Berta C¨¢ceres, la justicia que no llega
El juicio por el asesinato de la activista hondure?a ha sido suspendido. La familia de la ecologista teme una farsa que no llegue hasta el fondo
Tras dos a?os y medio de espera, toda la atenci¨®n de ecologistas y activistas de los Derechos Humanos en Centroam¨¦rica estaban puestos en un tribunal de Tegucigalpa (Honduras), donde el pasado lunes deb¨ªa comenzar el juicio contra los asesinos de la l¨ªder ecologista Berta C¨¢ceres. En el banquillo est¨¢n sentados nueve hombres ¨Cresponsables de la empresa hidroel¨¦ctrica DESA, exmilitares y sicarios a sueldo¨C, pero minutos despu¨¦s de que empezara, el tribunal fue recusado por la familia de C¨¢ceres y el juicio entr¨® en un receso que deber¨¢ resolverse en los pr¨®ximos d¨ªas.
Se juzga lo sucedido la noche del 2 de marzo de 2016 cuando dos asesinos le metieron tres tiros en el abdomen a Berta C¨¢ceres e intentaron acabar con su amigo el ambientalista mexicano Gustavo Castro a quien la bala le roz¨® la oreja. El Consejo de Organizaciones Populares e Ind¨ªgenas (Copinh), que dirig¨ªa C¨¢ceres, era la piedra en el zapato de un millonario proyecto hidroel¨¦ctrico Agua Zarca que pretend¨ªa dejar sin agua el r¨ªo Gualcarque, sagrado para los lencas (pueblo mesoamericano).
Entre los detenidos figuran el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo, acusado de ser el autor intelectual; Sergio Rodr¨ªguez, gerente de asuntos ambientales de la empresa; y Douglas Bustillo, jefe de seguridad entre 2013 y 2015. Antes de morir, C¨¢ceres los hab¨ªa denunciado p¨²blicamente por amenazas de muerte.
Seg¨²n la fiscal¨ªa, el presidente ejecutivo y el gerente de DESA pidieron a su jefe de seguridad, Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. A su vez, Bustillo recurri¨® a un viejo amigo de su etapa en el cuartel, el mayor Mariano D¨ªaz Ch¨¢vez, instructor de la Polic¨ªa Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Al ¨²ltimo de ellos lo capturaron en enero de 2017 en una peluquer¨ªa de Reynosa, en el Estado mexicano de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos donde trabajaba. Hab¨ªa recibido 50.000 lempiras (unos 2.200 d¨®lares) por apretar el gatillo.
Tras dos a?os de detenciones y retrasos, el juicio comenz¨® rodeado de pol¨¦mica por las denuncias de irregularidades y ha entrado en un limbo extra?o del que la familia recela. Para la hija de la activista "s¨®lo se ha detenido a cargos intermedios" y apuntan a la poderosa familia Atala, propietaria de la empresa, dijo en una entrevista reciente en El PA?S.
Para?Berta Z¨²?iga C¨¢ceres, hija de la activista asesinada,?el juicio es una "farsa" y exige "justicia verdadera para desmontar la estructura criminal que mat¨® a mi madre". "Hay irregularidades tan grandes que [los acusados] podr¨ªan quedar en libertad en cualquier momento por defectos de forma", asegura. La empresa por su parte se ha deslindado del homicidio y ha defendido a su presidente se?alando que se trata de una "detenci¨®n injusta" fruto de la "presi¨®n internacional y de las ONG".
El asesinato de Berta C¨¢ceres provoc¨® hace dos a?os la condena un¨¢nime a nivel mundial. Un a?o antes, en abril de 2015, la ecologista hondure?a hab¨ªa recibido el Goldman Environmental Prize, el Nobel verde, y tras su fallecimiento Estados Unidos, la ONU y hasta el Vaticano exigieron el esclarecimiento del caso.
Berta C¨¢ceres pas¨® entonces a ser un s¨ªmbolo de defensa de la tierra en un pa¨ªs donde los h¨¦roes se cuentan por muertos. Sin embargo, m¨¢s de dos a?os despu¨¦s, algunas cosas han cambiado un poco. El proyecto hidroel¨¦ctrico que le cost¨® la vida sigue en manos de DESA, la sospechosa empresa de donde habr¨ªa salido la orden de la ejecuci¨®n, anunci¨® la cancelaci¨®n del proyecto,?aunque como gesto de buena voluntad. Al mismo tiempo, el asesinato de activistas y ecologistas en Honduras ha seguido su macabro ritmo y 123 activistas asesinados en los ¨²ltimos ocho a?os, Honduras sigue siendo el pa¨ªs m¨¢s peligroso del mundo para los defensores de la tierra, seg¨²n Global Witness.
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