El Estado de derecho soy yo

No dimiti¨® por lo que le exig¨ªan amplios sectores pol¨ªticos y de la sociedad colombiana y lo hizo por su rechazo a una decisi¨®n del tribunal de paz. El hasta ahora fiscal general de la naci¨®n, N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez, se aferr¨® a su cargo a pesar de los serios cuestionamientos que sembraron dudas y sospechas sobre su trabajo en la investigaci¨®n del caso Odebrecht. Y finalmente opt¨® por renunciar revolvi¨¦ndose nada menos que contra el funcionamiento de una pata del sistema de justicia. ¡°Solo una persona de mi recorrido puede luchar contra la corrupci¨®n en Colombia¡±, se defendi¨® a finales del a?o pasado para justificar su gesti¨®n de las indagaciones de los sobornos pagados en Colombia por la constructora brasile?a. Hoy recurre a un argumento parecido. El Estado de derecho soy yo, viene a decir el ya exresponsable del organismo para explicar su salida.

Mart¨ªnez ofreci¨® una justificaci¨®n m¨¢s vinculada a los equilibrios pol¨ªticos y al ejercicio del poder que al desempe?o de un fiscal general. Habl¨® de la supuesta consolidaci¨®n de "un estado de cosas antijur¨ªdico", de la exposici¨®n de la sociedad frente al crimen y arremeti¨® contra la decisi¨®n de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) de negar la extradici¨®n a Estados Unidos del excomandante de las FARC Jes¨²s Santrich. Su disconformidad es leg¨ªtima, aunque resulta m¨¢s llamativa la reacci¨®n. La corte encargada de juzgar los cr¨ªmenes del conflicto armado determin¨® que la Fiscal¨ªa no present¨® las evidencias suficientes que permitan incriminar al exguerrillero por narcotr¨¢fico, pese a llevar un a?o en la c¨¢rcel. El mensaje de Mart¨ªnez alude a un "desaf¨ªo al orden jur¨ªdico" y hasta hace un llamamiento a la movilizaci¨®n de los ciudadanos "por el restablecimiento de la legalidad". Una fotograf¨ªa en las ant¨ªpodas de la que se vio hace meses, a principios de enero, cuando miles de colombianos pidieron en la calle su dimisi¨®n.

Exministro en los Gobiernos de Ernesto Samper, Andr¨¦s Pastrana y Juan Manuel Santos, fue designado como fiscal en 2016. Ya entonces, su inclusi¨®n en la terna levant¨® pol¨¦mica por sus relaciones con el poder econ¨®mico, su actividad como letrado y posibles conflictos de intereses. Esa posibilidad aflor¨® m¨¢s tarde precisamente a ra¨ªz del caso Odebrecht. El pasado noviembre se conocieron las grabaciones del testigo principal de la trama corrupta, Jorge Enrique Pizano, cuya repentina muerte sacudi¨® al pa¨ªs. Las pesquisas establecieron que para obtener la licitaci¨®n de un tramo de una v¨ªa llamada Ruta del Sol, que conecta Los Andes con el Caribe, la compa?¨ªa pag¨® sobornos por al menos 19 millones de d¨®lares. La constructora, adem¨¢s, tuvo un socio local en ese proyecto, Corficolombiana, una empresa de servicios financieros propiedad del Grupo Aval, de la que N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez era abogado.

Pizano, auditor de la obra, se reuni¨® con ¨¦l para trasladarle sus inquietudes sobre las contrataciones y presuntas irregularidades. Seg¨²n los audios, el exfiscal le inst¨® a que se quedara "quieto". ?Por qu¨¦ lo hizo? Este defendi¨® en una conversaci¨®n con EL PA?S que investigar esas sospechas no era su trabajo. "Mi oficio era hacer preguntas para llev¨¢rselas a Luis Carlos Sarmiento [presidente del Grupo Aval].... Entonces hay dos escenarios. Uno es N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez como ciudadano y como abogado que recibe una informaci¨®n, hace una pregunta obvia, estos son delitos y le dicen que no hay certeza. Va y lleva y cumple con su funci¨®n. Y otro es la actividad del se?or Mart¨ªnez como servidor p¨²blico en donde se puede demostrar que esta Fiscal¨ªa ha ido hasta el ¨²ltimo de los detalles, buscando los casos de corrupci¨®n", afirm¨®. El N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez fiscal decidi¨® hoy que no le gustan las decisiones del sistema de justicia transicional.