n de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Ante este rev¨¦s y ante la demora para convocar una reuni¨®n de UNASUR, vamos a acudir a otras instancias tales como la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ya se pronunci¨® inicialmente d¨¢ndonos la raz¨®n. Vamos a ir a Naciones Unidas y otros escenarios para denunciar los vej¨¢menes y la crisis generada. No nos quedaremos callados mientras tenemos compatriotas que han sufrido estos atropellos y esperan impacientes reunirse con sus familiares que quedaron del otro lado de la frontera o piden que les permitan recoger sus pocas pertenencias para empezar una nueva vida. Ese es el tama?o de la tragedia.

Como lo expres¨® el Presidente Santos, el uso de la diplomacia no implica pasividad. Y continuaremos defendiendo los derechos de los colombianos en cualquier lugar donde los mismos sean vulnerados. Sobre eso no puede haber la m¨¢s m¨ªnima duda.

Mar¨ªa ?ngela Holgu¨ªn es canciller de Colombia