Per¨² aprueba una ley para buscar y exhumar a sus 15.700 desaparecidos

Samuel Fern¨¢ndez G¨®mez ha pasado 25 a?os escribiendo libros ¨Cin¨¦ditos¨C y estatutos para comunidades campesinas en recuerdo de su hijo desaparecido en 1990, tras ser secuestrado por militares, cuando estudiaba agronom¨ªa en la Universidad Nacional del Centro. ¡°Soy un desconocido, pero encontr¨¦ esa soluci¨®n para hacer algo en homenaje a mi hijo¡±, relata uno de los familiares de los 15.731 desaparecidos en Per¨², seg¨²n estad¨ªsticas del Instituto M¨¦dico Legal. El jueves el Congreso aprob¨® una ley de b¨²squeda de personas desaparecidas durante el per¨ªodo de violencia 1980-2000 que habilita a la Fiscal¨ªa a exhumar e identificar restos con el fin de devolverlos a los familiares, sin necesidad de una denuncia penal previa.

¡°La norma crea una oficina en el Ministerio de Justicia que permite una v¨ªa distinta para las exhumaciones, una pol¨ªtica m¨¢s proactiva de b¨²squeda de los desaparecidos que no dependa de una denuncia de car¨¢cter judicial, sino que el Estado busque de oficio¡±, explica a EL PA?S Rafael Barrantes, antrop¨®logo de la oficina del Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Per¨².

Seg¨²n la Comisedh, una asociaci¨®n civil con m¨¢s de 30 a?os en la defensa de los derechos humanos, hay m¨¢s de 6.462 sitios de entierro en el pa¨ªs, a consecuencia de las acciones de violencia del grupo terrorista Sendero Luminoso, las fuerzas armadas ¨Cen la lucha contrasubversiva¨C, y las rondas o comit¨¦s de autodefensa.

El 80% de los casos de investigaciones fiscales han sido archivadas (cerradas) por el ministerio p¨²blico. Esto se debe a que la autoridad ministerial no ha identificado al autor del delito y por ello no ordena diligencias de exhumaci¨®n, indic¨® en el debate de la ley la congresista Marisol P¨¦rez Tello.

La ley, aprobada con 68 votos, dispone la elaboraci¨®n de un registro oficial de personas desaparecidas y de sitios de entierro, y un plan para buscarlas. La cifra del Instituto M¨¦dico Legal es referencial, por ello el registro debe depurar y centralizar otros registros y fichas ante-mortem realizadas, por ejemplo, por el Equipo Peruano de Antropolog¨ªa Forense, perito independiente.

P¨¦rez Tello refiri¨® adem¨¢s que el Instituto M¨¦dico Legal, perteneciente al ministerio p¨²blico, solo cuenta con 20 forenses que resultan insuficientes para la b¨²squeda.

¡°La aplicaci¨®n de la ley deber¨ªa suponer mayor inversi¨®n, mayor presupuesto, y estrategias distintas de buscar informaci¨®n¡±, a?adi¨® Barrantes. ¡°Por ejemplo, en Guatemala, quienes tienen informaci¨®n sobre una fosa o un desaparecido, van a una asociaci¨®n local de v¨ªctimas, y les preguntan si quieren que su testimonio sea compartido con la Fiscal¨ªa¡±.

Seg¨²n el especialista de Cruz Roja, ¡°con la ley, una oficina del Ministerio de Justicia organiza y programa la b¨²squeda, en coordinaci¨®n con el Ministerio P¨²blico¡±.

La Defensor¨ªa del Pueblo, que present¨® el proyecto de ley al Congreso, sostiene que hay prevalencia de trastornos psiqui¨¢tricos, depresi¨®n y ansiedad entre los parientes con familiar desaparecido o fallecido durante los a?os de violencia. Por ello la norma se?ala que el Estado debe ofrecer acompa?amiento psicosocial y apoyo material y log¨ªstico a los familiares de desaparecidos que asistan a las exhumaciones.

El informe final de la Comisi¨®n de la Verdad y Reconciliaci¨®n report¨® en 2003 que m¨¢s del 70% de v¨ªctimas de la violencia fueron quechua-hablantes, y la mayor¨ªa pobres, con nulo acceso al sistema de justicia.