El a?o en que cambi¨® la historia de Colombia

La fotograf¨ªa era la del fin de la guerra. La imagen que ilustraba la paz entre el Estado y las FARC. Desde la firma de ese acuerdo, el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena de Indias, ha cambiado la historia de Colombia. El pa¨ªs ha dejado atr¨¢s un conflicto armado que, durante m¨¢s de medio siglo, caus¨® 220.000 muertos y seis millones de desplazados, la guerrilla m¨¢s antigua y organizada de Am¨¦rica ha entregado las armas y se ha convertido en partido pol¨ªtico y las autoridades buscan ahora sentar las bases para una nueva etapa de convivencia. Pero pasar p¨¢gina no es autom¨¢tico. Este ha sido tambi¨¦n el a?o de la polarizaci¨®n social, del choque constante entre representantes p¨²blicos, del temor a las injusticias, de la incertidumbre sobre el ¨¦xito del proceso. De los c¨¢lculos pol¨ªticos y de las emociones.

Cuando el presidente Juan Manuel Santos y el m¨¢ximo l¨ªder de las FARC, Rodrigo Londo?o, alias Timochenko, suscribieron el acuerdo de paz, los colombianos se preparaban para refrendar el texto en un plebiscito que parti¨® a la sociedad. Las campa?as de a favor y en contra, encarnadas respectivamente por el Gobierno con el apoyo de las fuerzas progresistas y por el exmandatario ?lvaro Uribe, reflejaron una fractura que, en buena medida, todav¨ªa persiste. Gan¨® el no, por la m¨ªnima, pero el Ejecutivo no dio marcha atr¨¢s. Revis¨® los t¨¦rminos del primer pacto y, el 24 de noviembre, firm¨® otro, el que a¨²n se est¨¢ desarrollando. Por el camino, Santos recibi¨® el premio Nobel de la Paz.

Seg¨²n Humberto de la Calle, que fue jefe del equipo negociador con la guerrilla y ahora precandidato presidencial, ¡°el proceso de discusi¨®n con el no fue ¨²til¡±, ya que en su opini¨®n ¡°el nuevo acuerdo es extraordinariamente equilibrado¡±. En las filas del Centro Democr¨¢tico siguen rechazando su esencia, pero salvo excepciones los dirigentes del uribismo han asumido que, aunque ganen las elecciones de 2018, va a ser inviable revertir este proceso de paz. Las FARC, que hace menos de un mes, sin renunciar a sus siglas, se constituyeron como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com¨²n, se sentar¨¢n en el Congreso con cinco esca?os garantizados en la C¨¢mara de Representantes y otro cinco en el Senado. Sus m¨¢s de 7.000 exguerrilleros han dejado las armas bajo la supervisi¨®n de Naciones Unidas y se asoman ahora a la vida civil en una transici¨®n llena de inc¨®gnitas de la que depender¨¢ el futuro de las zonas rurales, que todav¨ªa no han superado el problema de la violencia.

Este martes el presidente ha presentado la lista de los 51 magistrados que juzgar¨¢n los cr¨ªmenes de la guerra. ¡°Es¡±, ha dicho Santos, ¡°un paso important¨ªsimo porque escogimos a las v¨ªctimas como el centro de la resoluci¨®n de este conflicto, su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparaci¨®n, a la no repetici¨®n¡±. Los jueces, seleccionados por un comit¨¦ de cinco personas entre las que se encuentra el espa?ol ?lvaro Gil-Robles, antiguo Defensor del Pueblo, ser¨¢n los encargados del funcionamiento de la llamada Justicia Especial para la Paz (JEP), el sistema de jurisdicci¨®n transicional aprobado por el Congreso al que ser¨¢n sometidos tanto exguerrilleros como militares. En la lista figuran el exministro de Justicia Yesid Reyes, juristas como el expresidente de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes o profesores como el fil¨®sofo Rodolfo Arango. M¨¢s del 10% son ind¨ªgenas, m¨¢s del 10% afrocolombianos y el 61% no reside en Bogot¨¢.

El reparto territorial no es una cuesti¨®n menor, ya que los desaf¨ªos que afronta Colombia tienen que ver, ahora como en el pasado, con la enorme brecha entre la capital, las grandes ciudades y el resto del territorio. El pa¨ªs a¨²n no ha logrado poner fin al conflicto con el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), que cuenta con cerca de 2.000 combatientes, aunque en v¨ªsperas de la visita del papa Francisco, hace tres semanas, el Gobierno pact¨® un cese al fuego que entrar¨¢ en vigor el 1 de octubre.

Colombia sigue luchando tambi¨¦n contra la producci¨®n de coca, que seg¨²n la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) creci¨® un 52% en 2016. Es decir, los cultivos pasaron de 96.000 a 146.000 hect¨¢reas. La estrategia antidrogas del Gobierno, centrada en la sustituci¨®n voluntaria de cultivos o en la erradicaci¨®n forzosa en caso de no alcanzar un acuerdo con los campesinos, le cost¨® hace dos semanas una llamada de atenci¨®n de Donald Trump. Pero las autoridades est¨¢n decididas a perseverar. Tambi¨¦n del ¨¦xito de este plan depende la paz de las zonas rurales.