El campo colombiano logra frenar la explotaci¨®n minera en los p¨¢ramos

Luz Perly C¨®rdoba sabe muy bien lo que es ver un pueblo desaparecer. La explotaci¨®n petrolera en La Reinera (Arauca), en el oriente de Colombia, donde ella naci¨® hace 44 a?os, hizo cambiar en unos a?os el curso del r¨ªo Arauca. Hace unos meses la poblaci¨®n, de no m¨¢s de 200 casas, fue declarada en alerta roja. Varias familias perdieron el techo y sus cultivos. Luz Perly cuenta la historia para explicar por qu¨¦ es una de las l¨ªderes campesinas que est¨¢ detr¨¢s de una demanda cuya respuesta ha sorprendido estos d¨ªas al Gobierno. Su queja en defensa del medio ambiente lleg¨® hasta la Corte Constitucional, que ha decidido echar para atr¨¢s varios art¨ªculos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que autorizaba proyectos de explotaci¨®n minera y petrolera en los p¨¢ramos.

La determinaci¨®n de la Corte no es la soluci¨®n al problema de La Reinera, que sigue quedando vac¨ªa ante el inminente riesgo, pero s¨ª demostr¨®, dice ella, que a trav¨¦s de mecanismos judiciales, decisiones del Gobierno pueden debatirse y sepultarse. Esta vez, fueron los p¨¢ramos y las comunidades que viven cerca los beneficiados. La batalla que en junio de 2015 empezaron campesinos respaldados por el partido de izquierda Polo Democr¨¢tico, encabezado por el senador Iv¨¢n Cepeda, se origin¨® porque vieron que el Plan de Desarrollo, propuesto por el Gobierno, pon¨ªa en riesgo el ecosistema, el agua, la vida de los campesinos.

El Plan que, pese a la oposici¨®n del Polo, fue aprobado por mayor¨ªa en el Congreso, establec¨ªa que los proyectos mineros que contaran con licencias desde antes de febrero de 2010 y los de hidrocarburos que las tuvieran desde antes de junio de 2011 pod¨ªan seguir operando, pese a la prohibici¨®n que existe de explotar esas ¨¢reas. ¡°Eso quer¨ªa decir que el tema econ¨®mico estaba por encima del bienestar de las personas, que el equilibrio de la naturaleza. Argumentaban que hab¨ªa un derecho adquirido para que siguieran explotando¡±, explica C¨®rdoba.

Al llegar la demanda a la Corte, los magistrados hicieron lo que el Polo no logr¨® en el legislativo. Tumbaron ese punto y decretaron que dichos proyectos deb¨ªan cerrarse sin importar la fecha en que se hubieran iniciado. El argumento para la decisi¨®n es el mismo que en palabras menos t¨¦cnicas se?ala la l¨ªder: ¡°El da?o ecol¨®gico que generan¡±.

En el texto presentado ante la Corte, los demandantes hac¨ªan un repaso num¨¦rico. Se?alaban que existen 448 t¨ªtulos mineros en 26 de los 32 p¨¢ramos con los que cuenta Colombia. Dec¨ªan adem¨¢s que esas concesiones mineras en p¨¢ramos tienen m¨¢s de 118.000 hect¨¢reas, de las cuales m¨¢s de 11.000 est¨¢n afectadas por cuatro proyectos petroleros. ¡°Este es un grave atentado contra los recursos naturales, especialmente contra el derecho al agua, que es un derecho fundamental de cualquier ser humano¡±, aseguraba el senador Iv¨¢n Cepeda en junio del a?o pasado al presentar la demanda.

V¨ªctimas, en primer lugar

Tambi¨¦n ped¨ªan a los magistrados que se declarara la ilegalidad de los art¨ªculos que reglamentaban los denominados Proyectos de Inter¨¦s Estrat¨¦gico Nacional (PINE) y que establec¨ªan que donde se fueran a desarrollar fuera dif¨ªcil llevar a cabo procesos de restituci¨®n de tierras a las v¨ªctimas del conflicto. En la actualidad existen 68 proyectos PINE en todo el pa¨ªs. Al respecto, la Corte tambi¨¦n les dio la raz¨®n y asegur¨® que las v¨ªctimas est¨¢n primero que los proyectos estrat¨¦gicos del Gobierno y que estos no podr¨¢n interponerse ante los procesos de restituci¨®n.

¡°El tema del campo debe ser un debate nacional. Es triste saber que tiene pasar por instancias jur¨ªdicas para que se haga notar, para que se respete¡±, dice C¨®rdoba. Confiesa que aunque sab¨ªan que ten¨ªan razones para ganar la pelea no cre¨ªan que les fueran a dar la raz¨®n. ¡°Durante a?os hemos visto c¨®mo los intereses econ¨®micos est¨¢n por encima del agro, nos sorprende gratamente ver que por fin est¨¢n atendi¨¦ndonos a nosotros, la minor¨ªa¡±.

C¨®rdoba tambi¨¦n habla de las facultades que los entes regionales hab¨ªan perdido con el Plan de Desarrollo. Recuerda que se pretend¨ªa que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fuera la ¨²nica instancia por donde pasaran y se aprobaran los permisos ambientales para llevar a cabo los PINE. Ahora, seg¨²n la Corte, la prioridad para tomar estas decisiones debe estar en manos de las autoridades locales.

¡°Se estaba violando la Constituci¨®n porque se le quit¨® el poder a las regiones para decidir sobre el uso del suelo al d¨¢rsele a las instancias nacionales. A personas que ni siquiera conocen lo que pasa en esos rincones del pa¨ªs donde se pretend¨ªan adelantar esos proyectos¡±, dice C¨®rdoba, que aunque celebra el fallo de la Corte Constitucional, sigue lamentado que el lugar en donde naci¨® est¨¦ desapareciendo, seg¨²n ella, por estar cerca de uno de los campos petrol¨ªferos m¨¢s grandes del pa¨ªs.