Las madres brasile?as que culpan al Estado de la muerte de sus hijos

Maria de Jesus da Silva, mam¨¢ de Renayson. Bruna Mozer, mam¨¢ de Luciano. Adriana de Farias, mam¨¢ de Wallacy. Gl¨¢ucia dos Santos, mam¨¢ de Fabr¨ªcio. Maria do Carmo Silveira, mam¨¢ de Thiago. Luciana Lopes, mam¨¢ de Lucas. Ana Paula Oliveira, mam¨¢ de Johnatha. Marinete Silva, mam¨¢ de Marielle Franco.

Esas brasile?as est¨¢n de luto por haber perdido a sus hijos, la gran mayor¨ªa muertos ¨Cmuchos? ejecutados sumariamente¨C por polic¨ªas o soldados del Ej¨¦rcito en operaciones de seguridad o que actuaban como mercenarios o paramilitares. A pesar del dolor, eligieron luchar por la dignidad de sus nombres. ¡°Yo financi¨¦ los disparos que mataron a mi hijo y no puedo aceptarlo. Sus sue?os fueron robados por el brazo fuerte del Estado¡±, argumenta la cuidadora Edna Carla Cavalcante, l¨ªder de Madres de Curi¨®, una de las varias redes de familiares que nacieron en Brasil en plena democracia. Unidas por la lucha y el dolor, reclaman explicaciones, justicia y reparaci¨®n del Estado, al cual acusan de haber matado a sus hijos a trav¨¦s de la acci¨®n directa de sus agentes o por su omisi¨®n. Ense?an que luchar contra el terror estatal es todav¨ªa necesario.

M¨¢s informaci¨®n

Bolsonaro planea exculpar a polic¨ªas que por ¡°miedo o sorpresa¡± maten a criminales

Kauan, asesinado a los 12 a?os en un R¨ªo con r¨¦cord de muertos a manos de la polic¨ªa

El nuevo gobernador de R¨ªo de Janeiro: ¡°Lo correcto es matar al delincuente¡±

El Brasil sin ley que arma los planes de Bolsonaro

Marielle: El s¨ªmbolo al que se aferra la oposici¨®n a Bolsonaro

Un terror que invadi¨® la noche de Fortaleza, la capital del estado de Cear¨¢, noreste de Brasil, en la noche del 11 de noviembre de 2015. ?lef, hijo de Cavalcante, era uno de los 11 j¨®venes sin v¨ªnculos con el mundo del crimen que fueron asesinados en el barrio de Curi¨® y alrededores por 45 polic¨ªas que quer¨ªan vengar la muerte de un colega. ¡°Hoy vive a trav¨¦s de mi lucha. Pero yo no quer¨ªa ser una madre de Curi¨®, preferir¨ªa ser solo la madre de ?lef¡±. Diez meses despu¨¦s de la matanza, 44 polic¨ªas fueron procesados y 34 ser¨¢n sometidos a un jurado popular. Nueve volvieron a la corporaci¨®n en abril de este a?o.

Las historias m¨¢s visibles est¨¢n en lugares como S?o Paulo y R¨ªo de Janeiro, ciudades donde las madres afectadas por la violencia del Estado est¨¢n m¨¢s organizadas. ¡°Llevo cinco a?os en esta lucha. Cuando asesinaron a mi hijo, y asesinaron su memoria y dignidad, promet¨ª que yo ser¨ªa parte ¨¦l¡±, discursa Ana Paula Oliveira, del grupo M?e de Manguinhos. Su hijo Johnatha fue asesinado en 2014 con un disparo en la espalda efectuado por un polic¨ªa de la favela de Manguinhos, en R¨ªo. Y, como suele suceder, la Polic¨ªa le acus¨® falsamente de ser un narcotraficante. ¡°Estamos aqu¨ª para reclamar una indemnizaci¨®n, pero la principal reparaci¨®n es con la memoria de nuestros hijos. Suelen decir que encubrimos a criminales, pero es el Estado quien lo hace¡±.

Oliveira discursa para un grupo de madres durante el 4? Encuentro Nacional de Madres y Familiares de V¨ªctimas del Terrorismo del Estado, que reuni¨® a un centenar de personas entre el 19 y 21 de mayo en Goi?nia. El encuentro lo organizaron 18 grupos de barrios perif¨¦ricos y de familias de ocho Estados brasile?os. Un momento de fortalecimiento y de apoyo psicol¨®gico mutuo. Un tranquilo retiro en una granja fue el escenario perfecto para tantas recordaciones durante aquellos d¨ªas de mayo: las alegres ni?eces de sus hijos, a pesar de las dificultades impuestas por la pobreza; las dolorosas muertes que despedazaron completamente a las familias. Es un dolor que todas conocen y todas entienden. Y una lucha herc¨²lea contra una vocaci¨®n mort¨ªfera del Estado brasile?o que pocos, a veces ni siquiera los parientes y amigos cercanos, comprenden.

