El elocuente silencio del Ej¨¦rcito durante la crisis de Nicaragua
Expertos en seguridad critican la postura de los militares, que no se han pronunciado sobre la masacre ni la dura represi¨®n contra los manifestantes que exigen el fin del r¨¦gimen de Ortega
Tras nueve meses de una profunda crisis pol¨ªtica que ha costado la vida de al menos 325 personas, Nicaragua se enfrenta a un incierto 2019, aunque con la expectativa de una posible transici¨®n que, en opini¨®n de los expertos en seguridad, podr¨ªa tener como garante a un actor que hasta ahora ha guardado un elocuente silencio: el Ej¨¦rcito. En un pa¨ªs que se asoma al abismo por la intransigencia del presidente Daniel Ortega de abrirse a una negociaci¨®n, son los militares quienes podr¨ªan jugar un rol determinante a la hora de evitar una salida ca¨®tica, aunque la poblaci¨®n ve con recelo a quienes los analistas se?alan de mantener un ¡°silencio c¨®mplice¡± frente a la sangr¨ªa desatada por Ortega en este pa¨ªs centroamericano.
¡°Los militares no han dicho nada de los asesinados, heridos, capturados ilegalmente, los desaparecidos y los exiliados. Tampoco han dicho una sola palabra sobre el supuesto ¡°intento de golpe de Estado¡± que ha esgrimido Ortega para justificar el ba?o de sangre. Se muestran insensibles. Ese silencio los ha convertido en c¨®mplices silenciosos de Ortega: No intervienen ni a favor ni en contra, y en esta situaci¨®n en Nicaragua es dif¨ªcil mantener una postura de neutralidad¡±, explica Roberto Cajina, consultor civil en seguridad.
La confianza de los nicarag¨¹enses hacia una instituci¨®n que era muy respetada en el pa¨ªs se ha desplomado. El Latinobar¨®metro publicado en septiembre revelaba que solo el 22% de la poblaci¨®n conf¨ªa en el Ej¨¦rcito, mientras en las redes sociales los ciudadanos critican su silencio y hasta exigen que sea derogado, tal y como hicieron sus vecinos costarricenses. Pero no solo el silencio frente a la crisis ha afectado la imagen de los militares. Durante una d¨¦cada Ortega ha reformado las leyes nicarag¨¹enses para garantizarse una mayor influencia y control del Ej¨¦rcito. Ortega comenz¨® un proceso de cambio en la Constituci¨®n pol¨ªtica de Nicaragua, que termin¨® en 2013 con una reforma apoyada por la jefatura militar y en la que el presidente se garantizaba la reelecci¨®n indefinida y con ella la permanencia en el poder. Adem¨¢s, el mandatario, cuyo partido controla la Asamblea Nacional, present¨® una reforma al C¨®digo Militar en la que se eliminaba la prohibici¨®n de reelecci¨®n para el jefe militar, y en julio de 2014, a golpe de decreto, a trav¨¦s de su esposa y vocera oficial, Rosario Murillo, se inform¨® a la naci¨®n de que hab¨ªa ordenado al general Julio C¨¦sar Avil¨¦s mantenerse como jefe del Ej¨¦rcito, rompiendo de esta manera el cambio peri¨®dico que se realizaba cada cinco a?os en la jefatura militar.
¡°Es muy probable que el silencio que el Ej¨¦rcito ha guardado a lo largo de la crisis, pero en especial sobre la masacre, haya sido el disparador de la p¨¦rdida de legitimidad de la instituci¨®n ante la poblaci¨®n y que, a la vez, le consideren c¨®mplice, c¨®mplice silencioso del r¨¦gimen Ortega-Murillo¡±, explica Cajina. ¡°Este es sin duda uno de los costos pol¨ªticos del silencio de los militares y no estoy claro si estos estaban conscientes de ese efecto que, por cierto, no es un da?o colateral para el Ej¨¦rcito. Igualmente es un tanto borroso, imposible de predecir, en qu¨¦ medida influir¨¢n esas dos percepciones de la poblaci¨®n sobre el papel del Ej¨¦rcito en la transici¨®n¡±.
