Las tierras de todos, un gasoducto de nadie
La obra tiene dos a?os suspendida por las demandas de amparo presentadas por los ejidos
Una terminal de recepci¨®n de gas natural a medio terminar. Tramos de tubos de acero rodeados de hierba. Las m¨¢quinas nuevas se llenan de polvo. Dos guardias las custodian. Nadie las encender¨¢. A metros de ah¨ª, la central el¨¦ctrica de la Comisi¨®n Federal de Electricidad (CFE) en el estado mexicano de Hidalgo quema miles de litros de combust¨®leo al d¨ªa. El gasoducto que deber¨ªa suministrarle un combustible menos contaminante a esta planta no est¨¢ terminado. Desde hace dos a?os las recurrentes demandas de amparo presentados por los ejidatarios de la zona impiden el avanzar con la construcci¨®n del gasoducto Ramal Tula.
Esta obra fue una de las primeras licitaciones adjudicadas tras la promulgaci¨®n de la reforma energ¨¦tica en M¨¦xico en diciembre de 2013. Con una oferta de 66 millones de d¨®lares la empresa canadiense Atco gan¨® el concurso en octubre del siguiente a?o. Cuatro meses m¨¢s tarde las autoridades federales y locales acud¨ªan al banderazo de salida de los trabajos de construcci¨®n. En ese entonces, el director de la CFE, Enrique Ochoa Reza (actual presidente nacional del PRI) aseguraba con aplomo que el gasoducto Ramal Tula generar¨ªa electricidad m¨¢s limpia y hasta un 156% m¨¢s barata respecto a la generaci¨®n con base en el combust¨®leo.
Ahora, esos planes, presupuestos y promesas son papel mojado. De un lado, los ejidatarios acusan que no fueron consultados y que la obra representa un riesgo para sus comunidades, del otro Atco M¨¦xico insiste en que s¨ª tuvieron el consentimiento de los pobladores y que ahora ellos se reh¨²san a cumplir con el acuerdo. En medio, una serie de amparos presentados por los ejidos de El Pedregal, de la Ca?ada, de Ocampo y de Progreso, que implican a comunidades con unas 2.000 personas, detienen la construcci¨®n de los casi dos kil¨®metros que restan de un total de 17 kil¨®metros.
James Delano, vicepresidente de Estructuras y Log¨ªstica, Relaciones Gubernamentales y Comunitarias de Atco en M¨¦xico cifra en m¨¢s de 750 d¨ªas el atraso en la construcci¨®n. En junio de 2015 recibieron el primer amparo que les ordenaba la suspensi¨®n de una obra. En sus inicios la oferta presentada por Atco fue 17% m¨¢s barata que lo que ten¨ªa presupuestada la CFE, sin embargo, la demora ha elevado los costes del proyecto por encima de los 100 millones de d¨®lares. Las ganancias siguen sin fluir.
El vicepresidente de Atco M¨¦xico asegura que han acudido a todas las instancias implicadas para intentar encontrar una soluci¨®n. ¡°Muchas juntas, mucha informaci¨®n, pero no ha pasado nada¡±, admite. Las buenas intenciones y promesas de las autoridades federales y estatales se diluyen con cada nueva demanda de amparo que reciben. Mientras tanto las m¨¢quinas pierden su brillo y los tubos de acero se oxidan. ¡°Hay partes de la reforma (energ¨¦tica) que no est¨¢n listas todav¨ªa para que esto sea un proceso eficiente¡±, dice Delano.
La Secretar¨ªa de Energ¨ªa (Sener) reconoce el retraso de a?os, pero asegura que siguen buscando un arreglo para poder llevar a cabo el proyecto. ¡°CFEnerg¨ªa eval¨²a con Atco la viabilidad de establecer una ruta alternativa, en colaboraci¨®n con la Secretar¨ªa de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado de Hidalgo¡±, ha respondido escuetamente la dependencia federal. No obstante, la empresa constructora asegura que la ruta trazada no puede evadir estos terrenos. ¡°La alternativa es la soluci¨®n con los ejidos¡±, subraya Delano.
Luis Miguel Labardini, abogado especialista en derecho energ¨¦tico de Marcos y Asociados se?ala que es frecuente el rechazo de este tipo de obras en el mundo. ¡°Este es un problema que si bien no puede evitarse tiene que tener un mecanismo expedito de soluci¨®n¡±, aconseja. El analista a?ade que si bien la ley en M¨¦xico establece que el desarrollo de la industria de petr¨®leo y gas est¨¢ por encima de los intereses particulares, en la implementaci¨®n, los inversionistas se topan con la negaci¨®n de sindicatos y comunidades.
Los cuatro ejidos del municipio de Atotonilco de Tula, que re¨²nen a unas 2.000 personas, argumentan que no se ha cumplido a cabalidad la obtenci¨®n de estas autorizaciones. Al rechazo se suma el temor de riesgos en el medioambiente y a la afectaci¨®n de sus actividades econ¨®micas. En este municipio se siembra ma¨ªz forrajero, frijol, avena forrajera, alfalfa y pastos, adem¨¢s de la ganader¨ªa de ovinos, porcinos y bovinos. Los presidentes del comisariado se niegan a dar m¨¢s detalles sobre el avance de sus demandas. Su comunicaci¨®n se limita a los pasillos en los juzgados, entre abogados.
En los tribunales agrarios las demandas de amparo siguen su curso. Pese a la suspensi¨®n de trabajos, 12 personas de la empresa constructora contin¨²an sobre el terreno, realizando tareas administrativas, esperado la reactivaci¨®n de la construcci¨®n. A unos meses de que concluya la administraci¨®n de Enrique Pe?a Nieto, el presidente que promulg¨® la reforma energ¨¦tica, esa se?al sigue sin llegar.
Suman proyectos energ¨¦ticos m¨¢s demandas
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