El retraso judicial, otra condena en Venezuela

Cuando el hijo de Ana Perdomo ingres¨® a la comisar¨ªa de Policarabobo solo deb¨ªa pasar ah¨ª 48 horas. Han pasado dos a?os y cuatro meses y m¨¢s de 14 aplazamientos de la audiencia para iniciar su proceso. En la espera lo alcanzaron las llamas del incendio que se desat¨® el mi¨¦rcoles 28 de marzo, tras un mot¨ªn que se produjo en los calabozos de la detenci¨®n preventiva de la polic¨ªa regional, con capacidad para 35 personas, pero en los que hab¨ªa 200 presos.

¡°Ese d¨ªa me llam¨® mi hijo, me dijo que me fuera r¨¢pido para all¨¢, que les estaban disparando y no supimos m¨¢s¡±, relata Perdomo. Cuando la mujer lleg¨® al sitio, a una hora y media de camino de donde vive, todo era humo. El joven de 22 a?os, con quemaduras de segundo grado en la espalda y los brazos, qued¨® entre los sobrevivientes del incendio en el que fallecieron 68 personas, entre ellos dos mujeres que estaban de visita, hecho por el que las autoridades responsabilizaron a cinco polic¨ªas que ya fueron detenidos.

En estos dos a?os, Perdomo ha ido casi diariamente a llevarle comida y ropa a su hijo, sorteando la falta de dinero y de transporte que afecta la regi¨®n. Las condiciones de salud en las que est¨¢ son una preocupaci¨®n m¨¢s. ¡°Ellos est¨¢n hacinados, adem¨¢s deben estar descalzos en la celda y ah¨ª agarran cualquier tipo de enfermedad¡±.

Adem¨¢s de la atenci¨®n a su hijo, no deja las gestiones para que despu¨¦s de lo ocurrido se acelere el proceso en el que deber¨ªa salir en libertad. ¡°Mi hijo es inocente, como muchos de los que murieron en esa comisar¨ªa. A ¨¦l lo agarraron unos polic¨ªas en G¨¹ig¨¹e, lo bajaron de un autob¨²s y le sembraron un arma blanca, para luego pedirnos dinero para soltarlo. Si realmente hubiese cometido un delito ya pag¨® el tiempo que correspond¨ªa y m¨¢s. Tienen que sacarlo de ah¨ª¡±.

En el proceso acumula los boletos de las idas y venidas a los tribunales. ¡°Todo el tiempo tenemos que esperar si no es por el juez que est¨¢ cansado, es por el fiscal que se fue de vacaciones o el alguacil que no vino. Ellos hacen todo para dilatar el proceso¡±.

Despu¨¦s del incendio comenzaron a hacer algunos traslados de detenidos de la comisar¨ªa de Policarabobo a otros sitios de reclusi¨®n. Los familiares esperan que lo ocurrido acelere los expedientes de los que a¨²n esperan una decisi¨®n o un traslado. ¡°Mi hijo est¨¢ traumatizado¡±, dice Perdomo.

Tambi¨¦n hay quienes esperan que se aclare lo sucedido. Yaneth Padr¨®n perdi¨® a Luis Alfredo Pi?ango, su ¨²nico hijo, en el incendio que supuestamente desataron los presos en los calabozos de Policarabobo al quemar las colchonetas para protestar por las agresiones con armas que presuntamente iniciaron los polic¨ªas la ma?ana de ese mi¨¦rcoles. En el documento de la autopsia que le entregaron junto con el cad¨¢ver dice que la causa de la muerte fue asfixia mec¨¢nica por los gases, pero la mujer asegura que su hijo ten¨ªa tres impactos de bala: en el est¨®mago, en la pierna y la cabeza. Solo ten¨ªa una ligera quemadura. ¡°Los polic¨ªas los mataron¡±, dice.

El joven de 23 a?os de edad cumpli¨® cuatro a?os, un mes y un d¨ªa preso por el delito de robo agravado. Estaba sentenciado a seis a?os de prisi¨®n, pero su familia estaba apelando a un beneficio que le permit¨ªa el cumplimiento de la mitad la pena. Durante ese tiempo, como todas las madres y esposas de los presos en Venezuela, Padr¨®n llev¨® a diario la comida para su hijo. En el lugar donde estaban los presos colgaban s¨¢banas para intentar descansar. Debajo de las hamacas hab¨ªa colchonetas. No todos pod¨ªan descansar al mismo tiempo. Eran muchos. Demasiados para unas pocas celdas. ¡°Ten¨ªamos que pagarles a los polic¨ªas si quer¨ªamos dejarle algo fuera del d¨ªa de visita y tambi¨¦n nos pidieron tres millones para concretar el traslado a una c¨¢rcel¡±.

