M¨¦xico avanza en la pol¨¦mica ley que regula el papel de los militares

M¨¢s informaci¨®n

La Ley de Seguridad Interior se estanca en el Congreso mexicano

M¨¦xico carece de una estrategia de largo plazo en materia de seguridad

Diez a?os de la guerra contra el narcotr¨¢fico

M¨¦xico se dispone a regular la intervenci¨®n del Ej¨¦rcito en la guerra contra el crimen organizado, lo que perpetuar¨ªa la presencia de los soldados en las calles del pa¨ªs. La medida ha desatado las cr¨ªticas de los organismos defensores de los derechos humanos, que la consideran una violaci¨®n de la Constituci¨®n. Este jueves, el Congreso aprob¨® la Ley de Seguridad Interior, que pasa ahora para al Senado. La intenci¨®n del gobernante Partido Revolucionario Institucional es que los tr¨¢mites terminen en este periodo legislativo, antes del 15 de diciembre.

M¨¢s de 10 a?os despu¨¦s de que el Gobierno de Felipe Calder¨®n emprendiese la guerra contra el narcotr¨¢fico, que ha dejado m¨¢s de 170.0000 muertos y m¨¢s de 25.000 desaparecidos, la norma, hasta ahora entrampada en el debate legislativo, comienza a cobrar forma pese a las cr¨ªticas de las organizaciones. El presidente, Enrique Pe?a Nieto y el secretario de Defensa y responsable de las Fuerzas Armadas, Salvador Cienfuegos, han presionado en los ¨²ltimos d¨ªas para que se aprobase la norma. ¡°La ley dej¨® de ser solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad¡±, asegur¨® este mi¨¦rcoles el mandatario mexicano.?

Los partidarios de la Ley de Seguridad Interior defienden que establece una hoja de ruta para que las fuerzas armadas contin¨²en en la lucha contra el crimen organizado. "Hay un desgaste; es obvio, estamos trabajando en todo el pa¨ªs, a toda hora, en todo momento¡±, asegur¨® recientemente Cienfuegos, quien ha urgido a aprobar la norma. Hoy en d¨ªa, 50.000 soldados combaten al crimen organizado. Desde 2006, 750.000 efectivos del Ej¨¦rcito y la Armada han sustituido a la polic¨ªa en todo el pa¨ªs.

La propuesta aprobada por la Comisi¨®n del Congreso -con los votos del PRI y sus aliados- regula la intervenci¨®n de las fuerzas armadas en acciones para contener amenazas a la seguridad p¨²blica en cualquier zona geogr¨¢fica ¨Co en todo el pa¨ªs- sin exceder un a?o de vigencia, pero con posibilidad de prorrogarlo. La propuesta ha sido rechazada por el resto de partidos, aunque se espera que en el Senado, donde el PRI no tiene mayor¨ªa, cuente con el respaldo de algunos integrantes del Partido Acci¨®n Nacional (PAN), del expresidente Calder¨®n.

Decenas de expertos y organizaciones de derechos humanos han alertado de los riesgos de la ley. ¡°Es una norma que perpet¨²a la militarizaci¨®n del pa¨ªs y posterga la creaci¨®n de polic¨ªas fiables¡±, asegura Alejandro Madrazo, profesor investigador del Centro de Investigaci¨®n y Docencias Econ¨®micas (CIDE). ¡°Esta ley no solo no es la soluci¨®n, sino que supone una amenaza a los derechos humanos porque eleva a rango de ley una pol¨ªtica p¨²blica ineficiente¡±, a?ade Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh.

La ley, una de las m¨¢s importantes del sexenio de Pe?a Nieto, ha marcado la agenda pol¨ªtica desde oto?o del pasado a?o, pero no ha sido hasta las ¨²ltimas semanas cuando se ha acelerado su discusi¨®n. El PRI pretende sacarla adelante antes de que termine este periodo legislativo, el pr¨®ximo 15 de diciembre. El debate se produce en pleno contexto electoral de las elecciones presidenciales del pr¨®ximo a?o y cuando el partido gobernante ha decidido ya qui¨¦n ser¨¢ el aspirante a suceder a Pe?a Nieto: Jos¨¦ Antonio Meade.

Los avances en la aprobaci¨®n de la norma se producen tambi¨¦n en un momento en que M¨¦xico registra los ¨ªndices de violencia m¨¢s altos de su historia reciente, superiores a los de 2006, cuando Calder¨®n inici¨® la guerra contra el crimen organizado. En octubre se registraron 2.764 asesinatos, en el peor mes desde que se tienen datos oficiales. A falta de contabilizar los meses de noviembre y diciembre, se han producido 23.968, lo que aventura que 2017 cerrar¨¢ como el a?o m¨¢s violento que se recuerda hasta la fecha.

Los altos niveles de violencia son uno de los argumentos a los que recurren las organizaciones defensoras de derechos humanos para criticar la Ley de Seguridad Interior, pues consideran que la pol¨ªtica emprendida hasta la fecha ha sido ineficiente. En este sentido, la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha alertado de que la aprobaci¨®n de la norma ¡°contribuir¨ªa a mantener el estado actual de las cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas¡±, que, en su opini¨®n, han tenido que ejercer labores de seguridad p¨²blica por ¡°la omisi¨®n, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitaci¨®n y desarrollo de las polic¨ªas¡±.