Entre ilusiones y dudas

Millones de colombianos so?amos con que el Estado construya la paz, integrando el imperio de la ley para perseguir y desarticular la criminalidad y al mismo tiempo explorar el di¨¢logo que facilite la desmovilizaci¨®n y sometimiento a la legalidad. Por ello, hemos dicho que un acuerdo cre¨ªble con las FARC debe sustentarse en la entrega verificada de las armas a las instituciones democr¨¢ticas que representan a los ciudadanos contra quienes ellos brutalmente las utilizaron. Igualmente debe existir c¨¢rcel para los cabecillas de la organizaci¨®n, que como m¨¢ximos responsables son autores incuestionables de delitos de lesa humanidad. Por supuesto estamos abiertos a que en aras de un acuerdo existan reducciones sustanciales de la pena, pero no la ausencia de una sanci¨®n carcelaria por cr¨ªmenes deleznables.

Un acuerdo tambi¨¦n debe exigir que proceda la extinci¨®n de dominio de los dineros y propiedades de las FARC para reparar a las v¨ªctimas, prohibir el acceso a cargos de elecci¨®n popular a los condenados por delitos de lesa humanidad y evitar a toda costa que cr¨ªmenes como el narcotr¨¢fico sean declarados conexos al delito pol¨ªtico.

En los ¨²ltimos d¨ªas con bombos y platillos, fanfarria medi¨¢tica y frases cargadas de ilusi¨®n, el gobierno de Colombia anunci¨® y celebr¨® un acuerdo con las FARC sobre justicia transicional. Las palabras de la declaraci¨®n fr¨ªa y h¨¢bilmente redactadas venden una fachada de justicia. Crean una Comisi¨®n de la Verdad para aclarar todo lo que seg¨²n las FARC es la historia del conflicto, en el cual ellos son actores que han ejercido el leg¨ªtimo derecho a la rebeli¨®n.

Paso seguido anuncian la creaci¨®n de una Jurisdicci¨®n Especial de Paz que tendr¨¢ a su cargo la investigaci¨®n, juzgamiento e imposici¨®n de sanciones a los culpables de graves delitos. Dentro del espectro de la jurisdicci¨®n estar¨¢n por igual civiles, militares y terroristas de las FARC, a quienes si colaboran y aceptan culpas se les impondr¨¢n penas entre 5 y 8 a?os, que a su vez podr¨¢n tener sanciones alternativas de estudio y trabajo comunitario. Quienes no acepten la responsabilidad podr¨¢n tener penas de prisi¨®n hasta de 20 a?os en condiciones ordinarias. Toda esta arquitectura dise?ada milim¨¦tricamente para dar la apariencia de justicia, asume como principal objetivo la verdad como esencial anhelo de las v¨ªctimas, burl¨¢ndose de la justicia punitiva.

Dentro del texto anunciado tambi¨¦n se se?ala que no habr¨¢ amnist¨ªa para cr¨ªmenes atroces. Esto es obvio porque violar¨ªa ostensiblemente el derecho internacional. Pero sobre la base de tribunales, investigaciones y sanciones quieren el gobierno y las FARC hacer creer que no habr¨¢ impunidad, cuando en realidad es la proporcionalidad y efectividad de la pena la que permite eliminar la impunidad ante los ojos de un pa¨ªs que no acepta ver a sus verdugos recibiendo como castigo un simb¨®lico servicio social.

Las dudas y preocupaciones sobre el acuerdo son evidentes, pues se trata de un acuerdo de impunidad mimetizado en t¨¦rminos t¨¦cnicos y apariencia de justicia formal. No hay en el acuerdo claridad sobre la entrega verificada de armas, ya que las FARC siguen aplicando el indefinible t¨¦rmino de ¡°dejaci¨®n¡±; tampoco la hay sobre la existencia de c¨¢rcel para los cabecillas de las FARC, debido a que se define con claridad la pena alternativa como mecanismo resocializador. Se iguala ante la nueva jurisdicci¨®n a las Fuerzas Armadas con el terrorismo, como si se tratara de organizaciones hom¨®logas en el uso de las armas, y se iguala a la sociedad civil con el terrorismo al poder abrir investigaciones a ciudadanos so pretexto de haber participado indirectamente en las ¡°hostilidades¡±. En adici¨®n, se abre la puerta a la participaci¨®n pol¨ªtica de los jefes de las FARC y se deja abierta la peligrosa puerta a que el narcotr¨¢fico sea declarado como delito conexo al delito pol¨ªtico.

Es lamentable que este acuerdo que deja m¨¢s dudas que certezas, corra el riesgo de no ser debatido dentro de las instituciones democr¨¢ticas colombianas vigentes. El gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de Reforma a la Constituci¨®n que crea una Comisi¨®n Legislativa Especial de Paz y solicita facultades extraordinarias para implementar los acuerdos con las FARC. En el esquema planteado, menos del 25 por ciento de los miembros del Congreso podr¨ªan aprobar reformas constitucionales y legales en un solo debate y s¨®lo introducir modificaciones con el aval del gobierno. Por su parte las plenarias del Congreso s¨®lo podr¨¢n votar si o no, reduciendo al parlamento a un mero notario que autentica un contrato por adhesi¨®n. Para mayor preocupaci¨®n, el Presidente quedar¨ªa revestido de facultades extraordinarias ilimitadas tem¨¢ticamente, cual ley habilitante venezolana, para dictar Decretos con fuerza de Ley. Por su parte, la revisi¨®n de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional ser¨¢ previa y s¨®lo de forma en un per¨ªodo de 60 d¨ªas.

Con todo este panorama, ?Qui¨¦n va a elegir a la Comisi¨®n de la Verdad y a los magistrados de la Jurisdicci¨®n Especial? ?Qui¨¦n determinar¨¢ el alcance y funcionamiento de la nueva jurisdicci¨®n? ?Qui¨¦n aprobar¨¢ la ley de delitos conexos? ?Cu¨¢les ser¨¢n las garant¨ªas procesales de la nueva jurisdicci¨®n? ?Cu¨¢les son las condiciones especiales de condena? Si todas estas preguntas ser¨¢n resueltas por un remedo de Congreso configurado a la medida de los intereses del gobierno y por el camino de leyes habilitantes, Colombia marcha hacia un quebrantamiento institucional sin precedentes.

El gobierno colombiano ha dicho que los acuerdos con las FARC ser¨¢n sometidos a un referendo donde los ciudadanos tengamos la ¨²ltima palabra. Las normas exigen que una cuarta parte del Censo Electoral debe participar para que las reformas sean v¨¢lidas, sencillamente para revestir de legitimidad la Democracia Participativa. La bancada del partido de gobierno ha presentado una reforma para eliminar este umbral y obligar el voto ciudadano.

Colombia necesita una paz cre¨ªble, sostenible y donde haya justicia con penas ejemplarizantes para los cabecillas de las FARC que tanto da?o han sembrado, donde se les exija la verdad de sus cr¨ªmenes y la reparaci¨®n efectiva de sus v¨ªctimas. Sin esto primar¨¢n las dudas y el dolor ciudadano a la ilusi¨®n vendida por el gobierno.

* Iv¨¢n Duque es senador colombiano y portavoz del Centro Democr¨¢tico en el Congreso