El fiscal de Colombia dimite tras la orden de liberaci¨®n de un exl¨ªder de las FARC

La decisi¨®n de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) de ordenar este mi¨¦rcoles la libertad inmediata de Jes¨²s Santrich, un excomandante de la extinta guerrilla de las FARC pedido en extradici¨®n por Estados Unidos se?alado de narcotr¨¢fico, ha provocado un terremoto pol¨ªtico de consecuencias imprevisibles en Colombia. Pocos minutos despu¨¦s de que se conociera la decisi¨®n del sistema de justicia transicional, el controvertido Fiscal General de la Naci¨®n, N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez, present¨® su ¡°renuncia irrevocable¡±.

En un caso de profundas ramificaciones, la secci¨®n de revisi¨®n de la JEP anunci¨® antes del mediod¨ªa que decidi¨® aplicar la garant¨ªa de no extradici¨®n contemplada en los acuerdos de paz a Seuxis Paucias Hern¨¢ndez Solarte, el nombre legal de Santrich. Al explicar su decisi¨®n mayoritaria ¨Cque tuvo el salvamento de voto de dos de cinco magistrados-, el tribunal se?al¨® que no pudo evaluar la conducta de Santrich, ni determinar la fecha, ¡°dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Am¨¦rica no remiti¨® las evidencias solicitadas¡± y en las interceptaciones telef¨®nicas de otro caso, que la fiscal¨ªa envi¨® a la JEP, ¡°no se revel¨® la conducta atribuida a Hern¨¢ndez Solarte en la solicitud de extradici¨®n¡±.

A los pocos minutos, Mart¨ªnez present¨® su dimisi¨®n. ¡°Se abri¨® una puerta falsa para restringir la extradici¨®n¡±, declar¨® el fiscal al se?alar que la secci¨®n de revisi¨®n del tribunal para la paz adopt¨® una decisi¨®n que ¡°desaf¨ªa la evidencia aportada por los Estados Unidos y por esta fiscal¨ªa¡±. Mart¨ªnez se asegur¨® de subrayar vehementemente que en su opini¨®n ¡°las pruebas son concluyentes, inequ¨ªvocas¡±, y que el dictamen de la JEP ¡°hace trizas la cooperaci¨®n judicial internacional¡±. ¡°Ese desaf¨ªo al orden jur¨ªdico no ser¨¢ refrendado por el suscrito¡±, concluy¨® con dramatismo. Para empeorar el vac¨ªo institucional, la vicefiscal Mar¨ªa Paulina Riveros, la llamada a remplazarlo mientras se elige un nuevo fiscal, tambi¨¦n dimiti¨®.

Al final de la jornada, el presidente Iv¨¢n Duque respald¨® en una declaraci¨®n la decisi¨®n de la procuradur¨ªa de apelar el fallo de la JEP. Aunque lament¨® la renuncia del fiscal, se mostr¨® respetuoso de la separaci¨®n de poderes y prometi¨® preservar la solidez institucional. "No estamos ante un caso cerrado", apunt¨®. "Toda la institucionalidad del Estado garantizar¨¢ la aplicaci¨®n de la justicia, la cooperaci¨®n judicial, y todas las herramientas a su disposici¨®n para que no haya impunidad ser¨¢n empleadas".

La oposici¨®n ha pedido en reiteradas ocasiones la renuncia de Mart¨ªnez, a menudo asediado por presuntos conflictos de inter¨¦s en el caso Odebrecht. El tambi¨¦n exministro ha cultivado desde el ente investigador un perfil de mano de hierro y aireado con frecuencia sus reparos al acuerdo de paz. Enfrentado en diversos frentes con el sistema de justicia transicional, Mart¨ªnez ha encontrado en el caso Santrich una fuente de fricciones permanente por la diferencia de interpretaciones acerca de las facultades del tribunal. Mientras la fiscal¨ªa sostiene que la JEP ¨²nicamente puede certificar la fecha en que ocurrieron los presuntos delitos, el tribunal invoca potestades m¨¢s amplias, como conocer las pruebas en casos de extradici¨®n y evaluar la conducta.

Santrich, que siempre ha asegurado ser v¨ªctima de un ¡°montaje judicial¡±, lleva poco m¨¢s de un a?o detenido en la c¨¢rcel de m¨¢xima seguridad La Picota, a la espera de una decisi¨®n, despu¨¦s de que un juzgado de Nueva York lo acus¨® de conspirar para exportar 10 toneladas de coca¨ªna a Estados Unidos. Su captura ha tensado desde entonces la implementaci¨®n de los acuerdos sellados a finales de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy desarmadas y convertidas en un partido pol¨ªtico con diez esca?os en el Congreso.

Seg¨²n la fiscal¨ªa, Santrich formaba parte de una red que llevaba delinquiendo desde junio de 2017, un semestre despu¨¦s de la firma del acuerdo final. El pacto establece que solo podr¨¢n beneficiarse de la JEP quienes se acojan por delitos cometidos antes de la firma, y los que reincidan despu¨¦s de esa fecha ser¨¢n juzgados por la justicia ordinaria. En cualquier caso, la secci¨®n de revisi¨®n de la JEP aclar¨® que no le corresponde efectuar juicios de responsabilidad penal, y por lo tanto ¡°en el caso en concreto nunca se concluy¨® que la conducta no existi¨®, sino que, por falta de pruebas, no pudo evaluarla¡±.

La garant¨ªa de no extradici¨®n no implica que los se?alamientos se queden sin investigar y las ¡°autoridades judiciales nacionales¡± deben ahora ¡°definir si tienen competencia para investigar los hechos sobre la base de elementos de prueba obtenidos legalmente¡±. El dictamen concluye que juzgar a Santrich en Colombia ¡°es la manera m¨¢s efectiva de respetar el derecho internacional p¨²blico y posibilitar el goce de los derechos de las v¨ªctimas a la verdad, la justicia, la reparaci¨®n y la no repetici¨®n¡±.

La largamente esperada decisi¨®n de la JEP llega en un momento delicado para las relaciones entre Bogot¨¢ y Washington. La decisi¨®n de Estados Unidos de retirar visas a varios magistrados de las altas cortes colombianas en las ¨²ltimas semanas, en plena recta final del tr¨¢mite de la reforma a la JEP propuesta por el presidente Duque, ha sido ampliamente interpretada como una presi¨®n indebida, adem¨¢s de desatar un intenso debate sobre la independencia judicial. Dos de las seis objeciones presentadas por el mandatario -y respaldadas tanto por la embajada de Estados Unidos como por el dimitido fiscal Mart¨ªnez- se concentran en la figura de la extradici¨®n. Tras ser rechazados por la C¨¢mara de Representantes y sin mayor¨ªas claras en el Senado, los reparos presidenciales se encaminan a una revisi¨®n integral de la Corte Constitucional.