El clan ?suga revive el fantasma del paramilitarismo en Colombia

Seis personas muertas, coches calcinados, amenazas a aquellos que quisieron abrir sus comercios¡­ En los ¨²ltimos d¨ªas, el llamado "paro armado" convocado en varios departamentos de Colombia por el Clan ?suga, la mayor banda criminal del pa¨ªs, ha sembrado el miedo y ha revivido la sombra del paramilitarismo. Un fantasma que el Gobierno insiste en no reconocer con ese nombre, al no querer dar un estatus pol¨ªtico a este grupo, que se dedica al narcotr¨¢fico y a la extorsi¨®n, entre otros delitos.

El Clan ?suga se define como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un nombre similar al de los paramilitares desmovilizados a principios de este siglo, que se hac¨ªan llamar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). ¡°Las Autodefensas Gaitanistas nos encontramos en el conflicto no por voluntad propia, sino en leg¨ªtima defensa, ante un Estado incapaz de garantizar la vida y bienes de sus asociados¡±, aseguraba el comunicado difundido para promover el paro armado, una estrategia que durante muchos a?os utilizaron las dos guerrillas del pa¨ªs, las FARC y el ELN, y que consiste en coaccionar a la poblaci¨®n para que no salga de sus casas ni vaya a sus centros de trabajo a riesgo de perder la vida. En el texto se agregaba: ¡°Somos una organizaci¨®n con dominio territorial, unidad de mando y operaciones militares continuadas a lo largo del tiempo¡±.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, despu¨¦s de 48 horas de terror en algunas regiones, volvi¨® a insistir que de ninguna manera se le dar¨¢ tratamiento pol¨ªtico al Clan ?suga. ¡°Ustedes no son un grupo pol¨ªtico, son una banda criminal dedicada al narcotr¨¢fico, extorsi¨®n e intimidaci¨®n¡±, asegur¨® Santos, quien anunci¨® una serie de medidas para tratar de combatir a los criminales y lograr la normalizaci¨®n en las zonas afectadas lo antes posible.

Seg¨²n las autoridades, el Clan ?suga cuenta con unos 3.000 miembros en todo el pa¨ªs -por los poco menos de 2.000 del ELN, por ejemplo- y sus l¨ªderes son herederos directos de los grupos paramilitares que existieron en C¨®rdoba, Antioqu¨ªa y Choc¨®, tres de las zonas a las que ha afectado este ¨²ltimo paro armado. Su m¨¢ximo l¨ªder es Dairo de Jes¨²s ?suga, alias Otoniel, al que el Gobierno considera el narcotraficante m¨¢s buscado del pa¨ªs. M¨¢s de 1.000 hombres participan desde hace un a?o en la Operaci¨®n Agamen¨®n para tratar de capturarlo, aunque de momento los esfuerzos han sido en vano. En los ¨²ltimos d¨ªas el Gobierno colombiano ha aumentado las recompensas por cualquier informaci¨®n que permita minar a los ?suga.

El fantasma del paramilitarismo no solo ha revivido con el paro armado de los ¨²ltimos d¨ªas. Desde principio de a?o, se han sucedido los asesinatos a l¨ªderes sociales vinculados a organizaciones o formaciones pol¨ªticas de izquierda. La ONG Somos Defensores tiene registrados 15 asesinatos y m¨¢s de 50 hostigamientos en lo que va del a?o, mientras que la Uni¨®n Patri¨®tica (UP), denuncia al menos 30 homicidios por razones pol¨ªticas en los tres primeros meses del 2016. La UP, partido pol¨ªtico de ziquierdas, vio c¨®mo durante finales de los ochenta y principios de los noventa los paramilitares asesinaron a m¨¢s de 3.000 militantes.

El reconocimiento del fen¨®meno del paramilitarismo por parte del Gobierno es una de las exigencias de las FARC en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana desde hace m¨¢s de tres a?os. El fantasma del exterminio de la Uni¨®n Patri¨®tica est¨¢ muy presente en la recta final de las negociaciones para los guerrilleros. Atado el acuerdo de justicia, que les garantizar¨¢ no ir a la c¨¢rcel, una de sus mayores preocupaciones es la seguridad durante el posconflicto frente a lo que consideran grupos criminales vinculados a la derecha.

Desde que se produjo la desmovilizaci¨®n de las Autodefensas Unidas de Colombia, el Gobierno ha dado a sus herederos el tratamiento de bandas criminales. Aunque asumen que su din¨¢mica criminal a¨²n existe, los negociadores de La Habana consideran que, desde el punto de vista jur¨ªdico, ser¨ªa un error otorgarles estatus pol¨ªtico. ¡°Reabrir el proceso de Justicia y Paz, un proceso que ya termin¨®, ser¨ªa un grave error¡±, asegur¨® en una entrevista con este diario Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno el pasado a?o. ¡°Las bandas criminales tienen que ser objeto de una pol¨ªtica de sometimiento a la justicia, no de tratamiento como combatientes con las consecuencias jur¨ªdicas que eso tiene¡±, a?ad¨ªa. Sea como fuere, es innegable que el fantasma del paramilitarismo ha revivido con fuerza con este paro armado que ha intimidado a buena parte de los colombianos.