Una pol¨¦mica de 75 d¨®lares a cuenta del abuso sexual en Michoac¨¢n

La noticia salt¨® el mi¨¦rcoles en Michoac¨¢n, en el centro de M¨¦xico. El Congreso local acababa de aprobar la ley de ingresos, que prev¨¦ el costo de los servicios que brindan los organismos p¨²blicos. En el apartado que corresponde a la fiscal¨ªa, el texto recog¨ªa el costo de los certificados m¨¦dicos y de lesiones, de las valoraciones psicol¨®gicas y las visitas del trabajador social. Son los estudios que se practican cuando la fiscal¨ªa recibe una demanda de abuso sexual. Y seg¨²n la nueva ley, cuestan unos 1.500 pesos, 75 d¨®lares. O sea, que cualquier mujer que denuncie una agresi¨®n deber¨ªa pagar esa cantidad para obtener los estudios que demuestren lo denunciado. O eso parec¨ªa decir el texto de la norma.

Al salir del pleno, la diputada Brenda Fabiola Fraga, del Partido del Trabajo, criticaba a sus compa?eros por pasar la ley. "Esto", decia, "en vez de ayudar, discrimina a las mujeres que sufren violencia". La noticia se expandi¨® y en la ma?ana de este jueves aparec¨ªa en la portada web del diario El Universal, uno de los m¨¢s leidos de M¨¦xico.

La violencia contra las mujeres en el pa¨ªs ha alcanzado niveles escandalosos. Seg¨²n el Instituto Nacional de Estad¨ªstica, INEGI, 2.813 mujeres murieron asesinadas el a?o pasado en M¨¦xico, la cifra m¨¢s alta en 27 a?os. De los 46.5 millones de mujeres mayores de 15 a?os que hay en el pa¨ªs, "el 66.1% ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida", dec¨ªa un informe del instituto, publicado en noviembre.

Es por ello que la noticia de la ley de ingresos de Michoac¨¢na ha corridon como la p¨®lvora de los portales de noticias locales, al ¨¢mbito nacional.

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La fiscal¨ªa estatal no ha tardado en contestar. En un comunicado divulgado horas m¨¢s tarde, dec¨ªa: "Todos los dict¨¢menes que se soliciten con motivo de denuncia o investigaci¨®n de un hecho, no representan costos. Los costos que contempla la Ley de Ingresos son para certificaciones solicitadas por particulares o autoridades ajenas a una investigaci¨®n, por derechos de servicios".

Y entonces, ?qu¨¦ hay del texto de la ley? ?Se cobra pero no se cobra? Un portavoz del Gobierno estatal explicaba a EL PA?S que se trata de una mala interpretaci¨®n de la diputada Fraga. "La diputada pidi¨® una anotaci¨®n a la ley para que se exentara de estos costos a las v¨ªctimas, pero los diputados no aceptaron la anotaci¨®n porque la present¨® fuera de tiempo. Siempre han aparecido estos servicios en la ley, solo que ahora la pol¨¦mica surgi¨® porque la diputada pidi¨® que se a?adiera la anotaci¨®n".

Es decir, que el costo de estos estudios aparece siempre en la ley. Que la diputada pidi¨® esta vez que el texto dijera, expl¨ªcitamente, que las v¨ªctimas que presenten denuncia no tienen que pagar nada. Y que sus compa?eros diputados se negaron.

El portavoz del Gobierno dec¨ªa que tal anotaci¨®n resulta superflua, ya que la ley que rige el actuar de la fiscal¨ªa impide por defecto cualquier cobro a los denunciantes. El portavoz se?alaba el art¨ªculo 56 de la normativa, la Ley Org¨¢nica de la Procuradur¨ªa General de Justicia del Estado de Michoac¨¢n. Aunque lo cierto es que no especifica nada al respecto.

M¨¢s tarde, EL PA?S ha podido entrevistar a Mariana Ponce, directora de la Unidad Forense de la Coordinaci¨®n de Servicios Periciales de la fiscal¨ªa. Ponce ha dicho: "Cuando llega una v¨ªctima a hacer su denuncia, el Ministerio P¨²blico nos gira un oficio donde se piden periciales, certificados, etc¨¦tera. Estos dict¨¢menes no tienen ning¨²n costo, nunca se han cobrado, ni se cobrar¨¢n, mientras est¨¦ una demanda de por medio. La ley establece un costo pero cuando lo pide un particular. Hay gente que solicita pruebas de gen¨¦tica, o la defensa, en calidad de particular, puede pedir un certificados de lesiones. Pero si nosotros tenemos una carpeta, no se cobra".

En 2016, el Gobierno de M¨¦xico declar¨® la alerta de g¨¦nero en Michoac¨¢n, por los elevados niveles de violencia contra la mujer en 14 municipios de la entidad. En teor¨ªa, esta medida implica la llegada de fondos adicionales para enfrentar el asunto. La fiscal¨ªa defiende que as¨ª ocurre. El portavoz del Gobierno local dice que a partir de la la alerta, "hay un Ministerio P¨²blico itinerante, una especie de remolque, equipado con todos los elementos para recopilar denuncias, ex¨¢menes m¨¦dicos, psicol¨®gicos. Para llegar a zonas rurales".

Seg¨²n INEGI, Michoac¨¢n y otro pue?ado de estados acabaron el a?o pasado con la tasa de feminicidios m¨¢s alta desde 1990.