Esa vocaci¨®n mort¨ªfera se traduce en n¨²meros. De 65.605 homicidios en 2017, las fuerzas de seguridad cometieron al menos 5.159, seg¨²n los datos oficiales de los Estados agrupados por el Instituto de Investigaci¨®n Econ¨®mica Aplicada (IPEA) y el F¨®rum Brasile?o de Seguridad P¨²blica (FBSP). Significa que los agentes mataron una media de 14 personas por d¨ªa en 2017 en todo el pa¨ªs. La segunda causa de muertes violentas. Sin embargo, cerca de dos quintos de esas muertes se han producido solamente en R¨ªo y S?o Paulo. Ni todos los Estados calculan esos casos. Adem¨¢s, ni todos los casos son notificados porque no es siempre que la Polic¨ªa asume su culpa o porque grupos de matadores y milicianos act¨²an en las sombras. Los expertos estiman que los datos reales, y no contabilizados, son mucho mayores.

A todos los obst¨¢culos de siempre se suma ahora la marea pol¨ªtica actual, desfavorable a lo que reclaman. El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro fue elegido en 2018 defendiendo que?la polic¨ªa puede, y debe, matar. Algo que no es una novedad en R¨ªo, el Estado donde los polic¨ªas m¨¢s matan ¨Cy tambi¨¦n m¨¢s mueren¨C. En 2018, el gobierno registr¨® 1.534 muertes cometidas por sus agentes, un r¨¦cord. Este a?o, el tambi¨¦n ultraderechista gobernador Wilson Witzel, que se eligi¨® prometiendo disparar "en la cabeza de los criminales", instituy¨® una pol¨ªtica de terror. Las operaciones policiales en las favelas, con helic¨®pteros disparando hacia el suelo mientras ni?os con uniforme escolar intentan huir, son diarias. M¨¢s r¨¦cords: de un total de 2.558 homicidios entre enero y mayo, 731 fueron cometidos por agentes estatales, es decir, el 28,6%. Son casi cinco muertes por d¨ªa.

Los tiroteos son la justificaci¨®n de los agentes cuando matan. Pero no siempre pasa. En la Nochevieja de 2014, Fabr¨ªcio dos Santos tuvo que ir a la gasolinera cerca de su casa, en la favela do Chapad?o, R¨ªo de Janeiro. Un coche policial se acerc¨®. Y desde la ventana un agente dispar¨® con su fusil contra su cabeza. Limpiaron el lugar, llevaron el chaval al hospital y alegaron lo de siempre. Su madre, Gl¨¢ucia dos Santos, estaba segura desde principio de que ment¨ªan: su hijo, de 17 a?os, trabajaba en Copacabana como pintor y nunca cometi¨® ning¨²n delito.

Es probable que su muerte ni siquiera se investigara. Una comisi¨®n parlamentaria concluy¨® que el 98% de las muertes cometidas por polic¨ªas entre 2010 y 2015 fueron archivadas por Ministerio P¨²blico o el Tribunal de Justicia. Pero Dos Santos solicit¨® las im¨¢genes de las c¨¢maras de la gasolinera, encontr¨® testigos, presion¨® a las autoridades y logr¨® desmentir la versi¨®n oficial. ¡°Los polic¨ªas todav¨ªa no est¨¢n en la c¨¢rcel, pero ya resultaron condenados en primera instancia. Sin los grupos de madres, la uni¨®n y las protestas, no hubiera pasado¡±. Quedan, sin embargo, el trauma psicol¨®gico y los problemas de salud. ¡°Hoy tengo dolor de cabeza muy fuerte, pierda de memoria¡­¡±, cuenta. La peluquera se separ¨® hace un a?o de su compa?ero, que no aceptaba su nueva vida de activista por los Derechos Humanos. No solo matan a nuestros hijos. A nosotras tambi¨¦n, y poco a poco. Encontramos fuerza donde no existe, pero son varias las secuelas¡±.

Pero la batalla va m¨¢s all¨¢ del fin de la violencia policial contra j¨®venes inocentes. Tambi¨¦n reclaman un nuevo planteamiento para la pol¨ªtica de drogas. La actual pol¨ªtica de enfrentamiento se remonta a los a?os setenta, cuando el incremento de la violencia urbana coincidi¨® con la declaraci¨®n de guerra contra las drogas en Occidente. Desde entonces el enemigo p¨²blico es el narcotraficante, pero no cualquiera. Para esas familias, esa guerra oculta una pol¨ªtica de ¡°genocidio¡± contra la poblaci¨®n afrodescendiente que vive en las periferias. Da igual si son criminales o no.

Esa percepci¨®n se refleja en los datos: en 2017, m¨¢s del 75,5% de las v¨ªctimas de homicidio eran j¨®venes y negros. Entre 2007 y 2017, la proporci¨®n de negros muertos subi¨® un 33%. La mortalidad de los blancos aument¨® solo un 3,3%. ¡°Cuando mataron a mi hijo, explicaba siempre que ¨¦l era inocente. Despu¨¦s me sent¨ª mal porque parec¨ªa que estaba justificando que la Polic¨ªa matara a los hijos de otras madres¡±, explica Oliveira. ¡°El Estado no tiene que matar a nadie y punto¡±.

