La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Venezuela por un caso de violaci¨®n y tortura

Linda Loaiza L¨®pez Soto, una abogada v¨ªctima de torturas y abuso sexual, no ha visto justicia en Venezuela. De ah¨ª que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San Jos¨¦ de Costa Rica, haya declarado este viernes responsable al Estado presidido por Nicol¨¢s Maduro por violar varias disposiciones de convenciones internacionales. ¡°Es un logro muy importante para el avance de los derechos de las mujeres. Para m¨ª y mi familia es significativo y (un) reconocimiento. Todos estos a?os hemos sido revictimizados por diferentes instituciones del sistema judicial¡±, valora en una entrevista telef¨®nica con EL PA?S.?

Venezuela nunca hab¨ªa sido sancionada por un caso de violencia de g¨¦nero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Am¨¦rica Latina se convierte en una excepci¨®n. Esta es la primera vez que el sistema interamericano de derechos humanos sanciona a un Estado por el delito de tortura y esclavitud sexual cometido por un particular.

La historia es bien conocida en el pa¨ªs sudamericano. El 27 de marzo de 2001, L¨®pez fue secuestrada, violada y torturada durante casi cuatro meses por Luis Carrera Almoina -hijo de un exrector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela y sobrino de un influyente historiador- en un departamento de la acomodada urbanizaci¨®n Los Palos Grandes, en el este de Caracas. La mujer, entonces de 18 a?os de edad, hab¨ªa permanecido amarrada, golpeada salvajemente, quemada con cigarrillos, mordida, abusada sexualmente, privada de alimentos y sometida a otros actos crueles. Las secuelas de tal atrocidad provocaron que estuviera un a?o hospitalizada y se sometiera a 15 cirug¨ªas, incluyendo una reconstrucci¨®n de los labios, nariz, pabell¨®n auricular y vaginal.

Durante su ausencia, su hermana, Ana Secilia L¨®pez, denunci¨® seis veces la desaparici¨®n ante la polic¨ªa. El cuerpo de seguridad neg¨® esa versi¨®n. De ah¨ª sigui¨® una lucha contra la impunidad y los estereotipos. En 2004, la joven emprendi¨® durante 13 d¨ªas una huelga de hambre frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, para exigir que Carrera Almoina fuese llevado a juicio. Pero su agresor solo fue condenado por los delitos de privaci¨®n de la libertad y lesiones grav¨ªsimas, pero absuelto del crimen de violaci¨®n. En 2008, la pena del hombre, conocido como el ¡°Monstruo de los Palos Grandes¡±, se declar¨® cumplida y solo permanece pendiente una revisi¨®n del proceso por haber abusado de L¨®pez. ¡°El caso contin¨²a en impunidad porque los hechos de violencia sexual cometidos en mi contra no han sido sancionados por el Estado venezolano¡­ ?l cumpli¨® su irrisoria pena, otorgada por el tribunal s¨¦ptimo de juicio, y est¨¢ en libertad desde ese momento. No s¨¦ d¨®nde est¨¢, ni a qu¨¦ se dedica o qu¨¦ hace. Yo me he dedicado a mi recuperaci¨®n f¨ªsica y psicol¨®gica, y a la b¨²squeda de justicia¡±, agrega la joven.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), asentado en Estados Unidos, confirma que L¨®pez fue ¡°revictimizada¡± a trav¨¦s de un proceso judicial que estuvo ¡°plagado de estereotipos de g¨¦nero, irregularidades, retrasos y hasta destrucci¨®n de evidencia¡±. En total, la organizaci¨®n cuenta 37 diferimientos de audiencias y 10 ¡°inhibiciones¡± por parte de los funcionarios judiciales. En solo tres a?os el proceso fue rechazado por 59 jueces.

La denuncia ingres¨® en el sistema interamericano el 11 de noviembre de 2007. La sentencia de la CIDH especifica que Venezuela viol¨® los derechos al reconocimiento de la personalidad jur¨ªdica, integridad personal, prohibici¨®n de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibici¨®n de la esclavitud, libertad personal, garant¨ªas judiciales, dignidad, autonom¨ªa y vida privada, circulaci¨®n y residencia, igualdad ante la ley y protecci¨®n judicial. Tambi¨¦n determina que incumpli¨® con las obligaciones derivadas de art¨ªculos de varias convenciones internacionales, y adem¨¢s declara la responsabilidad del Estado por la vulneraci¨®n del derecho a la integridad personal de la familia de L¨®pez Soto.

Hasta ahora las instituciones judiciales venezolanas no se han pronunciado sobre el dictamen. Desde la sentencia del caso de ¡°El Caracazo¡±, un levantamiento social contra el gobierno de Carlos Andr¨¦s P¨¦rez que devino en el asesinato de decenas de personas en 1989, no se han acatado decisiones de la corte. ¡°Ese es el ¨²nico. En ese caso se ha cumplido con sus fases de reparaci¨®n pecuniaria (econ¨®mica), en la publicaci¨®n de la sentencia y otras medidas de reparaci¨®n. Pero el Estado a¨²n no ha acatado ninguna sentencia sucesiva de la Corte Interamericana. Todav¨ªa est¨¢n pendientes muchas¡±, detalla Liliana Ortega, directora de la ONG Comit¨¦ de Familiares de las V¨ªctimas, que acompa?¨® a L¨®pez en su acusaci¨®n en el sistema interamericano.

El tribunal ha ordenado que, entre las medidas de reparaci¨®n, se investigue y sancione a los responsables por los delitos de tortura y violaci¨®n, determinar responsabilidades de funcionarios que no investigaron desde un primer momento lo sucedido a L¨®pez y que se le conceda una beca de estudios para que pueda concluir con su formaci¨®n profesional. ¡°Cuando el Estado venezolano ejecute el contenido ¨ªntegro de la sentencia, podr¨¦ hablar de justicia. Entretanto, persiste la impunidad¡±, asegura.