La crisis comenz¨® en abril, cuando los nicarag¨¹enses se manifestaron contra la imposici¨®n de una reforma a la seguridad social que pretend¨ªa bajar las pensiones de los jubilados y aumentar el porcentaje que la patronal paga para mantener este beneficio a los trabajadores. La violenta respuesta de Ortega a esas primeras manifestaciones hizo que se desatara un estallido social que pronto exig¨ªa el fin de 12 a?os de gobierno sandinista. El exguerillero reaccion¨® con una brutal represi¨®n y arm¨® a exmilitares, expolic¨ªas y sus seguidores m¨¢s fanatizados en las llamadas ¡°caravanas de la muerte¡±, que sembraron de terror las ciudades nicarag¨¹enses, incluyendo Managua. Estos grupos irregulares que portaban armas de guerra ¨C¨Cdenominados ¡°paramilitares¡±¨C¨C desataron la peor matanza que ha sufrido este pa¨ªs en tiempos de paz, a vista y paciencia del Ej¨¦rcito, que en ning¨²n momento intervino.
Para Cajina esta postura complaciente del Ej¨¦rcito fundamenta sus razones en la necesidad de ¡°sobrevivir¡± como instituci¨®n frente a un cambio de r¨¦gimen, en el que no se le acuse de haber violentado los derechos humanos al participar activamente en la represi¨®n, pero tambi¨¦n est¨¢ relacionada a preservar los millonarios intereses econ¨®micos que los militares manejan a trav¨¦s del denominado Instituto de Previsi¨®n Social Militar (IPSM), que administra los fondos de retiro de los militares y que seg¨²n Cajina contaba con al menos cien millones de d¨®lares invertidos en 2012 en la Bolsa de Valores de Nueva York, mas millonarios negocios abiertos en Nicaragua al amparo del r¨¦gimen de Ortega. En diciembre Estados Unidos anunci¨® sanciones contra todo funcionario que haya participado en la represi¨®n, lo que incluye el congelamiento de cuentas bancarias o la imposibilidad de hacer negocios en ese pa¨ªs, y los militares no quieren correr el riesgo de ver afectados sus intereses econ¨®micos. ¡°La primera gota de sangre que salga de una bala del Ej¨¦rcito significar¨¢ el congelamiento de esos fondos¡±, afirma Cajina.
Antes de abril ¡°el Ej¨¦rcito ten¨ªa una alianza econ¨®mica y pol¨ªtica muy fuerte con el grupo Ortega-Murillo y ya hab¨ªa tambi¨¦n una serie de denuncias en relaci¨®n con su actuaci¨®n, sobre todo en las zonas rurales. Esa relaci¨®n se consideraba de subordinaci¨®n a Ortega y Murillo, pero para m¨ª era una alianza interesada y a conveniencia por los negocios y empresas del Ej¨¦rcito¡±, explica Elvira Cuadra, sociolog¨ªa investigadora en temas de seguridad. ¡°Una vez que comenzaron a actuar los grupos paramilitares, la posici¨®n del Ej¨¦rcito se ve comprometida, porque la constituci¨®n dice que no es posible que existan otros cuerpos armados dentro del territorio nacional. Estos grupos son fuerzas irregulares que actuaron completamente al margen de la ley, con uso de armas de fuego letales, lo que est¨¢ prohibido por la Constituci¨®n y las leyes. La actitud de omisi¨®n del Ej¨¦rcito se comenz¨® a ver como una complicidad pasiva, porque si bien es cierto que est¨¢ subordinado a la autoridad del presidente, tambi¨¦n es cierto que su papel como instituci¨®n del Estado le obliga a proteger el territorio, la poblaci¨®n y responder principios fundamentales como el respeto a los derechos humanos de la poblaci¨®n civil, que estaban siendo violentados por los grupos paramilitares¡±.
Cuadra afirma que en Nicaragua no se debe ver al Ej¨¦rcito como un actor pol¨ªtico que ¡°incline la balanza¡± de cara a una salida de la crisis, pero asegura que s¨ª puede hacer un aporte ¡°crucial¡± de cara a una futura negociaci¨®n que contribuya a restablecer la democracia en Nicaragua. ¡°Todav¨ªa est¨¢n a tiempo¡±, advierte la acad¨¦mica, ¡°hay que hacer un llamado a la jefatura del Ej¨¦rcito para que eval¨²e bien su papel como una instituci¨®n que se debe a la naci¨®n y sobre el papel futuro que deben jugar en una ¨¦poca democr¨¢tica nueva¡±. Cuadra afirma, sin embargo, que en un nuevo r¨¦gimen el Ej¨¦rcito debe someterse a una ¡°revisi¨®n¡± para valorar el papel que ha jugado durante la crisis que desangra al pa¨ªs.
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