California elimina el sistema de fianzas que condena a los pobres a la c¨¢rcel

El gobernador de California, Jerry Brown, aprob¨® este martes una reforma del sistema de fianzas monetarias (money bail) que seg¨²n sus partidarios supone la ley m¨¢s avanzada en este sentido en el pa¨ªs. La ley elimina por completo el sistema por el que los pobres, en su mayor¨ªa negros y latinos, esperaban juicio en prisi¨®n preventiva por no poder permitirse unos pocos miles de d¨®lares de fianza. La ley californiana deb¨ªa ser un triunfo de los derechos civiles y un parteaguas en la lucha por reformar el sistema penal de Estados Unidos, el pa¨ªs con la mayor poblaci¨®n carcelaria del mundo. Sin embargo, ha sido criticada por las mismas organizaciones de derechos civiles que promueven esta causa.

El sistema de fianzas monetarias en Estados Unidos tiene unas consecuencias dram¨¢ticas para los segmentos m¨¢s pobres de la poblaci¨®n. Excepto en los delitos m¨¢s graves, cuando un detenido se presenta ante el juez tiene derecho a salir en libertad bajo fianza mientras espera el juicio. Esa fianza se entiende como garant¨ªa de que la persona se presentar¨¢ al juicio y se devuelve cuando efectivamente se presenta.

La generalizaci¨®n de esta pr¨¢ctica ha hecho que aquellos que no pueden permitirse una fianza t¨ªpica de 5.000 o 10.000 d¨®lares se vean abocados a la c¨¢rcel. Un juicio por una falta menor en California puede tardar 90 d¨ªas. Un juicio por un delito grave, hasta un a?o o m¨¢s. En ese tiempo se puede perder el trabajo, o la custodia de los hijos si no hay otra persona. Las consecuencias pueden ser dram¨¢ticas para la vida de una persona que no ha sido condenada pero simplemente no puede permitirse la fianza. Un estudio del Prison Policy Initiative se?ala que el 34% de los detenidos acaba en esta situaci¨®n.

El sistema de fianzas est¨¢ directamente relacionado con la explosi¨®n de los n¨²meros de la poblaci¨®n carcelaria y con el desproporcionado sesgo hacia los pobres y las minor¨ªas. Estados Unidos es el pa¨ªs con m¨¢s personas en prisi¨®n del mundo, 2,3 millones, de las cuales m¨¢s de medio mill¨®n no han sido juzgadas y est¨¢n provisionales. En California, la situaci¨®n lleg¨® a ser tan grave que un juez orden¨® reducir la poblaci¨®n carcelaria.

La nueva ley elimina este sistema y lo sustituye por unos criterios de evaluaci¨®n de riesgos que quedan en manos de las autoridades locales. Las personas que tengan riesgo de reincidencia o fuga bajo quedar¨¢n en libertad. Las que tengan riesgo medio depender¨¢n de esos criterios de evaluaci¨®n. Y en los casos considerados de alto riesgo no habr¨¢ posibilidad de libertad condicional.

La campa?a por la reforma de las fianzas se ha extendido por todo el pa¨ªs, como parte de la reforma de la justicia penal, y ya hay otros estados que han hecho avances significativos, como Kentucky, Nueva Jersey y el Distrito de Columbia. En el nivel federal, aliados tan extra?os como el senador libertario republicano Rand Paul y la senadora dem¨®crata californiana Kamala Harris lideran los esfuerzos para una reforma nacional. California va m¨¢s lejos que nadie hasta ahora al eliminar el sistema por completo para una poblaci¨®n de 39 millones de habitantes y sienta el est¨¢ndar para este debate en el resto del pa¨ªs.

¡°Hoy, California reforma su sistema de fianza para que tanto los pobres como los ricos sean tratados con justicia¡±, dijo el gobernador Brown en un comunicado. La ley fue aprobada con el apoyo de la mayor¨ªa (no todos) de los dem¨®cratas en el Legislativo y un voto republicano. Los dem¨®cratas tienen mayor¨ªa en las dos C¨¢maras. La ley entrar¨¢ en vigor el 1 de octubre de 2019.

Los dos a?os que ha tardado en aprobarse la ley SB10 han sido un ejemplo de la gran mara?a de intereses que hay alrededor del sistema penal. Por ejemplo, la ley ha generado las protestas de la industria de los prestamistas de fianzas. Se calcula que hay unos 7.000 prestamistas en California que se dedican a poner la fianza para aquellos que no pueden permit¨ªrsela. Normalmente, cobran un 10% de la cantidad. Es decir, si la fianza es 10.000, el detenido les paga 1.000 y ellos ponen la fianza. Estos prestamistas se responsabilizan de que el acusado se presente al juicio, o perder¨ªan su dinero. Todo este negocio, que literalmente desaparece con la nueva ley, ha prometido entorpecer su puesta en marcha.

Al mismo tiempo, la reforma ha sido duramente criticada por grupos de derechos civiles tan importantes como la Uni¨®n Americana de Derechos Civiles o Human Rights Watch, que fueron apoyos principales en el principio de la reforma. Estos grupos consideran que, al dejar todo a la discreci¨®n de los jueces, no se va a acabar con la principal consecuencia del sistema, que es el encarcelamiento masivo de personas en situaci¨®n provisional.

¡°La ley da a los jueces poder ilimitado para encerrar a la gente de forma preventiva sin fianza¡±, explica a EL PA?S John Raphling, de Human Rights Watch en Los ?ngeles. Meter a la gente en la c¨¢rcel, ¡°agiliza los casos¡± de manera ¡°perversa¡±, explica Raphling. Jueces y fiscales est¨¢n interesados en meter a casi todos los detenidos en prisi¨®n provisional porque de esa manera consiguen declaraciones de culpabilidad y acuerdos que evitan el juicio. La dureza de la c¨¢rcel, m¨¢s la perspectiva de arruinar tu vida seg¨²n pasan los d¨ªas, hace que la gente ¡°se enfrente al dilema de la c¨¢rcel o declararse culpable¡±. Con el sistema de fianzas, al menos si se trataba de un delito no grave el acusado ten¨ªa el derecho a salir bajo fianza. ¡°Ahora vas a estar a merced de los jueces. Les han dado poder ilimitado para meter a la gente en la c¨¢rcel¡±.