M¨¦xico defiende al Ej¨¦rcito ante acusaciones de tortura y abusos
El Gobierno respondi¨® a la publicaci¨®n del informe que acusa a las fuerzas militares de cometer atrocidades contra la poblaci¨®n
Militares torturando civiles por asumir que eran delincuentes; polic¨ªas entregando civiles a grupos del crimen organizado, j¨®venes muertos en un fuego cruzado entre soldados y presuntos delincuentes. Desde que el Ej¨¦rcito asumi¨® funciones policiales para combatir a los carteles, han ocurrido numerosos abusos contra la poblaci¨®n civil, que se ha convertido en el da?o colateral de la guerra contra el narcotr¨¢fico, ha denunciado la organizaci¨®n Open Society y otro rosario de organismos defensores de los derechos humanos. Pero el Gobierno de M¨¦xico asegura que la ¡°inmensa¡± mayor¨ªa de los cr¨ªmenes violentos han sido cometidos por grupos criminales y que el Ej¨¦rcito es la instituci¨®n mexicana m¨¢s apreciada por la poblaci¨®n.
Tras la publicaci¨®n del informe ¡®Atrocidades innegables¡¯ de Open Society Justice, en el que se relatan numerosos abusos a los derechos humanos de los mexicanos por parte de los carteles del narcotr¨¢fico ¨Cprincipalmente Los Zetas- y de las fuerzas polic¨ªacas y militares, el Gobierno emiti¨® un comunicado en el que defiende la actuaci¨®n del Ej¨¦rcito y asegura que la estrategia de seguridad ha arrojado resultados positivos.
¡°La misi¨®n protectora de las fuerzas armadas ha sido reconocida continuamente por la poblaci¨®n. De acuerdo a encuestas anuales del INEGI, el Ej¨¦rcito y la Marina son las instituciones de mayor prestigio y confianza para la poblaci¨®n¡±, asegura el comunicado, sin especificar a qu¨¦ encuesta se refiere.
?El informe de Open Justice se?ala que las "atrocidades" cometidas por el Ej¨¦rcito contra civiles caben en la categor¨ªa de cr¨ªmenes de lesa humanidad y debieran ser investigados y juzgados como tales, pues la estrategia de combate al narco ha derivado en abusos de autoridad y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, el Gobierno asegura que las Fuerzas Armadas cuentan con protocolos y manuales para el uso de la fuerza que son acordes con los derechos humanos, y que, en caso de excesos, el Estado tiene "un compromiso s¨®lido de esclarecimiento de los hechos y la sanci¨®n a los responsables". El informe destaca, a este respecto, que las condenas por estos cr¨ªmenes han sido muy pocas en comparaci¨®n con los cr¨ªmenes denunciados.
?El comunicado est¨¢ suscrito por varias instancias del Gobierno federal, entre ellas los ministerios de Gobernaci¨®n, Marina, la Defensa as¨ª como la Fiscal¨ªa general, y afirma que en los ¨²ltimos tres a?os -lo que lleva el Gobierno de Enrique Pe?a, se?alado en el informe como responsable de las atrocidades, junto con el del expresidente Felipe Calder¨®n- los homicidios dolosos se redujeron en 22% y en los Estados de la frontera norte el ¨ªndice se redujo hasta 45%, mientras el secuestro mostr¨® una reducci¨®n del 27% y la extorsi¨®n, del 30%.
"Independientemente de lo anterior, el Gobierno de la Rep¨²blica reconoce que enfrenta retos en materia de derechos humanos y reafirma que se est¨¢n fortaleciendo sus capacidades para combatir adecuadamente a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, prevenir y sancionar las violaciones de derechos humanos", admite el Gobierno.
El reporte advierte que el principal obst¨¢culo para resolver la crisis de violencia que vive el pa¨ªs es la voluntad pol¨ªtica, ante lo cual, el Gobierno asegur¨® que el Estado mexicano "cuenta con las capacidades, las instituciones y la voluntad para atender los desaf¨ªos en materia de derechos humanos y combate a la impunidad".
Luego de esta respuesta, el director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, JamesGoldstone, dijo a EL PA?S que mira con agrado la reacci¨®n del Gobierno mexicano y las acciones emprendidas por ¨¦l hasta el momento en materia de seguridad, pero indic¨® que no son suficientes. "Se requieren medidas extraordinarias", dijo.
El activista inform¨® que su organizaci¨®n ha estado en contacto con el Gobierno y confi¨® en que esta respuesta sea una oportunidad para apresurar la colaboraci¨®n entre la organizaci¨®n y el Estado mexicano, a fin de implementar las medidas recomendadas en el informe.
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