La Justicia vuelve a fallar contra las medidas de inmigraci¨®n de Obama

Las medidas para proteger de la deportaci¨®n a millones de inmigrantes indocumentados aprobadas por Barack Obama hace un a?o sufrieron este lunes un nuevo rev¨¦s judicial. La Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (el juzgado de ¨¢mbito federal competente) fall¨® a favor de la demanda interpuesta por el Partido Republicano para bloquear la acci¨®n ejecutiva del presidente en un juzgado de Texas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos es ahora la ¨²ltima instancia que le queda al que ha sido el avance m¨¢s importante en pol¨ªtica de inmigraci¨®n en dos d¨¦cadas.

En Estados Unidos hay 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayor¨ªa de origen mexicano. El pasado 20 de noviembre, despu¨¦s de a?os de inacci¨®n del Congreso para aprobar una reforma migratoria que diera alg¨²n tipo de soluci¨®n a este colectivo, el presidente Barack Obama anunci¨® un paquete de medidas ejecutivas (que no necesitan autorizaci¨®n del Legislativo) para proteger de la deportaci¨®n a los inmigrantes padres de hijos norteamericanos que llevan m¨¢s de cinco a?os en el pa¨ªs. Las medidas eran m¨¢s modestas que una reforma integral del sistema de inmigraci¨®n. Un proyecto de reforma fue aprobado en el Senado de EE UU con apoyo bipartito, pero la mayor¨ªa republicana de la C¨¢mara de Representantes se neg¨® a someterlo siquiera a votaci¨®n, con lo que el proyecto muri¨®.

Poco despu¨¦s del anuncio de las medidas, 26 estados gobernados por el Partido Republicano presentaron una denuncia en un juzgado de Texas argumentando que se trata de una amnist¨ªa para gente que se ha saltado la ley. El juez les concedi¨® como medida cautelar la suspensi¨®n de la entrada en vigor de las mismas. Alrededor de cinco millones de personas, las que cumpl¨ªan los requisitos para no ser deportadas, se quedaron con los papeles en la mano y sin poder acogerse a la protecci¨®n del presidente. El fallo conocido este lunes rechaza (por dos votos contra uno) el recurso de la Administraci¨®n Obama y da la raz¨®n a los demandantes. En el fondo del debate no est¨¢ la pol¨ªtica de inmigraci¨®n en s¨ª, sino si la Administraci¨®n federal puede imponer estas medidas a los estados.

La primera consecuencia es alargar m¨¢s un proceso que es una de las grandes batallas pol¨ªticas de Estados Unidos y que se ha judicializado desde el d¨ªa siguiente a que el presidente decidiera actuar por su cuenta. El lado positivo, valoraban este lunes algunas voces de defensa de los inmigrantes, es que el caso pasar¨¢ inmediatamente al Tribunal Supremo (dando por hecho el recurso del Departamento de Justicia de EE UU). Los plazos son importantes: si el recurso se presenta pronto y el Supremo admite el caso a tr¨¢mite, podr¨ªa pronunciarse en este curso, todav¨ªa en la presidencia de Obama y antes de las elecciones de noviembre.

Marielena Hincapie, directora del National Immigraton Law Center, afirm¨®, citada por Politico: ¡°Las familias inmigrantes y sus hijos ciudadanos estadounidenses han estado esperando con ansiedad la decisi¨®n. Ahora, pedimos al Departamento de Justicia que busque inmediatamente el recurso al Tribunal Supremo donde es m¨¢s probable que consigamos justicia para nuestras comunidades¡±.

Tras conocerse la sentencia, el senador dem¨®crata Bob Men¨¦ndez dijo que esta pod¨ªa ser "decepcionante para los millones que siguen atrapados en las sombras". "El camino est¨¢ finalmente libre para que la Corte Suprema de Justicia confirme la legalidad del programa de DAPA y la ampliaci¨®n de DACA¡±, dijo Men¨¦ndez, citado por Efe.

DACA es el acr¨®nimo del programa aprobado en 2012 y que proteg¨ªa de la deportaci¨®n a los llamados dreamers, j¨®venes que entraron irregularmente en Estados Unidos junto con sus padres. Desde entonces se han acogido al mismo medio mill¨®n de j¨®venes. Las medidas de 2014 ampliaban este programa. DAPA es el acr¨®nimo de un segundo programa por el que se proteg¨ªa a los padres de ciudadanos estadounidenses que lleven cinco a?os en el pa¨ªs y no tengan antecedentes.

A pesar de estar en un juzgado de Texas, el caso ha sido una batalla pol¨ªtica fenomenal por parte de ambos partidos. Frente a la demanda de los republicanos, una coalici¨®n de 28 ciudades liderada por los alcaldes de Nueva York, Bill de Blasio, y de Los ?ngeles, Eric Garcetti, se person¨® en el proceso con un informe en el que destacaban la contribuci¨®n econ¨®mica de los inmigrantes irregulares a las grandes ciudades de Estados Unidos.