Todos los d¨ªas antes de dormir Bruna Mozer escucha los audios que su hijo Luciano sol¨ªa enviar por WhatsApp. El joven viv¨ªa en la favela do Muqui?o, en R¨ªo de Janeiro. Y, a sus 18 a?os trabajaba para el narcotr¨¢fico local. Hasta que en la ma?ana del 17 de enero de 2018 la Polic¨ªa militar "lleg¨® a la favela disparando", seg¨²n testigos. El chaval se puso a correr pelo llev¨® un tiro en las espaldas. Enseguida, otro en la cabeza. ¡°Ya estaba en el suelo cuando dijo al polic¨ªa ¡®me rindo, se?or¡¯, pero el hombre respondi¨® con un disparo en su cabeza¡±, cuenta, con la voz tr¨¦mula, esta vendedora ambulante.

Lleg¨® a tiempo de ver el cuerpo de su hijo en el suelo. ¡°La primera cosa que hice fue bendecirlo. Mi mundo par¨®, solo nos quedamos ¨¦l y yo. Mientras, los polic¨ªas estaban charlando entre ellos y ri¨¦ndose. Fue lo que m¨¢s me indign¨®¡±, cuenta. Uno de los agentes se acerc¨® y recogi¨® los cartuchos de fusil junto al suelo, antes de que llegaran los peritos. La corporaci¨®n afirm¨® lo de siempre: que Luciano hab¨ªa intercambiado tiros, ¡°Si mi hijo estaba baleado en el suelo, ten¨ªan que llevarlo al hospital y despu¨¦s a la c¨¢rcel. Yo le visitar¨ªa y har¨ªa de todo para que cambiara de vida. Me hab¨ªa prometido que lo har¨ªa. Ten¨ªa ganas de trabajar y ver a su hija crecer. Mi nieta tiene hoy un a?o y es lo que me queda¡±, a?ade Mozer.

Superpoblaci¨®n en las c¨¢rceles

Esas madres tambi¨¦n reclaman el fin de una brutal pol¨ªtica de encarcelamiento que hace con que Brasil tenga la tercera mayor sobrepoblaci¨®n penitenciaria en el mundo. En abril de 2019 eran 704.365 personas detenidas en un sistema con 415.960 plazas. Y aun as¨ª las personas m¨¢s peligrosas del pa¨ªs ni siquiera est¨¢n presas o condenadas: se estima que menos de un 10% de los homicidios son investigados o aclarados. Adem¨¢s, el 35,9% de los presos cumplen prisi¨®n provisional, detenidos con peque?as cantidades de droga (muchas veces para su propio consumo) o por delitos menores, seg¨²n datos del FBSP. Las c¨¢rceles brasile?as son verdaderos dep¨®sitos humanos insalubres, con la diseminaci¨®n del virus VIH, tuberculosis y otras enfermedades. Pero la omisi¨®n del Estado en esos lugares tambi¨¦n los ha convertido en incubadoras de peligrosas bandas criminales. Centenas de presos mueren todos los d¨ªas, enfermos o en matanzas. Como la que sucedi¨® en mayo de este a?o en Manaus, Estado de Amazonas, norte de Brasil. El conflicto entre dos grupos termin¨® con la vida de 55 personas.

Los presos brasile?os tambi¨¦n son susceptibles a toda suerte de abusos por parte de los agentes penintenciarios del Estado. Maria do Carmo Silveira, una mujer de 60 a?os conocida como Kak¨¢, ense?a una fotograf¨ªa de su hijo Thiago Vin¨ªcius. Est¨¢ en una celda, en una c¨¢rcel del Estado de Minas Gerais, sudeste de Brasil. Y muerto. Con una cuerda enlazada en su cuello. Los agentes aseguran que as¨ª lo encontraron el 14 de enero de 2014, cuando cumpl¨ªa 31 a?os. Dicen que se suicid¨®, pero a la madre le cuesta cre¨¦rselo. Su hijo era adicto a las drogas y, a lo largo de su vida, estuvo en varios centros socioeducativos y c¨¢rceles por robar o portar sustancias ilegales. ¡°Un testigo cuenta que gritaba en el pasillo ¡®llama a mi mam¨¢, me van a matar¡¯. Pero no ten¨ªa enemigos¡±, afirma Kak¨¢. Cree que a su hijo le torturaron y le mataron. Y despu¨¦s fabricaron la escena del suicidio. Quince d¨ªas despu¨¦s, cuenta la mujer, un colega de la prisi¨®n muri¨® en circunstancias tambi¨¦n sospechosas. El caso est¨¢ en la Justicia. Esa madre tambi¨¦n quiere explicaciones.