La Corte Interamericana condena a Per¨² por torturar a un recluta

En noviembre de 2000, cuando Valdemir Quispialaya Vilcapoma se present¨® como voluntario al servicio militar en el Ej¨¦rcito peruano, su certificado de reclutamiento demostraba su aptitud f¨ªsica y psicol¨®gica. Tres meses despu¨¦s, no volver¨ªa a ser el mismo. Durante una pr¨¢ctica de tiro en la que no acertaba al blanco, su superior lo golpe¨® con un culatazo en el ojo derecho. Las consecuencias fueron devastadoras. El joven de 22 a?os perdi¨® la vista. Ahora, 14 a?os despu¨¦s, parece llegar al umbral de la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado al Estado peruano a pagarle 20.000 d¨®lares y proveerle atenci¨®n m¨¦dica y psicol¨®gica por los da?os causados.

La sentencia, dada a conocer este jueves, es la primera en abordar los derechos humanos del personal militar y en analizar los l¨ªmites que rigen la disciplina castrense, indic¨® Comisedh, la ONG que defendi¨® a Quispialaya y a su madre en este caso.

El exsoldado coment¨® por tel¨¦fono a EL PA?S, desde la ciudad de Huancayo, que con este fallo se siente aliviado porque podr¨¢ costearse la atenci¨®n m¨¦dica que necesita. ¡°Ac¨¢ te discriminan, te miran como una persona rara por no tener un ojo, no te alzan [no dejan subir] en el transporte, trabajo haciendo cachuelitos [empleos eventuales de poca paga]. Luego de estos 13 a?os se pudo hacer justicia¡±, sostuvo.

Quispialaya trabaja como ayudante de transporte en combis (camionetas rurales) en un horario de seis de la ma?ana a nueve de la noche. ¡°El polvo es lo que m¨¢s me lastima. Me arde fuerte una ¨²lcera en la vista y a veces tengo que ir a emergencias¡±, a?adi¨®.?

La sentencia de la Corte Interamericana dice que lo ocurrido en enero de 2001 constituy¨® un acto de tortura en contra de la integridad de Quispialaya ¡°conforme a los requisitos exigidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos¡±.

El exsoldado coment¨® que tras el fallo de la Corte se siente aliviado porque podr¨¢ costearse la atenci¨®n m¨¦dica que necesita

La resoluci¨®n del ¨®rgano de justicia de la OEA establece que durante el servicio militar el Estado es el garante y custodio de los individuos sometidos a ese r¨¦gimen. Por ello tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los militares en activo, y garantizar que el m¨¦todo de entrenamiento no exceda "el nivel inevitable de sufrimiento inherente a esa condici¨®n". Adem¨¢s debe proveer una explicaci¨®n convincente sobre las afectaciones a la salud que presenten las personas que presten su servicio militar.

La Corte relata en el recuento de los hechos que el soldado se desmay¨® despu¨¦s del golpe que le propin¨® el instructor militar Juan Hilaquita Quispe. En la enfermer¨ªa del cuartel le dieron unas gotas para el lagrimeo del ojo, y debido a las amenazas que recibi¨® de su superior dej¨® pasar cinco meses para acudir al Centro M¨¦dico Divisionario de la instituci¨®n militar.

¡°Para la Corte resulta evidente que esa agresi¨®n f¨ªsica le caus¨® a la v¨ªctima un sufrimiento tanto f¨ªsico como moral manifiesto, que no encuentra justificaci¨®n como una medida educativa o disciplinaria¡±, se?alan los magistrados.

En septiembre de 2002, el jefe del departamento de Oftalmolog¨ªa del Hospital Militar Central concluy¨® que el paciente ten¨ªa severas secuelas del golpe que le hab¨ªan propinado. La lesi¨®n estaba tan avanzada que no pudo recuperar la visi¨®n del ojo derecho a pesar del tratamiento.

Victoria Vilcatoma, la madre del recluta, fue amenazada por Hilaquita?para que no continuara la denuncia en la Fiscal¨ªa. Luego, durante el proceso judicial en los fueros militar y civil, siguieron las intimidaciones. Por ello, la CIDH tambi¨¦n la ha considerado v¨ªctima.

La sentencia recoge un informe de la Defensor¨ªa del Pueblo publicado en 2002. El documento muestra 118 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en instalaciones militares durante el per¨ªodo 1998-2002.?