La ONU denuncia el asesinato de m¨¢s de 100 defensores de los derechos humanos en Colombia en 2017

Colombia firm¨® hace un a?o la paz con las FARC. La guerrilla m¨¢s antigua de Am¨¦rica se desmoviliz¨®, entreg¨® las armas con excepci¨®n de grupos minoritarios de disidentes, form¨® un partido pol¨ªtico y concurrir¨¢ a las elecciones. Pero el pa¨ªs todav¨ªa no ha eliminado la violencia de sus zonas rurales. La mayor se?al de la enorme brecha entre el campo y las ciudades es la inseguridad. Y los l¨ªderes sociales, el eslab¨®n m¨¢s d¨¦bil de un ecosistema donde siguen operando mafias y organizaciones criminales, son las principales v¨ªctimas. La ONU denuncia, en un balance difundido este mi¨¦rcoles, que en 2017 fueron asesinados al menos 105 defensores de los derechos humanos.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se muestra ¡°muy preocupada por la descalificaci¨®n, el hostigamiento y la estigmatizaci¨®n¡± de estos activistas, cuya labor considera ¡°leg¨ªtima, necesaria, y fundamental para la consolidaci¨®n de la democracia, el Estado de derecho y la construcci¨®n de una paz sostenible¡±. El organismo, que ha acompa?ado y verificado el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por la insurgencia con el Gobierno de Juan Manuel Santos, ha comprobado hasta el 20 de diciembre 73 asesinatos de l¨ªderes locales, 18 de miembros de movimientos sociales y pol¨ªticos y 14 muertes durante movilizaciones. El 59% fueron cometidos por sicarios. La oficina, adem¨¢s, est¨¢ analizado otros 11 casos.

Las agresiones demuestran que la transici¨®n de las FARC a la vida civil ha dejado un ¡°vac¨ªo de poder¡± en las zonas tradicionalmente ocupadas por la guerrilla. El Estado no ha logrado a¨²n hacerse con el pleno control de muchos territorios, lo que en un pa¨ªs eminentemente rural supone una oportunidad por los c¨¢rteles de narcotraficantes y otros grupos armados. La ONU se?ala ¡°contextos de violencia generalizada contra la poblaci¨®n por el accionar de criminalidad com¨²n u organizada¡±. El blanco de estas organizaciones son, principalmente, los miembros de las comunidades que tratan de ¡°denunciar u oponerse a la existencia de econom¨ªas il¨ªcitas¡±, ¡°reivindicar derechos propios o colectivos¡± y ¡°apoyar pol¨ªticas derivadas del acuerdo de paz¡±.

Naciones Unidas, que califica de ¡°muy grave¡± esta tendencia, lamenta tambi¨¦n el comportamiento de las autoridades. ¡°Las consecuencias del asesinato de un defensor o defensora de derechos humanos son m¨¢s complejas de lo que parecen interpretar algunos funcionarios del Gobierno¡±, afirma el comunicado. ¡°La prevenci¨®n de los ataques y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos implica la investigaci¨®n, juzgamiento y sanci¨®n de los responsables; al igual que el pa¨ªs avance de manera decidida en la inclusi¨®n pol¨ªtica, econ¨®mica y social de los defensores y las comunidades y pobladores de estos territorios¡±, contin¨²a la organizaci¨®n.

Cr¨ªticas a las autoridades

La ONU exige que los representantes p¨²blicos cumplan una directiva de la Procuradur¨ªa aprobada el pasado mes de junio, que insta a proteger los derechos humanos, investigar las denuncias y abstenerse de conductas que descalifiquen a los activistas. La oficina manifiesta abiertamente, en referencia a algunos pol¨ªticos, su rechazo a ¡°la estigmatizaci¨®n que algunos funcionarios p¨²blicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos p¨²blicos, como en acciones que obstaculizan su trabajo¡±.

El Ejecutivo ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupaci¨®n por la violencia contra los l¨ªderes sociales, pero hasta ahora ha rechazado tratar este problema como un fen¨®meno sistem¨¢tico. No obstante, esta semana el fiscal general de Colombia, N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez, admiti¨® ¡°cierto grado de sistematicidad¡± en estas agresiones y las vincul¨® a una ¡°eventual presencia de reductos de autodefensas¡±, es decir, paramilitares.

En las ¨²ltimas semanas se dieron algunas muestras de los recelos y de la desconfianza de parte de la clase pol¨ªtica hacia los defensores de los derechos humanos. Lo recuerda Naciones Unidas: ¡°Miembros del Congreso de la Rep¨²blica descalificaron a los y las defensoras que fueron escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, impidi¨¦ndoles posesionarse de sus cargos [¡­], lo que muestra el irrespeto a su labor y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del Estado de derecho¡±.

No es el ¨²nico ejemplo. ¡°Otros altos funcionarios p¨²blicos¡±, prosigue la ONU en referencia a unas palabras del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ¡°han declarado recientemente a los medios que los asesinatos de defensores y l¨ªderes sociales en el pa¨ªs son debidos a l¨ªos de faldas, peleas con vecinos y rentas il¨ªcitas¡±. ¡°Esto¡±, advierte, ¡°es muy peligroso ya que parece querer justificar asesinatos que en ning¨²n caso son justificables¡±.