El aumento de asesinatos de ecologistas en Am¨¦rica Latina choca con la ret¨®rica de los Gobiernos

Aumenta la violencia y aumenta la ret¨®rica. Al menos?14 pa¨ªses de Latinoam¨¦rica y el Caribe, entre ellos M¨¦xico, Brasil y Guatemala, han ratificado este jueves en la Organizaci¨®n de las Naciones Unidas el Acuerdo de Escaz¨² (Costa Rica), un tratado para la protecci¨®n de los ecologistas. La firma llega dos meses despu¨¦s de conocerse los datos que registran un nuevo r¨¦cord de asesinatos de defensores del medio ambiente en el mundo. Alrededor del 60% de estos homicidios registrados por la ONG Global Witness ocurre justamente en la regi¨®n.

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La propuesta llega en un momento cr¨ªtico para el continente, marcado por la impunidad que se refleja en algunos casos simb¨®licos, como el asesinato en marzo del 2016 de la activista hondure?a Berta C¨¢ceres,?conocida por su defensa de la tierra, que tras dos a?os y medio de espera, contin¨²a impune. La gran mayor¨ªa de los homicidios se producen en contextos de disputas por los recursos naturales, particularmente el territorio. Ese el caso tambi¨¦n del l¨ªder ind¨ªgena Isidro Baldenegro, defensor de las comunidades y los bosques nativos de M¨¦xico, que fue tiroteado en enero de 2017 y que a¨²n no ha obtenido justicia.

Por lo menos 207 defensores del medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo en 2017, seg¨²n el informe anual de la organizaci¨®n internacional Global Witness. Un n¨²mero que ha ido en aumento en los ¨²ltimos a?os, ya que en 2016 se registraron 200 homicidios y en 2015, 185. El recuento que lleva esta ONG de los asesinatos ejecutados este a?o sobrepasaba en julio los 60, dentro de los cuales al menos una veintena se hab¨ªa producido en Latinoam¨¦rica.

¡°Este acuerdo es novedos¨ªsimo, es el ¨²nico que incorpora la defensa de los que est¨¢n luchando por los derechos humanos en asuntos ambientales¡±, asegura a este diario Alicia B¨¢rcena, secretaria ejecutiva de la Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU. La funcionaria asegura que el acuerdo, que retoma el principio 10 de la Declaraci¨®n de R¨ªo de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, resulta ¡°hist¨®rico¡± y que con este proyecto el continente se pone ¡°a la vanguardia¡±.

Sin embargo, las cr¨ªticas se centran en la poca especificidad del texto. ¡°El contenido no tiene mucho peso en t¨¦rminos pr¨¢cticos. Por ahora hay mucha ret¨®rica, pero poco sobre qu¨¦ significa. No tiene mucha informaci¨®n sobre los pasos concretos que tienen que aplicar los gobiernos¡±, manifiesta Billy Kyte, de Global Witness. El jefe de campa?as de defensa de la tierra y el medio ambiente de esta ONG asegura que se trata de ¡°un hito¡± pero mantiene una postura cauta ante la firma del Tratado porque, seg¨²n ¨¦l, la exitosa implementaci¨®n depender¨¢ de la voluntad de los pa¨ªses para cumplir con lo pactado.

El acuerdo, fruto de unas negociaciones en Costa Rica el pasado marzo, se apoya en cuestiones relativas al ¨¢rea medioambiental que incluyen el compromiso de los Gobiernos de facilitar a sus poblaciones el acceso a la informaci¨®n p¨²blica y a garantizar el acceso a la justicia a trav¨¦s de la creaci¨®n de ¨®rganos especializados en la materia. Adem¨¢s, el tratado compromete a las naciones a establecer mecanismos para la participaci¨®n p¨²blica en la toma de decisiones y promover entornos seguros para los defensores del medioambiente. En este ¨²ltimo punto se incluye la protecci¨®n de derechos b¨¢sicos como el ¡°derecho a la vida, integridad personal, libertad de opini¨®n y expresi¨®n, derecho de reuni¨®n y asociaci¨®n pac¨ªficas y derecho a circular libremente¡±.

Gustavo Alan¨ªs, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, se?ala que es importante que la sociedad civil compruebe que la implementaci¨®n se haga efectiva para que no resulte ¡°puro show o pura cortina de humo¡±. ¡°Ser¨ªa importante que los Estados que suscriben tengan claro que hay que tener institucionalidad, presupuestos y voluntad pol¨ªtica. Si lo hacen solamente por apariencia, podr¨ªan pagar un alto costo porque quedar¨ªan mal parados ante la comunidad internacional¡±, dice.

¡°Nos parece importante que esta herramienta exista reconocida internacionalmente. Sin embargo, no garantiza que la situaci¨®n cambie de la noche a la ma?ana. Si no hay presi¨®n a las autoridades, las cosas no cambiar¨¢n a pesar de la firma de este acuerdo¡±, asegura Violeta Vald¨¦s, secretaria t¨¦cnica del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, organizaci¨®n que lleva el nombre del ecologista ind¨ªgena mexicano asesinado en 2014.

Otro de los cuestionamiento que se le hace al texto de Escaz¨² es el art¨ªculo que garantiza el acceso a la justicia. Punto controversial para los pa¨ªses firmantes, donde el nivel de impunidad es alt¨ªsimo. ¡°Hemos suscrito a muchos tratados y muchos convenios. La mayor¨ªa de las herramientas para el acceso a la justicia existen pero est¨¢n mal aplicadas porque no hay voluntad pol¨ªtica por parte de las autoridades¡±, dice Sandino Rivero, abogado a cargo de la defensa de las causas judiciales de los activistas Antonio Esteban y Manuel Gaspar, tambi¨¦n asesinado el pasado mayo en Puebla (M¨¦xico).

B¨¢rcena, de la CEPAL, asegura que esta vez la situaci¨®n es diferente porque se trata de un acuerdo vinculante, lo que pondr¨¢ m¨¢s presi¨®n sobre los gobiernos para que formalicen lo acordado. ¡°Una vez que los pa¨ªses se han sumado a ello y lo ratifiquen, hay previsiones para que haya sanciones y autoridades internacionales que puedan actuar contra los Estados que no cumplan¡±, manifiesta.