Organizaciones criminales y sometimiento a la justicia

Hace apenas unos d¨ªas el Gobierno colombiano sancion¨® la ley de sometimiento a la justicia, la cual busca, al menos inicialmente, someter al Clan del Golfo. Se trata de la organizaci¨®n criminal m¨¢s fuerte del pa¨ªs, contar¨ªa con cerca de 3.000 miembros, opera en 18 departamentos y en poco m¨¢s de 250 municipios de 1.122. Como era de esperarse, en Colombia, se arm¨® un gran debate, ya que para muchos analistas la norma supon¨ªa abrir la puerta para que miles de criminales recibieran beneficios judiciales. Adem¨¢s, manifestaban que las experiencias previas del pa¨ªs mostraban debilidades a la hora de someter judicialmente a este tipo de bandas. Sin embargo, las voces a favor fueron mayoritarias, pues hay una conciencia entre expertos en materia de seguridad, funcionarios p¨²blicos y analistas en que la guerra contra el crimen en Colombia dif¨ªcilmente se ganar¨¢ solo con represi¨®n.

El sometimiento a la justicia es un modelo que se utiliza en muchos pa¨ªses, pero se les da otro nombre. En Estados Unidos, por ejemplo. Los narcotraficantes colombianos ahora prefieren que los extraditen, porque el Gobierno norteamericano les ofrece un mecanismo de negociaci¨®n que se basa en cuatro grandes elementos. El primero, que el narcotraficante o criminal facilite toda la informaci¨®n que tenga en materia de rutas de tr¨¢fico de drogas, enlaces o c¨®mplices y estrategias de lavado de activos. A cambio de entregar a sus socios, y como segunda instancia, recibe una pena en c¨¢rcel relativamente baja, entre 5 y 7 a?os si colabora eficientemente. Tambi¨¦n, el criminal, como tercer paso, entrega los bienes que hubiese logrado a lo largo de su carrera delictiva. El Estado lo toma y al final de la pena le devuelve al criminal un m¨ªnimo porcentaje de su dinero. Por ¨²ltimo, si su colaboraci¨®n fue efectiva logra tener visa de residencia y se convierte en testigo protegido.

Para el caso colombiano, la nueva ley estipula que podr¨¢n desarrollarse sometimientos colectivos de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados a cambio de informaci¨®n. El Estado les entrega beneficios jur¨ªdicos que consisten en rebajas de penas de hasta el 50% para cr¨ªmenes comunes y para cr¨ªmenes Internacionales como delitos de lesa humanidad o cr¨ªmenes de guerra del 30%. Se establece, adem¨¢s, la posibilidad de reclusi¨®n en granjas agr¨ªcolas, que podr¨¢n ser de m¨¢xima, mediana o m¨ªnima seguridad.

La ley es un muy buen modelo de sometimiento. No debe olvidarse que este es uno de varios intentos que ha hecho el pa¨ªs. Tal vez el m¨¢s recordado y que se ha convertido en uno de los favoritos de las series de televisi¨®n es el caso de Pablo Escobar y su reclusi¨®n en la c¨¢rcel denominada La Catedral. El ensayo fue desastroso, al final el capo escap¨®, desde la c¨¢rcel sigui¨® dirigiendo sus negocios y nunca se entregaron ni bienes, ni contactos, ni nada. Pero despu¨¦s de casi tres d¨¦cadas de este intento, Colombia ha recorrido un largo camino y los aprendizajes son inmensos. Ahora, el Estado tiene las condiciones y fortalezas institucionales necesarias para lograr armar un buen modelo de sometimiento y, sobre todo, tiene la experiencia necesaria para no cometer los mismos errores.

En Colombia existen cinco organizaciones criminales que podr¨ªan someterse. En primer lugar, el Clan del Golfo, que ya ha manifestado su intenci¨®n de hacerlo. Luego est¨¢ un grupo denominado los Pelusos o EPL, tambi¨¦n un grupo en el suroriente del pa¨ªs denominado Los Puntilleros, la famosa Oficina, antes llamada Oficina de Envigado que existe desde las ¨¦pocas de Escobar y, por ¨²ltimo, los grupos de desertores de las FARC.

Los mayores opositores al sometimiento a la justicia de estas organizaciones criminales son agentes legales, tales como algunos miembros de la Fuerza P¨²blica, empresarios y pol¨ªticos que han entablado alianzas con estos criminales durante d¨¦cadas, y ahora saben que en el proceso de delaci¨®n pueden salir sus nombres a relucir. Por ello critican con tanta dureza este modelo de justicia. Sin embargo, estos procesos de deslegitimizaci¨®n no deben borrar la intenci¨®n de que los Estados puedan tomar medidas tendientes a la reducci¨®n de la violencia y el crimen sin afectar al Estado de derecho y este es el camino que comienza a recorrer Colombia.