¡°El discurso incendiario de la ultraderecha de Colombia alimenta la violencia en las regiones¡±

Pocos saben lo que pasa en las zonas alejadas de Colombia, a las que hay que llegar por trochas, en donde las carreteras pavimentadas ni siquiera son una promesa de campa?a. Sin embargo, cuando las comunidades negras que han habitado estos territorios han tratado de tener un papel que les d¨¦ la garant¨ªa, al menos bajo la ley, de que no los van a desplazar de ah¨ª no ha sido f¨¢cil. Con la Constituci¨®n de 1991 se reconoci¨® la presencia de estos pueblos y su derecho a que los espacios que han ocupado hist¨®ricamente sean titulados de manera colectiva.

Dos a?os despu¨¦s, una ley respald¨® ese v¨ªnculo entre los pobladores y el territorio. Desde entonces cerca de cinco millones de hect¨¢reas han sido tituladas en el Pac¨ªfico, pero no ha sido suficiente. La comunidad negra se extiende por todo el pa¨ªs y en algunas zonas ha sido casi imposible conseguir la titulaci¨®n, dice Charo Mina, del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (COMPA). En el Valle del Cauca, de donde es ella, como en otros rincones del pa¨ªs defender el derecho sobre un terreno ha estado en el medio de una dif¨ªcil ecuaci¨®n. Econom¨ªa ilegal, presencia de grupos armados, intereses de multinacionales frente a la lucha de un sector de la poblaci¨®n que ha siempre ha sido marginado. No hay que mirar muy atr¨¢s para comprobarlo.

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¡®Juan sin tierra¡¯ vuelve a casa en Colombia

Mina se?ala uno de los temas del acuerdo de paz con las FARC para demostrarlo. ¡°En el punto m¨¢s importante, el de la reforma rural, nos excluyeron. Del fondo de tierras se estipularon subfondos para los campesinos y para los ind¨ªgenas, nosotros no aparecemos ah¨ª¡±. El pacto de La Habana plante¨® habilitar un fondo de distribuci¨®n gratuita que dispondr¨¢ de tres millones de hect¨¢reas que ser¨¢n destinadas a ¡°trabajadores con vocaci¨®n agraria sin tierra o con tierra insuficiente¡±, pero las comunidades afro piden claridad. O al menos que se reconozcan las solicitudes que han hecho desde 2001 hasta 2015 para lograr titulaciones colectivas. Seg¨²n el Observatorio de territorios ¨¦tnicos y campesinos (OTEC) de 271 consejos comunitarios que realizaron la petici¨®n el 29% no ha tenido ninguna respuesta, el 39% est¨¢n detenidos por falta de alg¨²n tr¨¢mite burocr¨¢tico que no depende de la comunidad y solo el 13% ha tenido auto de aceptaci¨®n para analizar el caso.

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Colombianas que pelean por la paz

¡°Las comunidades de los pueblos negros han garantizado por varios siglos la sostenibilidad de los recursos y ecosistemas naturales como parte integral de su noci¨®n y vivencia en el territorio¡±, dice Mina, que se?ala, basada en el estudio del OTEC, que al menos mil hect¨¢reas est¨¢n en vilo por no haber logrado todav¨ªa la titulaci¨®n. La preocupaci¨®n se agudiza ahora en el momento de polarizaci¨®n que vive el pa¨ªs en medio de la primera campa?a presidencial tras los acuerdos de paz.

¡°Hay mucho temor. El discurso incendiario de la ultraderecha de Colombia est¨¢ alimentando la violencia en las regiones. All¨ª es en donde se siente y las palabras contra el proceso y la distribuci¨®n de tierras terminan empoderando a los violentos¡±, asegura Mina, que prefiere no referirse a ninguna bandera pol¨ªtica porque en Colombia las voces contra el acuerdo de paz se han escuchado sin distinci¨®n de partido.

La directora del OTEC, Johana Herrera, advierte de que el reconocimiento de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes es clave para la conservaci¨®n de ecosistemas vitales, el bienestar de estos pueblos y en el contexto actual, es esencial para lograr una paz estable. Desde la dependencia que lidera junto a la Pontificia Universidad Javeriana han creado un sistema de informaci¨®n basado en material cartogr¨¢fico para evidenciar c¨®mo est¨¢n los pueblos negros en la distribuci¨®n de tierras.

Entre los hallazgos cuentan que en 148 consejos comunitarios (creados por ley) el 25% de procesos de titulaci¨®n colectiva tiene afectaciones por proyectos agroindustriales en sus territorios, en 23% por hidrocarburos, en 6% por de diferentes ductos y el 7% por proyectos de infraestructura, que ¨Cseg¨²n su investigaci¨®n¨C evidencian las situaciones de vulnerabilidad que amenazan su condici¨®n de etnia.