Carolina del Sur quiere ocultar la identidad de los fabricantes para poder aplicar la pena de muerte

El boicot de la industria farmac¨¦utica ha convertido la pena de muerte en una operaci¨®n cada vez m¨¢s compleja y secreta en Estados Unidos. La ausencia de f¨¢rmacos para matar ha forzado a los Estados a cancelar ejecuciones o a experimentar con nuevas sustancias, lo que ha propiciado muertes ag¨®nicas y esperp¨¦nticas. Ante este panorama, Carolina del Sur propone como soluci¨®n redoblar la oscuridad alrededor del castigo capital. El gobernador del Estado sure?o, el republicano Henry McMaster, ha pedido la aprobaci¨®n de una ley que ocultar¨ªa la identidad de las compa?¨ªas que suministran los f¨¢rmacos empleados en la inyecci¨®n letal de un prisionero.

Carolina del Sur iba a ejecutar el 1 de diciembre a su primer reo en seis a?os. La realidad, sin embargo, es que carece de las tres sustancias que, seg¨²n la ley del Estado, puede utilizar en la pena capital: el pentobarbital que adormece al preso, el bromuro de pancuronio que paraliza su cuerpo y el cloruro de potasio que detiene su coraz¨®n. ¡°Est¨¢n caducadas o no podemos conseguirlas¡±, admiti¨® el lunes Bryan Stirling, responsable del departamento penitenciario.

El gobernador McMaster fue m¨¢s directo: ¡°La raz¨®n por la que no tenemos los f¨¢rmacos pese a los esforzados intentos para conseguirlos es porque no quieren ser identificadas las compa?¨ªas que los hacen, los distribuidores que los distribuyen y los farmac¨¦uticos que pueden tener que combinarlos¡±. Y agreg¨®: ¡°Tienen miedo de que sus nombres se conocer¨¢n y no quieren tener nada que ver con ello por el miedo a represalias o por exponerse a ellos mismos, sus familias, negocios. Todas son razones perfectamente buenas¡±.

Los problemas de acceso han llevado a Carolina del Sur a aceptar que se posponga la ejecuci¨®n de la pr¨®xima semana a Bobby Wayne Stone, un hombre de 52 a?os, que fue condenado a la pena capital por matar en 1996 a Charles Kubala, un alto cargo policial. Stone ha admitido haber disparado contra Kubala, pero alega que fue accidental. Hay otras 38 personas en el corredor de la muerte de Carolina del Sur.

El gobernador tiene prisa. Quiere que el Congreso estatal apruebe en la pr¨®xima sesi¨®n parlamentaria una ley que ocultar¨ªa la identidad de los fabricantes y distribuidores de f¨¢rmacos mortales. Cree que as¨ª el estigma de la industria se rebajar¨ªa y el Estado ya podr¨ªa matar legalmente a sus presos. En los dos ¨²ltimos a?os, se han presentado dos propuestas de ley de ese tipo pero ninguna ha llegado a someterse a un voto del pleno.

Carolina del Sur ya permite, como otra decena de Estados, no difundir la identidad de los funcionarios que participan en una ejecuci¨®n. Tambi¨¦n concede a los presos la posibilidad de morir por electrocuci¨®n en vez de por inyecci¨®n letal, que es el m¨¦todo principal. Y requiere que en las inyecciones letales se utilicen los tres f¨¢rmacos habituales que matan al preso a diferencia de otros Estados que, ante las dificultades de acceso, emplean solo una sustancia o experimentan con nuevas combinaciones.

Los 32 Estados que permiten la pena de muerte se han visto obligados en los ¨²ltimos a?os a recurrir a f¨¢rmacos en mercados alternativos o en el extranjero para cometer las ejecuciones. La oposici¨®n de las farmac¨¦uticas europeas al suministro de sustancias ha sido determinante. Las ejecuciones han ca¨ªdo en los ¨²ltimos a?os en EE UU, alimentado la percepci¨®n de que si la pena capital acaba desapareciendo de la primera potencia mundial no ser¨¢ porque ese castigo at¨¢vico suponga una anomal¨ªa en el mundo desarrollado o porque los tribunales la proh¨ªban sino porque acabe siendo una pr¨¢ctica casi imposible de llevar a cabo por un sinf¨ªn de problemas log¨ªsticos.

Al boicot europeo se uni¨® el a?o pasado el de Pfizer, el mayor fabricante farmac¨¦utico estadounidense, que anunci¨® la prohibici¨®n del uso de sus medicamentos para la pena capital, lo que cerr¨® a¨²n m¨¢s el mercado autorizado de acceso a f¨¢rmacos mortales.

Las mayores restricciones, sin embargo, tambi¨¦n han propiciado efectos indeseados. El a?o pasado, un preso estuvo agonizando 13 minutos durante su ejecuci¨®n en Alabama al suministr¨¢rsele un sedante que ya hab¨ªa ocasionado convulsiones en 2014 a un reo en Oklahoma. Esa sustancia era el midazolam, que hasta hace poco no se utilizaba en ejecuciones porque hab¨ªa alternativas mejores.

Pero incluso las reservas de midazolam escasean, lo que desata decisiones dram¨¢ticas. Ante la inminente caducidad de ese f¨¢rmaco, Arkansas intent¨® el pasado abril llevar a cabo ocho muertes por inyecci¨®n letal en un plazo de 11 d¨ªas. La intervenci¨®n de la Justicia para garantizar la muerte digna de los presos lo impidi¨® parcialmente.