Un juez bloquea la decisi¨®n de Trump de eliminar la protecci¨®n de los ¡®dreamers¡¯

El juez William Alsup, del distrito con sede en San Francisco, rechaz¨® los argumentos del Gobierno, que afirmaba que los jueces de distrito no tienen autoridad para decidir si el presidente ha actuado o no de acuerdo a la ley en su decisi¨®n de terminar con DACA. La decisi¨®n supone un importante rev¨¦s judicial para Trump en un asunto que est¨¢ tratando de explotar pol¨ªticamente.

Trump llev¨® su frustraci¨®n a Twitter, donde el mi¨¦rcoles por la ma?ana escribi¨®: ¡°Queda claro para todo el mundo lo roto e injusto que es nuestro sistema judicial cuando la parte opuesta en un caso (como DACA) siempre va al Noveno Circuito y casi siempre gana antes de ser revertido por cortes superiores¡±.

El Noveno Circuito al que se refiere Trump es la zona judicial con sede en San Francisco con jurisdicci¨®n para asuntos federales en todos los estados del Oeste. Las decisiones m¨¢s pol¨¦micas de Trump han sido contestadas sistem¨¢ticamente con demandas de Gobiernos e individuos en California, Oreg¨®n, Washington y Haw¨¢i, estados dominados ampliamente por los dem¨®cratas, que controlan casi todos los espacios de poder desde hace dos d¨¦cadas. Esas demandas van de oficio a la corte de San Francisco. Esa misma corte paraliz¨® antes la amenaza de retirar fondos a las llamadas ciudades santuario que no colaboran en la deportaci¨®n de indocumentados, y el veto migratorio a pa¨ªses musulmanes. En todos los casos han logrado frenar o reducir significativamente el alcance de las medidas de Trump.

El pasado mes de septiembre, la Casa Blanca anunci¨® su intenci¨®n de eliminar el programa DACA (siglas en ingl¨¦s de acci¨®n diferida para personas llegadas en la infancia), una medida dictada en una orden ejecutiva del presidente de Barack Obama que b¨¢sicamente protege de la deportaci¨®n a inmigrantes irregulares que llegaron siendo menores, al considerarlos no responsables de haber cruzado la frontera. Cuando se aprob¨® no se sab¨ªa cu¨¢nta gente hab¨ªa en esa situaci¨®n. Hasta el a?o pasado se hab¨ªan aprobado casi 800.000 solicitudes. En Estados Unidos se calcula que hay 11 millones de indocumentados.

Despu¨¦s de meses de ambig¨¹edad sobre el tema, delicado pol¨ªticamente por la simpat¨ªa que despiertan los dreamers, Trump anunci¨® que no se aceptar¨ªan m¨¢s solicitudes a partir de octubre y que el programa ser¨ªa eliminado en seis meses, es decir a principios de marzo. La decisi¨®n de Trump supon¨ªa que toda esa gente, que hab¨ªa dado todos sus datos al Gobierno federal para obtener la protecci¨®n y que estaban trabajando o estudiando (requisitos para acogerse al beneficio), quedar¨ªa a merced de la polic¨ªa de deportaci¨®n. Las protestas recorrieron todo el pa¨ªs. El propio Partido Republicano est¨¢ dividido en torno a esta cuesti¨®n.

Trump dej¨® claro pronto que lo que pretend¨ªa era utilizar a estos j¨®venes como moneda de cambio para obtener el apoyo del Partido Dem¨®crata a unos presupuestos en los que se incluya dinero para la construcci¨®n del muro fronterizo que prometi¨® en la campa?a. Sin los votos dem¨®cratas, el Gobierno no tendr¨¢ los 18.000 millones de d¨®lares que se calcula que hacen falta para el muro. Trump pretende cambiar una cosa por otra. La decisi¨®n del juez de frenar llega precisamente en medio de estas conversaciones en Washington.

La decisi¨®n del juez Alsup afecta a varias demandas que fueron presentadas contra Trump, entre ellas las del Estado de California, la Universidad de California, varias administraciones locales de Silicon Valley e individuos particulares. La Casa Blanca no puede dejar a esos j¨®venes sin protecci¨®n mientras se est¨¢n juzgando estas demandas. La consecuencia pr¨¢ctica m¨¢s importante de la decisi¨®n es que el Gobierno est¨¢ obligado de nuevo a aceptar solicitudes de renovaci¨®n. Esas renovaciones ser¨¢n por dos a?os y no pueden ser rescindidas mientras est¨¢n en vigor.

Se trata de una nueva derrota judicial de otra de las medidas m¨¢s impopulares del presidente Trump en su primer a?o, de nuevo a cargo de los estados y las ciudades que desde el principio prometieron poner todas las trabas posibles a la agenda m¨¢s extrema del presidente.

La parte contraria, el Estado de California, sali¨® el mi¨¦rcoles a celebrar su victoria por boca del fiscal general del Estado, Xavier Becerra. Uno de cada cuatro dreamers vive en California. Becerra celebr¨® la decisi¨®n, que calific¨® como ¡°un gran paso en la buena direcci¨®n¡± despu¨¦s de que la vida de los beneficiarios de DACA ¡°fuera arrojada al caos¡± en septiembre. Ante la perspectiva de verse abocados a vivir huyendo de la polic¨ªa o ser deportados a pa¨ªses que no conocen, los dreamers estaban tomando decisiones como dejar sus trabajos o sus estudios y prepararse para lo peor.

Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, fue nombrado fiscal general de California precisamente en previsi¨®n de este tipo de batallas. El mi¨¦rcoles dijo en Twitter: ¡°Estoy orgulloso de ser hijo de inmigrantes y por tanto nuestra lucha en el juzgado para proteger el DACA para los dreamers es tambi¨¦n muy personal. Como me ense?aron con su ejemplo mi padre y mi madre, si te puedes levantar e ir a trabajar o a clase, ?es un buen dia!¡±.