Condenados los responsables de la represi¨®n que expuls¨® a De la R¨²a

El 20 de diciembre de 2001, el argentino Gustavo Benedetto sali¨® del supermercado en el que trabajaba rumbo a Plaza de Mayo. Convencido de que su despido era inminente, se dirigi¨® al centro de Buenos Aires a protestar. A las 16.28 cay¨® al suelo, con un disparo en la cabeza. Ten¨ªa 23 a?os. La misma suerte corrieron Diego Lamagna, Petete Almir¨®n, Alberto M¨¢rquez y Gast¨®n Riva ese mismo d¨ªa, en pleno estallido social por la crisis del corralito sufrida bajo la gesti¨®n de Fernando de la R¨²a, la m¨¢s dura de la reciente historia democr¨¢tica argentina. Casi 15 a?os despu¨¦s, un tribunal conden¨® a los responsables de estos cr¨ªmenes, encabezados por el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov y el antiguo jefe de la Polic¨ªa Federal Rub¨¦n Santos.

El Tribunal Oral Federal 6 sentenci¨® a Mathov a cuatro a?os y nueve meses de c¨¢rcel al hallarlo culpable del homicidio culposo de tres de los manifestantes, tres tentativas de homicidios y lesiones culposas y lo inhabilit¨® para ejercer cargos p¨²blicos durante nueve a?os. Santos fue condenado a cuatro a?os de c¨¢rcel e inhabilitado por ocho, mientras que otros siete polic¨ªas recibieron penas de entre 3 y 6 a?os de c¨¢rcel y cinco m¨¢s fueron absueltos. Aunque la legislaci¨®n argentina prev¨¦ que las condenas de m¨¢s de tres a?os son no excarcelables, ninguno ir¨¢ a la c¨¢rcel por el momento, ya que la sentencia a¨²n no es firme.

"Por primera vez, el Poder Judicial consider¨® que los funcionarios pol¨ªticos son penalmente responsables de las consecuencias que tiene la orden de reprimir una protesta social", expres¨® el Centro de Estudios Legales y Sociales en un comunicado. "La condena a uno de los responsables pol¨ªticos y a tres encargados de la conducci¨®n de la Polic¨ªa Federal Argentina expresa que el tribunal consider¨® que las fuerzas de seguridad no son aut¨®nomas: tienen una conducci¨®n pol¨ªtica que debe responder por los efectos de su accionar y por el uso de la fuerza que se realiza en los operativos. Al mismo tiempo, el veredicto ratifica que la declaraci¨®n del Estado de sitio no puede ser considerada un cheque en blanco para la represi¨®n", agreg¨® el organismo defensor de los derechos humanos.

La querella fracas¨® en su intento de sentar a? De la R¨²a en el banquillo de los acusados por decisi¨®n de la Justicia, que consider¨® que el mandatario actu¨® leg¨ªtima y constitucionalmente al declarar el estado de sitio el 19 de diciembre de 2001, en medio de protestas ciudadanas por el secuestro de los ahorros en los bancos -el llamado corralito- decretado por el Gobierno para frenar la salida de capitales y la quiebra bancaria. Esa misma noche, miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo al grito de "Que se vayan todos" y fueron dispersadas con gases lacrim¨®genos. Un d¨ªa despu¨¦s, la polic¨ªa endureci¨® la represi¨®n contra los manifestantes que se congregaban en los alrededores de la sede del Ejecutivo argentino. Cinco de ellos fueron asesinados y 117 sufrieron heridas de diversa consideraci¨®n.

Los enfrentamientos entre la polic¨ªa y opositores al Gobierno radical tuvieron su epicentro en las cercan¨ªas de la Casa Rosada, pero se replicaron en numeras ciudades de todo el territorio. En total, 39 personas murieron durante el estallido social, que finalmente provoc¨® la renuncia de De la R¨²a en la noche del 20 de diciembre, cuando abandon¨® la Casa Rosada en helic¨®ptero. La dimisi¨®n del jefe de Estado hizo cesar las protestas en la capital argentina, pero la crisis institucional se mantuvo: en una sola semana se sucedieron cinco presidentes.