M¨¦xico aprueba la Ley de Seguridad Interior pese al repudio y las protestas dentro y fuera del pa¨ªs

Pese a la bronca medi¨¢tica, las protestas y el rechazo general de organismos nacionales e internacionales, el Gobierno de M¨¦xico, en manos del PRI, ha sacado adelante la Ley de Seguridad Interior. En la pr¨¢ctica, la norma perpet¨²a el uso policial de las Fuerzas Armadas. Lo que empez¨® como una excepci¨®n hace 11 a?os, el apoyo militar en tareas de seguridad p¨²blica, alcanza ahora rango de ley. El PRI, el Partido Verde y algunos dirigentes d¨ªscolos del derechista Acci¨®n Nacional, PAN, han sumado para pasar la ley en el Senado y la C¨¢mara de Diputados. El texto pasa ahora al Ejecutivo para su promulgaci¨®n.

Desde diciembre de 2006, las Fuerzas Armadas sustituyen a cuerpos policiales en cientos de municipios de todo M¨¦xico. Fue una de las primeras decisiones que tom¨® el expresidente Felipe Calder¨®n, del PAN, al iniciar su mandato. Calder¨®n mand¨® al Ej¨¦rcito a Michoac¨¢n, Estado que sufr¨ªa entonces los embates de varias organizaciones criminales. Luego llegaron Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero o Chihuahua.

Tanto el Ej¨¦rcito como la Armada asumen desde entonces el trabajo de polic¨ªas incapaces o corruptas. La ley, dicen sus defensores, les da ahora un marco jur¨ªdico para que act¨²en. El problema, dicen sus detractores, es que es vaga, ambigua, carece de un plan para fortalecer a las polic¨ªas y no prev¨¦ el retorno de los militares a los cuarteles.

En estos a?os, la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos, CNDH, ha recibido miles de denuncias por abusos de militares y marinos. En 197 ocasiones, el ombudsman ha se?alado torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, seg¨²n la cuenta de la organizaci¨®n Comisi¨®n Mexicana de Defensa y Protecci¨®n de Derechos Humanos.

La semana pasada, por ejemplo, la comisi¨®n divulgaba un informe sobre el caso de dos j¨®venes, torturados y asesinados por militares en el Estado de Jalisco, en 2016. "Cuando el Ej¨¦rcito se ha desplegado en un municipio en operativo", explicaba esta semana el acad¨¦mico Alejandro Madrazo, "los homicidios aumentan un 9%".

La ONU, la OEA y la propia comisi¨®n han unido fuerzas estos d¨ªas, con la intenci¨®n de retrasar la aprobaci¨®n de la ley. Este jueves, en un hecho sin precedentes, siete relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas divulgaron una carta de rechazo a la normativa: "Nos preocupa que otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de direcci¨®n y coordinaci¨®n en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles".

Tambi¨¦n las universidades m¨¢s importantes del pa¨ªs la rechazan, caso de la Universidad Nacional Aut¨®noma de M¨¦xico, la Universidad de Guadalajara o la Universidad Iberoamericana. El mi¨¦rcoles, en un comunicado firmado por los rectores de los tres centros, se le¨ªa: "Esta ley debe discutirse en un contexto m¨¢s amplio, que permita revisar la pol¨ªtica de seguridad del Estado Mexicano en su conjunto, evaluando el desempe?o de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad p¨²blica".

Cr¨ªticas y ambig¨¹edades

La ley prev¨¦ que el Gobierno federal expida una "declaratoria de protecci¨®n a la seguridad interior" ante una amenaza, en cualquiera de los estados del pa¨ªs. El Ejecutivo puede hacerlo por iniciativa propia o a petici¨®n de los gobiernos estatales. Una ola de asesinatos, por ejemplo, o de secuestros.

En la pr¨¢ctica, eso ya ocurre, militares y marinos patrullan por medio pa¨ªs. El problema, de nuevo, es que la ley no plantea la vuelta de los militares a sus bases, o controles para verificar si se respetan los derechos humanos.

El repudio continuado a la ley ha provocado que los legisladores modifiquen ligeramente alguno de sus art¨ªculos. Es el caso del que se refiere a las protestas sociales. Uno de los miedos de los opositores es que el Gobierno use ahora al Ej¨¦rcito para controlar manifestaciones o marchas pol¨ªticas. En las ¨²ltimas versiones del texto se dice que eso no podr¨ªa ocurrir: "Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo pol¨ªtico-electoral que se realicen pac¨ªficamente de conformidad con la Constituci¨®n Pol¨ªtica de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia ser¨¢n consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior".

Pero no les convence. Son cambios est¨¦ticos, dice. La palabra "pac¨ªficamente" puede ser interpretada de cualquier manera y queda al amparo de la voluntad de los militares.

Otro de los puntos criticados es el art¨ªculo seis, que faculta a las fuerzas federales a implementar "sin necesidad de Declaratoria de protecci¨®n a la seguridad interior, pol¨ªticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, seg¨²n su naturaleza, los riesgos". De nuevo, la ambig¨¹edad, ?qu¨¦ tipo de programas, de acciones? ?Qu¨¦ significa identificar, prevenir y atender los riesgos?