Singapur: a la horca por narcotr¨¢fico (con solo cinco d¨ªas de aviso)

Todos los lunes, Priya emprende el mismo recorrido. Los algo m¨¢s de cien kil¨®metros que separan su vivienda en Kluang (Johor, sur de Malasia), hasta la prisi¨®n de Changi, en Singapur. Lo hace, indefectiblemente, porque no sabe si ser¨¢ la ¨²ltima oportunidad de ver a su pareja, Datchinamurthy, Datchi, condenado a muerte en la ciudad-estado asi¨¢tica (5,6 millones de habitantes) por tr¨¢fico de drogas. Ni Priya ni nadie de su entorno se enterar¨¢n de cu¨¢ndo tendr¨¢ lugar la ejecuci¨®n hasta cuatro o cinco d¨ªas antes de que ocurra: solo saben que ser¨¢ un viernes, que ocurrir¨¢ al alba y que ser¨¢ ahorcado, como dicta la normativa singapurense.

¡°Mi familia, mis amigos, e incluso su madre, me aconsejan que siga con mi vida, pero no puedo¡±, cuenta Priya, malasia de 38 a?os, en una cafeter¨ªa de Singapur un lunes temprano, antes de acudir a su visita semanal a la prisi¨®n de Changi. Una rutina que conoce bien: la mantiene desde hace siete a?os. Datchi fue detenido el 18 de enero de 2011 cuando pasaba cerca de 45 gramos de diamorfina (hero¨ªna) de Malasia a Singapur. La pr¨®spera isla sit¨²a el m¨ªnimo para aplicar la pena capital en 15 gramos de esa sustancia (500 gramos si es marihuana), -ya sea para importar, exportar o posesi¨®n-. Priya, que pide ser identificada solo por su nombre de pila, estaba entonces embarazada de su segunda hija. ¡°Cuando me llamaron para dec¨ªrmelo pens¨¦ que era un error¡±, lamenta. En 2014 fue condenado a muerte.

El caso de Datchi, que admiti¨® importar el narc¨®tico movido por su precariedad financiera, encaja en el perfil habitual de muchos de los reos que acaban en el pat¨ªbulo en Singapur: con dificultades econ¨®micas y extranjero, sobre todo de la vecina Malasia, indicaba Amnist¨ªa Internacional (AI) en un informe a finales de a?o.

La organizaci¨®n critica que, aunque el n¨²mero de ejecutados ha ca¨ªdo sustancialmente ¨Cde m¨¢s de 70 anuales a mediados de los 90 a 10 en los ¨²ltimos tres a?os-, sigue trat¨¢ndose de un oscuro proceso al margen de los est¨¢ndares legales internacionales.

¡°La informaci¨®n sobre las ejecuciones es muy escasa¡±, denuncia la singapurense Kirsten Han, periodista y activista contra la pena de muerte en la organizaci¨®n ¡°Second Chances¡± (Segundas oportunidades). Solo las ejecuciones m¨¢s ¡°medi¨¢ticas¡±, explica Han, son anunciadas; ¡°el resto acaban incluidas en el recuento anual de la prisi¨®n, sin nombre ni apellidos, convertidas en d¨ªgitos¡±. La falta de datos, indica la activista, impide hacer un an¨¢lisis adecuado sobre si dichas sentencias se aplican de forma desproporcionada en los colectivos m¨¢s desfavorecidos. ¡°Tenemos una idea sobre lo que ocurre, pero falta informaci¨®n¡±, relata.

Han lamenta tambi¨¦n que el margen de maniobra de las familias, abogados y activistas para lanzar la ¨²ltima campa?a contra las ejecuciones, que normalmente implica apelar a gobiernos extranjeros y organismos internacionales para que presionen a Singapur, ha sido cercenado. De tener dos o tres semanas para ello, desde el a?o pasado solo disponen de cuatro o cinco d¨ªas antes de la ejecuci¨®n. Es cuando los familiares son informados de la fecha, normalmente a trav¨¦s de sus abogados, y se ponen en contacto con ellos. ¡°El objetivo es que tengamos cada vez menos tiempo para llamar la atenci¨®n sobre los casos¡±, dice la activista.

Esa sensaci¨®n de jugar contrarreloj mantiene a Priya en vilo permanentemente. En un desesperado ¨²ltimo intento, ella y la familia de Datchi, cuya apelaci¨®n fue denegada en 2016, han aunado esfuerzos ¨Cvendiendo joyas y otros objetos de valor, cuenta la mujer- para contratar a un abogado que intente presentar un informe psiqui¨¢trico y pida clemencia presidencial. ¡°Podemos ganar 4 ¨® 5 meses m¨¢s gracias a los tr¨¢mites burocr¨¢ticos, pero el abogado dice que las posibilidades de impedir que sea ejecutado son pr¨®ximas a cero¡±, murmura Priya.

Los letrados tampoco lo tienen f¨¢cil; algunos han sido acusados de obstruir el proceso judicial cuando presentan recursos en los d¨ªas previos a la ejecuci¨®n. Aunque en 2013 la pena de muerte dej¨® de ser obligatoria si se demuestra que el acusado ejerc¨ªa ¨²nicamente de ¡°correo¡± de la droga y, de ser as¨ª, coopera con la Justicia o padece una discapacidad mental, Amnist¨ªa Internacional afirma que la decisi¨®n sigue en manos de la Fiscal¨ªa y no de los jueces. Sobre Datchi, los fiscales no revelaron por qu¨¦ no cumpl¨ªa los requisitos para que su sentencia fuera conmutada por cadena perpetua y trece latigazos, tal y como estipula el reglamento.

La implacabilidad en la aplicaci¨®n de sentencias y la severidad de los castigos son la columna vertebral del sistema judicial singapurense, que tambi¨¦n contempla la pena de muerte por asesinato o tr¨¢fico de armas, entre otros delitos. Pero mientras la isla presume de ser gracias a ello uno de los pa¨ªses m¨¢s seguros del planeta, la supuesta eficacia en el caso de la batalla contra las drogas est¨¢ en entredicho. Seg¨²n estad¨ªsticas del Gobierno de Singapur, entre 2003 y 2016 la cifra de consumidores de droga pr¨¢cticamente se duplic¨®.

¡°La cultura de la tolerancia cero hacia las drogas se basa en la asunci¨®n de que as¨ª estamos a salvo. Pero no hay pruebas concretas, estudios o cifras que lo respalden¡±, a?ade Han.

Estar a salvo es algo que suena muy lejano para Priya. ¡°Cuando conoc¨ª a Datchi ten¨ªa una hija y estaba sumida en la mierda... Le debo mucho¡±. Esta vez habla despu¨¦s de haber ido a verle a prisi¨®n, un lunes m¨¢s, antes de emprender el camino de vuelta a Malasia. En una semana volver¨¢ a hacer la misma ruta. Y en dos, y en tres, hasta que ya no tenga un motivo para regresar. ¡°Para m¨ª Singapur se ha convertido en uno de los sitios m¨¢s temibles del planeta. Porque aqu¨ª es donde ahorcar¨¢n a Datchi¡±.