Junto con un grupo de familiares de las v¨ªctimas del incendio se est¨¢ organizando para exigir la justicia que no lleg¨® a tiempo para muchos de los presos muertos. Se han reunido con diputados de la Asamblea Nacional, miembros del Observatorio Venezolano de Prisiones y con abogados defensores de derechos humanos para armar el expediente y denunciar el hecho en instancias internacionales. Padr¨®n dice que exigir¨¢n la exhumaci¨®n de los cuerpos para esclarecer lo ocurrido. ¡°Apenas se est¨¢ armando el rompecabezas. Pero queremos justicia¡±, dice la mujer de 42 a?os de edad, que trabaja en el servicio de limpieza de un gimnasio en Valencia.

En camiones y esposados a un silla

El retraso judicial mantiene repletas las comisar¨ªas de detenci¨®n preventiva. Este es el punto de partida de un sistema penitenciario y de justicia en colapso, se?ala Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una ventana a la libertad. ¡°De los 100.000 presos que hay en Venezuela, el 70% son procesados que a¨²n no tienen una condena despu¨¦s de dos o tres a?os detenidos y al menos 45.000 de ellos est¨¢n en calabozos y ¨¢reas que no est¨¢n adecuadas para tener a un detenido. Tenemos unos niveles de hacinamiento extremos¡±.

La crisis en estos recintos de detenci¨®n transitoria la vienen advirtiendo desde hace siete a?os, cuando el Ministerio de Asuntos Penitenciarios se adjudic¨® la potestad de ¡°asignar cupos¡± en c¨¢rceles para los convictos. La medida pasa por encima de las decisiones de los jueces que aunque ordenan un sitio de reclusi¨®n para el procesado, su traslado queda a discreci¨®n del ministerio que maneja las c¨¢rceles, tambi¨¦n est¨¢n hacinadas, m¨¢s a¨²n despu¨¦s del cierre de 6 recintos en los ¨²ltimos siete a?os y la construcci¨®n de solo dos. Ese es uno de los cuellos de botella en la administraci¨®n de la justicia en Venezuela.

Los calabozos de polic¨ªas locales y regionales no tienen infraestructura para mantener presos por largas estancias. Ni siquiera tienen presupuesto para la alimentaci¨®n. Adem¨¢s, esta situaci¨®n obliga a sacar agentes policiales de las calles para ejercer funciones de custodia de detenidos. ¡°Al menos el 30% de los polic¨ªas que tenemos no est¨¢n cuidando a la gente en las calles, sino a los presos¡±.

Durante 2017, la ONG monitore¨® 198 centros de detenci¨®n preventiva en el pa¨ªs ¨Clos m¨¢s grandes y que albergan a por lo menos un tercio de los detenidos sin sentencia- y encontr¨® que aunque en suma ten¨ªan capacidad para albergar a 5.910 presos en ellos hab¨ªa una poblaci¨®n de 14.525 reclusos. En 191 de los retenes evaluados no hay servicio de comedor, por lo que sus familiares deben alimentarlos a diario y en muchos casos est¨¢n en zonas distintas a sus lugares de residencia. En 122 tienen fallas recurrentes de suministro de agua potable. El informe tambi¨¦n recoge que en 2017 ocurrieron 39 muertes de reclusos por problemas de salud y desnutrici¨®n y 26 fueron asesinados bajo la custodia del Estado.

¡°En 123 (el 62,12%) de los centros de detenci¨®n preventiva monitoreados no hay servicios higi¨¦nicos para los reclusos. La falta de aseo diario, as¨ª como la acumulaci¨®n de basura y material fecal en los calabozos donde duermen y pasan la mayor parte del tiempo los detenidos crea condiciones propicias para el desarrollo y transmisi¨®n de enfermedades infecciosas y contagiosas¡±, refiere el informe.?

La ONG ha reportado la existencia de al menos 500 espacios con detenidos que en realidad no son c¨¢rceles. Hay presos amarrados a sillas en oficinas policiales, como ocurre en la sede nacional de la Divisi¨®n de Homicidios de la polic¨ªa cient¨ªfica venezolana, ubicada en el centro de Caracas. Esta semana denunciaron el uso de camiones para el traslado de detenidos como sitio de reclusi¨®n permanente en una sede de la polic¨ªa nacional en el oeste de la capital.