La amnist¨ªa que no le quieren cumplir a los presos de las FARC
La situaci¨®n en las c¨¢rceles es alarmante, con m¨¢s de 1.500 guerrilleros en desobediencia civil
La situaci¨®n en las c¨¢rceles con los presos de las FARC es complicada y alarmante. Las demoras y saboteos para aplicar la amnist¨ªa tienen a m¨¢s de 1.500 guerrilleros en desobediencia civil y a decenas de ellos en huelga de hambre. Se podr¨ªa decir que las FARC hasta el momento han cumplido en pr¨¢cticamente todo y el Estado colombiano en pr¨¢cticamente nada, ni siquiera en las excarcelaciones.
Los datos son los siguientes: las FARC le aportaron al gobierno nacional un listado con 3.406 hombres y mujeres militantes que estaban en las c¨¢rceles. En el mes de diciembre de 2016 se aprob¨® una ley de Amnist¨ªa que deb¨ªa permitir la excarcelaci¨®n de estos guerrilleros. Y como refuerzo, ante las demoras y supuestas confusiones por parte de algunos jueces de aplicar la amnist¨ªa, se emiti¨® el decreto 277 de febrero de 2017. A pesar de ello, los resultados son decepcionantes. De los 3.406 presos, solo han recibido beneficios 985. De estos 985, 714 han obtenido la libertad condicional o la amnist¨ªa de iure y los otros 271 han sido trasladados a las zonas veredales donde se concentran las FARC. As¨ª las cosas, m¨¢s de 2.400 presos, seis meses despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la ley, no han recibido ning¨²n tipo de beneficio.
Se supon¨ªa que para el mes de febrero ya todo estar¨ªa resuelto, sin embargo, los d¨ªas pasan y cada vez hay mayor descontento en la base guerrillera. En las zonas veredales y en las c¨¢rceles se habla de traici¨®n por parte del Gobierno, de incumplimiento, y algunos guerrilleros han comenzado a salirse de las zonas y a reincidir debido a la inseguridad jur¨ªdica. Esta situaci¨®n, incluso, ha llevado a que uno de los jefes de las FARC iniciara hace algunas semanas una huelga de hambre. En las c¨¢celes tambi¨¦n se ven todo tipo de protestas: 1.784 de estos presos est¨¢n en desobediencia civil, de los cuales 1.565 est¨¢n en huelga de hambre (1.515 hombres y 50 mujeres), y 45 de ellos con las bocas cocidas.
Las condiciones para lograr los beneficios son relativamente sencillas y claras: primero, aparecer en el listado que entreg¨® las FARC; segundo, la certificaci¨®n de que se es guerrillero por parte de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, exigencia del Gobierno para evitar los famosos ¡°colados¡±, criminales que se pueden hacer pasar como miembros de la guerrilla; y tercero, la suscripci¨®n de un acta por parte del guerrillero beneficiado en la que se compromete a presentarse a la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (o JEP), que es el modelo de justicia transicional.
La rama judicial que es la directa responsable de esta situaci¨®n ha tenido tres comportamientos. Por un lado, un grupo de jueces manifiestan que la ley no es clara y que el decreto tampoco, por tanto tiene miedo de aplicarla ya que podr¨ªan caer en alguna ilegalidad, y ac¨¢ vale la pena decir que la ley y decreto son muy claros. Por otro lado, y como era de esperarse, la rama judicial se est¨¢ aprovechando c¨ªnicamente de la situaci¨®n del Gobierno. Es decir, se aprovecha de esta crisis, en la que el Gobierno est¨¢ maniatado, para exigirle mayor presupuesto, mayores salarios y mayores prebendas laborales. Dej¨¢ndolo m¨¢s claro, los jueces, en lugar de estar a la altura de las necesidades del pa¨ªs, parece que est¨¢n aplic¨¢ndole una suerte de ¡°extorsi¨®n¡± al Gobierno. Y, finalmente, el tercer comportamiento se deriva de prejuicios y sabotajes: algunas versiones indican que varios jueces, entre ellos uno del departamento de Boyac¨¢, afirman que no van a ¡°liberar terroristas, ni a hacerle favores a guerrilleros¡±.
D¨ªas atr¨¢s, el Gobierno nacional afirm¨® que emitir¨¢ un nuevo decreto explicativo para evitar las dudas de los jueces. En otras palabras, se emitir¨¢ un decreto que explica el decreto que se hizo en febrero para explicar la ley. Solo en un pa¨ªs como Colombia ocurre algo as¨ª.
Las FARC se desarmaron el pasado 27 de junio y le cumplieron al pa¨ªs pr¨¢cticamente a cambio de nada, y eso que el Estado colombiano ni siquiera ha terminado las zonas veredales donde los guerrilleros est¨¢n concentrados. Algo que parece incre¨ªble: cumplieron primero los ilegales que el Estado, pero esto en Colombia no es nada nuevo.
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