29 asesinatos en a?o y medio: el riesgo de ser ecologista en M¨¦xico

"Preocupante". Ese es el diagn¨®stico del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) sobre la violencia contra los defensores del medioambiente en M¨¦xico. El saldo es de 29 asesinatos entre julio de 2016 y diciembre de 2017, seg¨²n el Informe anual que ha publicado el Cemda esta semana. Se produjeron, adem¨¢s,?88 ataques contra personas, organizaciones y comunidades en este mismo periodo. El Estado no solo ha fallado en brindar protecci¨®n efectiva, adem¨¢s ha sido se?alado como el principal agresor contra los ecologistas, alerta la organizaci¨®n.

El incremento de la violencia inquieta al Cemda, que en el periodo cubierto por su anterior informe solo registr¨® un asesinato, de julio de 2015 a julio de 2016. La organizaci¨®n alerta no solo del aumento cuantitativo de los ataques, sino tambi¨¦n del incremento en la intensidad de los mismos. "A pesar de que en 2017 se registraron menos ataques, los agresores han sido cada vez m¨¢s agresivos y violentos", afirma Alejandra Leyva, coordinadora del informe. "Vemos un panorama mucho m¨¢s violento que en otros a?os", agrega. Leyva apunta que M¨¦xico es ya el cuarto pa¨ªs m¨¢s peligroso para defender el medioambiente, seg¨²n?el ¨ªndice de Global Business. El pa¨ªs escal¨® siete pelda?os de 2016 a 2017, de acuerdo con este par¨¢metro.??

M¨¢s de una tercera parte de los ataques, que pueden comprender varias agresiones en un solo caso, provienen de las autoridades. De estos, un 57% fue perpetrado por Gobiernos estatales, un 26% por municipales y un 17% por federales, se?ala el informe. Las regiones con el mayor n¨²mero de casos son el Estado de M¨¦xico, con diez, Oaxaca y Puebla, con ocho cada uno, y Chiapas y Sonora, con seis.Tan solo en estos seis Estados, los ataques afectaron a 240 personas, 10 organizaciones y 30 comunidades ind¨ªgenas o campesinas.

"Nosotros existimos porque el Estado mexicano no hace bien su trabajo, existimos porque el Estado es un violador de derechos humanos", afirma la abogada Estela ?ngeles Mondrag¨®n, en uno de los testimonios recogidos por el informe. "Tiene que haber un reconocimiento a nuestra labor como defensores y un reconocimiento de que el Estado no puede terminar con nuestros recursos porque est¨¢ vendiendo nuestro territorio", exige la activista oaxaque?a Bettina Cruz. "Ellos violentan nuestros derechos y por otro lado dicen que nos protegen", relata.

La mayor¨ªa de las agresiones suelen ser f¨ªsicas, un 18%. La criminalizaci¨®n ocupa el segundo sitio, con un 16%. El homicidio es la tercera forma m¨¢s com¨²n, con un 15%. Los principales conflictos tienen que ver con el despojo de tierras y con la miner¨ªa, por los que se han contabilizado 17 casos. Los proyectos de infraestructura (14 casos), los hidroel¨¦ctricos (8 casos) y las obras o pol¨ªticas p¨²blicas relacionadas con el agua (7 casos) siguen en la lista de los enfrentamientos.

"Resulta inveros¨ªmil que en pleno siglo XXI las personas e integrantes de la sociedad civil que en M¨¦xico defienden los derechos humanos ambientales est¨¦n en una situaci¨®n de alto riesgo", ha lamentado el presidente y fundador de Cemda, Gustavo Alan¨ªs Ortega. Los datos recopilados por el Cemda suponen solo una parte de los problemas que enfrentan los ecologistas en M¨¦xico, se trata solo de las agresiones que han sido difundidas por los medios de comunicaci¨®n y las organizaciones no gubernamentales. "Hay much¨ªsimas agresiones que a¨²n no han salido a la luz porque no se visibilizan ni se verbalizan ni se denuncian, ya sea por miedo o falta de confianza", explica Leyva.

El informe de Cemda ha sido presentado dos a?os despu¨¦s del asesinato de la activista hondure?a Berta C¨¢ceres y apenas dos d¨ªas despu¨¦s de que 24 pa¨ªses de Am¨¦rica Latina y el Caribe firmaran el primer acuerdo vinculante en el mundo para proteger a sus l¨ªderes ambientales. El pacto, avalado por la Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina (Cepal), pone el foco en la llamada "democracia ambiental", un paradigma en el que la protecci¨®n del medioambiente se basa en la participaci¨®n colectiva y en la igualdad.

El acuerdo, tambi¨¦n conocido como el principio 10 de la Declaraci¨®n de R¨ªo de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se negoci¨® desde 2014 y estar¨¢ abierto a la firma y ratificaci¨®n de los 33 pa¨ªses del continente hasta 2020. Aunque el acuerdo se adopt¨® de forma regional, M¨¦xico no lo ha firmado ni lo ha ratificado a¨²n, reclaman varias organizaciones no gubernamentales.

El gran reto ser¨¢ que Am¨¦rica Latina, una regi¨®n que hist¨®ricamente ha alineado su pol¨ªtica exterior a principios garantistas, materialice los ideales del nuevo acuerdo en el terreno. Al menos 212 defensores de derechos humanos fueron asesinados el a?o pasado en la regi¨®n, dos de cada tres activistas asesinados en el mundo, seg¨²n un informe de la ONG Front Line Defenders. El Cemda ha registrado 391 ataques a defensores del medioambiente en M¨¦xico desde 2010.