El fiscal general de Per¨² entorpece la investigaci¨®n de la mafia en el sistema de justicia

El fiscal general de Per¨², Pedro Ch¨¢varry, tom¨® ¨Centre el pasado domingo y el lunes¨C tres decisiones que obstaculizan el avance de las investigaciones de la red de corrupci¨®n en el sistema de justicia, la organizaci¨®n criminal llamada Cuellos Blancos del Puerto. Una de las responsables de la pesquisa, la fiscal supraprovincial del Callao Sandra Castro ha solicitado al fiscal general personal para transcribir m¨¢s de 20.000 audios de la corrupci¨®n, dada su carga adicional de trabajo sobre lavado de activos, pero el domingo Ch¨¢varry le encarg¨® una diligencia distinta: participar en una operaci¨®n de tres d¨ªas contra el blanqueo de capitales en el aeropuerto y luego elaborar un informe detallado.

Roc¨ªo S¨¢nchez, la otra responsable de la investigaci¨®n a la mafia formada por jueces, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pol¨ªticos y empresarios, pidi¨® en agosto al fiscal general que delegue casos de lavado de activos a un fiscal especializado en ese rubro para que ella y su colega puedan dedicarse enteramente a los Cuellos Blancos del Puerto, pero el titular del ministerio p¨²blico no respondi¨®.

Ambas magistradas son las responsables de crimen organizado y lavado de activos en el Callao, donde se ubican el principal puerto del pa¨ªs y el aeropuerto internacional Jorge Ch¨¢vez, y por tanto, son puntos de operaci¨®n del narco y de otras bandas criminales. Un informe de agosto realizado por Castro se?ala que Ch¨¢varry es un presunto miembro de la trama de corrupci¨®n. Sin embargo, las investigaciones para dilucidarlo no inician porque la mayor¨ªa fujimorista en el Congreso lo impide: cuatro denuncias en su contra por infracci¨®n constitucional a¨²n no han sido debatidas desde agosto, porque el presidente de la comisi¨®n parlamentaria que debe tratarlas se niega a hacerlo. Se trata del parlamentario fujimorista C¨¦sar Segura. Si el Congreso no lo denuncia constitucionalmente y le levanta el fuero, la investigaci¨®n penal sigue congelada.

Algunos di¨¢logos en la aplicaci¨®n de mensajer¨ªa Telegram de la l¨ªder de la oposici¨®n, Keiko Fujimori, con los congresistas del comit¨¦ pol¨ªtico de su partido, indicaban entre agosto y septiembre que para el fujimorismo la permanencia de Ch¨¢varry como cabeza del ministerio p¨²blico es un ¡°asunto de supervivencia¡± y que deb¨ªan ¡°blindarlo¡±.

Los chats, difundidos por la publicaci¨®n digital IDL-Reporteros en octubre, proced¨ªan de un congresista de Fuerza Popular investigado por ser uno de los que colabor¨®, en 2011, a blanquear el dinero que la empresa brasile?a Odebrecht entreg¨® a la campa?a electoral de la entonces candidata presidencial Fujimori.

Este a?o, la l¨ªder fujimorista acudi¨® al presunto responsable de los Cuellos Blancos del Puerto, el hoy destituido juez C¨¦sar Hinostroza, con el fin de que la investigaci¨®n en su contra sobre los fondos de campa?a de 2011 no continuara bajo la ley de crimen organizado. Desde el 31 de octubre, la hija mayor del expresidente aut¨®crata Alberto Fujimori est¨¢ en detenci¨®n preventiva para que no ponga en peligro las investigaciones del fiscal provincial Jos¨¦ Domingo P¨¦rez sobre la organizaci¨®n criminal que se insert¨® en el partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) con el fin de blanquear los fondos recibidos de Odebrecht para la campa?a electoral.

P¨¦rez interrogar¨¢ al fiscal general el pr¨®ximo lunes acerca de su relaci¨®n con Keiko Fujimori y los di¨¢logos de los congresistas fujimoristas y uno de los asesores de la excandidata presidencial sobre la necesidad de blindarlo en el Parlamento.

El lunes 13, el fiscal P¨¦rez fue notificado de que el fiscal general autoriz¨® un proceso interno de sanci¨®n disciplinaria en su contra. ?El motivo? Ch¨¢varry pide que el fiscal provincial explique al ¨®rgano de control interno de la Fiscal¨ªa por qu¨¦ us¨® el t¨¦rmino "guerrilla" al aludir al grupo mao¨ªsta Sendero Luminoso en una conferencia acad¨¦mica en Chihuahua en octubre. Sendero Luminoso inici¨® en 1980 un per¨ªodo de 20 a?os de violencia en Per¨² mediante acciones terroristas, con el fin de capturar el Estado y fue responsable por m¨¢s de la mitad de las v¨ªctimas de ese per¨ªodo, seg¨²n el informe de 2003 de la Comisi¨®n de la Verdad y Reconciliaci¨®n.

El viernes ¨²ltimo, el semanario Hildebrandt en sus Trece revel¨® que el fiscal general tiene dos planes contra el fiscal que investiga a Keiko Fujimori y once de sus colaboradores: uno es la sanci¨®n disciplinaria, o el ascenso a fiscal superior para obligarlo a dejar el caso de Fuerza 2011.

En paralelo, el lunes el fiscal Ch¨¢varry retir¨® al jefe de P¨¦rez, el fiscal superior Rafael Vela, de la entidad que decide el destino de los bienes incautados en delitos cometidos en agravio del Estado. Vela, es el coordinador nacional de las fiscal¨ªas de lavado de activos y p¨¦rdida de dominio y fue designado en junio de 2017 como representante del Ministerio P¨²blico en el Consejo Directivo del Programa Nacional de Bienes Incautados, debido a su condici¨®n de experto en el rubro, indic¨® una fuente de la Fiscal¨ªa a EL PA?S. Es adem¨¢s, el magistrado que coordina el equipo especial Lava Jato en el Ministerio P¨²blico.

Ante las cr¨ªticas a la decisi¨®n del fiscal general, el ministerio p¨²blico emiti¨® un comunicado aclarando que Vela desempe?aba all¨ª ¡°asuntos meramente administrativos¡±, pero en los corrillos de la avenida Abancay entienden la orden de Ch¨¢varry como una m¨¢s para ¡°molestar y hartar¡± a los fiscales que encabezan la anticorrupci¨®n y figuran con la mayor aprobaci¨®n ciudadana en las encuestas por su desempe?o.