Derechos humanos en la encrucijada
La Corte Penal Internacional y Venezuela
Ya es redundante decir que vivimos una ¨¦poca de exacerbaci¨®n de las viejas ideolog¨ªas. Sin embargo, no hemos reconocido lo suficiente que el precio a pagar es la erosi¨®n de la arquitectura normativa del sistema internacional, estructura de principios y valores que no se derivan de, ni son reducibles a, ideolog¨ªa alguna.
Ello ha causado que el sistema internacional no solo est¨¦ plagado de doble est¨¢ndares, aceptables dentro de ciertos par¨¢metros, sino que se halle en proceso franco de erosi¨®n. El test de Litmus de esta desafortunada realidad vuelve a ser Venezuela. El caso verifica las acciones contradictorias de las organizaciones cuya misi¨®n es proteger, hacer cumplir y promover los derechos humanos, tanto como reparar a las v¨ªctimas.
De hecho, mientras la OEA no se acobarda ante ning¨²n hierro caliente ¡ªVenezuela, pero tambi¨¦n Nicaragua y Cuba¡ª desde organizaciones extra regionales llegan mensajes de otro tipo, los cuales unas veces confunden, otras rebelan y casi siempre perturban. El siguiente ejemplo ilustra el punto.
En julio pasado se celebr¨® el vig¨¦simo aniversario de la firma del Estatuto de Roma, documento que cre¨® la Corte Penal Internacional. El acto tuvo lugar en su sede en La Haya. Como Estado parte del sistema, Venezuela asisti¨® a los actos conmemorativos. Es de protocolo invitar a todos los miembros, con lo cual la presencia de dicho pa¨ªs no fue necesariamente una sorpresa.
Lo inesperado fue qui¨¦n represent¨® a Venezuela: Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, corte colonizada por apparatchiks del partido gobernante que jam¨¢s emiti¨® una sentencia adversa al Ejecutivo. Moreno est¨¢ sancionado por la Uni¨®n Europea junto con otros altos funcionarios del r¨¦gimen por corrupci¨®n y violaciones a los derechos humanos. Su presencia en La Haya requiri¨® una autorizaci¨®n especial del gobierno holand¨¦s a solicitud de la Corte Penal.
Se deriva de ello que los Pa¨ªses Bajos est¨¢n dispuestos a hacer excepciones al principio jur¨ªdico de igualdad ante la ley. Que adem¨¢s esa sea la pol¨ªtica del tribunal encargado de juzgar y castigar cr¨ªmenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio transform¨® el evento en algo deshonroso.
O tal vez a¨²n peor cuando se lee que Moreno asegur¨® all¨ª que "el Poder Judicial venezolano garantiza el respeto por los derechos humanos del pueblo venezolano, as¨ª como la institucionalidad democr¨¢tica en la naci¨®n". Lo dijo sin importarle que la Corte Penal tenga el caso de Venezuela bajo la categor¨ªa de "Examen Preliminar", lo cual tampoco pareci¨® preocupar a los propios funcionarios de la Corte.
A ese punto el evento adquiri¨® ribetes de burla, a las v¨ªctimas de los cr¨ªmenes, a sus familiares y a la comunidad internacional. El 31 de mayo Luis Almagro le hizo llegar a la Fiscal General Fatou Basouda el informe del panel de juristas que examinaron la evidencia presentada en la OEA durante audiencias celebradas en 2017. Nombran a Maikel Moreno, por sus antecedentes criminales antes de convertirse en el juez m¨¢s importante de Venezuela, y al TSJ, por ser instrumental a los abusos all¨ª documentados. Concluye dicho informe que existe m¨¢s que razonable evidencia acerca de la comisi¨®n de cr¨ªmenes de lesa humanidad.
El 22 de junio, a su vez, Zeid Ra¡¯ad Al Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, emiti¨® un informe sobre Venezuela. Afirma que "dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen s¨®lidas razones para considerar una mayor implicaci¨®n de la Corte Penal Internacional en esta materia".
No queda claro, entonces, la renuencia de la Fiscal Basouda a transformar dicho examen preliminar en investigaci¨®n plena, de eso habla el Alto Comisionado al considerar "una mayor implicaci¨®n de la Corte Penal en esta materia". Y menos claro es, desde luego, que a pesar de toda evidencia, uno de los responsables de tales violaciones sea invitado por la propia Corte.
En Venezuela no solo se han cometido cr¨ªmenes de lesa humanidad sino que se siguen cometiendo, es un delito continuo. Si la Fiscal Basouda hubiera actuado, tal vez podr¨ªa haberle evitado la detenci¨®n ilegal, violaci¨®n del debido proceso y torturas al diputado Juan Requesens, hecho ocurrido el d¨ªa 7 de agosto. La foto del diputado, semidesnudo y con visibles signos de haber sido sometido a tratos crueles y degradantes, fue circulada por sus carceleros pero la Fiscal piensa que no hay suficiente evidencia.
La Corte Penal Internacional no aplica el principio de igualdad ante la ley. Los cr¨ªmenes de los que se ocupa se seleccionan arbitrariamente antes de ser considerados. Tal vez el filtro que se usa es la ideolog¨ªa de quienes est¨¢n en el poder, la geograf¨ªa del abuso o la cantidad de v¨ªctimas en cuesti¨®n. Son hip¨®tesis acerca de un doble est¨¢ndar flagrante y cuyo resultado es la reproducci¨®n de una injusticia.
Adem¨¢s de doble est¨¢ndar la Corte tambi¨¦n tiene mal gusto. Obligar a los asistentes a un evento sobre derechos humanos a tolerar la presencia y las palabras de Maikel Moreno es un insulto a su inteligencia, a sus principios y al propio ideal de justicia.
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