El cautiverio de los migrantes venezolanos

Yasm¨ªn Ju¨¢res crey¨® un d¨ªa que su nacionalidad pesaba como una maldici¨®n. Hab¨ªa viajado a Trinidad y Tobago para visitar a su esposo y su hijo, pero acab¨® siendo detenida por un oficial del aeropuerto internacional de Piarco, que le inform¨® de que no pisar¨ªa la isla. Estaba con otros venezolanos que tambi¨¦n fueron deportados dos d¨ªas despu¨¦s por ser personas non gratas. Todav¨ªa recuerda la fecha con pena: 8 de noviembre de 2017. Los devolvieron a su pa¨ªs despu¨¦s de tenerlos dos d¨ªas en un hotel, custodiados por un fornido polic¨ªa y sin acceso a alimentos. ¡°Me sent¨ª espantada. ?Cu¨¢l era nuestro pecado?¡±, relata.

El sobresalto apareci¨® unos meses despu¨¦s. Su hijo Jos¨¦ Rafael Silva, un?disc jockey de 20 a?os, fue arrestado en una redada policial por estar residiendo ilegalmente en el pa¨ªs caribe?o. Tampoco olvida ese d¨ªa, el 3 de abril de 2018, porque fue el inicio de un calvario de casi un a?o. No ten¨ªa 1.500 d¨®lares para cancelar una multa necesaria para su liberaci¨®n. ¡°Nos dec¨ªan que hab¨ªa muchos inmigrantes. Por eso ten¨ªamos que pagar, pero nuestros bolsillos estaban vac¨ªos¡±. Ju¨¢res dice que ofrecieron la mitad del dinero a la corte, pero se sintieron ¡°ofendidos¡± y no aceptaron ese monto. Su excarcelaci¨®n no lleg¨® hasta febrero. Pero m¨¢s de tres meses despu¨¦s, decenas de mujeres y hombres venezolanos siguen detenidos por motivos migratorios en las islas. No hay precisi¨®n en la cifra: la abogada Karla Henr¨ªquez Lozada, consejera diplom¨¢tica del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos, los cifra en 207, mientras el diputado Carlos Valero, miembro de la Comisi¨®n de Pol¨ªtica Exterior de la Asamblea Nacional, habla de 89 personas privadas de libertad.

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Henr¨ªquez denuncia que al menos cuatro adolescentes han sido deportados el pasado s¨¢bado. Su atenci¨®n est¨¢ en Jonathan Mora Mora, de 15 a?os, que fue devuelto a Venezuela sin, supuestamente el consentimiento de su representante legal. ¡°No fueron entregados a ninguna autoridad, sin dinero para comida y traslado, en Caracas, una ciudad que no conocen porque son de Tucupita (oriente venezolano). La responsabilidad recae sobre la aerol¨ªnea Caribbean, sobre Inmigraci¨®n y sobre el Gobierno de Venezuela¡±, apunta.

Trinidad y Tobago no esperaba la entrada en estampida de sus vecinos, m¨¢s de 40.000 migrantes venezolanos en una naci¨®n con 1,4 millones de habitantes. La mayor¨ªa naveg¨® en botes con la idea de espantar la miseria. Para Cruz Del Nardo Veliz, un fot¨®grafo de 22 a?os, es espinoso desembolsar 300 d¨®lares para liberar a su novia, Ennymar Idrobo Velandia, una peluquera que obtuvo un certificado de aspirante a asilo emitido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Ni ese documento sirvi¨® cuando fue capturada por la polic¨ªa, hace cuatro meses. Le preocupa que el encierro en el Centro de Detenci¨®n de Inmigrantes (IDC, por sus siglas en ingl¨¦s) haya afectado a la esquizofrenia que sufre su pareja.

La ley trinitaria es restrictiva con los solicitantes de asilo. Francisco Mar¨ªn, un periodista detenido en abril, vio c¨®mo un comisario ordenaba a sus oficiales ignorar la condici¨®n de asilados. ¡°?l tom¨® mi carn¨¦ de refugiado y lo mostr¨® a unos 25 polic¨ªas. Despu¨¦s dijo: ¡®Si a ustedes les presentan alg¨²n documento de las Naciones Unidas, tengan claro que los jefes somos nosotros, como Gobierno, y esto no tiene validez¡±, afirma.

Fue detenido cuando iba a un supermercado. En la patrulla policial hab¨ªa otros dos venezolanos. Los llevaron a una c¨¢rcel com¨²n en Point Fort¨ªn, donde estuvieron cuatro d¨ªas en una celda de dos metros de largo y dos de ancho. Francisco se sent¨ªa humillado. Solo hab¨ªa un sanitario dentro de ese espacio para todos los prisioneros y dorm¨ªa sobre el concreto. Estaba aturdido por los gritos de otros reclusos y ninguna autoridad atend¨ªa sus peticiones.

Su testimonio es parecido al de Yasmin Ju¨¢res, que durante la detenci¨®n de su hijo denunci¨® ante instancias de Caracas las condiciones de los migrantes. ¡°En Trinidad, los venezolanos presos no tienen derecho a nada. Ni siquiera a llamadas telef¨®nicas¡±, dice.

El Gobierno de Nicol¨¢s Maduro guarda silencio frente a estas denuncias. Pero Carlos Valero engorda un expediente de excesos contra los emigrados. Su inter¨¦s surgi¨® despu¨¦s del reclamo de Acnur al Gobierno de Keith Rowley por violar la legislaci¨®n internacional al deportar a 82 venezolanos hace poco m¨¢s de un a?o. De ese grupo, unos 25 ten¨ªan la condici¨®n de refugiados. ¡°Hablamos de cacer¨ªa de venezolanos. Los persegu¨ªan, los deten¨ªan unos d¨ªas en una comisar¨ªa, los llevaban al IDC y empezaba un proceso jur¨ªdico en el que impon¨ªan unas multas de entre 500 y 2.000 d¨®lares. Tras pagar, si no ten¨ªan un boleto de retorno tampoco ocurr¨ªa la liberaci¨®n. Esto ¨²ltimo nos pareci¨® irracional porque no tiene sentido mantener a una persona en ese sitio, contra su voluntad y hasta de manera salvaje¡±, explica el parlamentario.

El diputado destaca que se ha producido una cierta flexibilizaci¨®n de la pol¨ªtica migratoria: entre el 31 de mayo y el 14 de junio el pa¨ªs anglosaj¨®n emitir¨¢ una tarjeta para regularizar el estatus de los venezolanos durante el per¨ªodo limitado. Despu¨¦s de ese proceso el primer ministro Rowley podr¨ªa ser inclemente con los migrantes que no ingresen por puertos autorizados o los que infrinjan la ley. ¡°Los problemas de los venezolanos son de ellos. Somos un pa¨ªs humano, nos importan y ayudamos, pero la ayuda que Trinidad y Tobago puede ofrecer debe ser limitada. Esta peque?a isla no puede dar la soluci¨®n para los cientos de miles de emigrantes¡±, dijo. En contraste, el mandatario respalda al r¨¦gimen de Venezuela. El motivo: un acuerdo de cooperaci¨®n sobre gas con el pa¨ªs con las mayores reservas de petr¨®leo del mundo.