La intervenci¨®n de los jueces empa?a las elecciones presidenciales de Guatemala

La pol¨ªtica de Guatemala lleva desde 2016 dividida entre quienes apuestan por un proyecto reformista, de combate a la corrupci¨®n y los partidiarios de mantener el statu quo. No hace falta esperar a la primera vuelta electoral de este domingo para constatar que los segundos har¨¢n todo lo posible por consolidar el poder. La principal opci¨®n de quienes quieren un cambio, la exfiscal Thelma Aldana, no ha podido concurrir despu¨¦s de que se prohibiese su candidatura. La intervenci¨®n inusual del poder judicial a favor de las ¨¦lites dominantes ha marcado una campa?a electoral at¨ªpica, donde el hast¨ªo y la incertidumbre de qui¨¦n concurrir¨¢ a la segunda vuelta es la nota predominante.

Los guatemaltecos acudir¨¢n a las urnas el domingo para elegir al sucesor del controvertido Jimmy Morales en medio de un fen¨®nomeno no asumido en su justa dimensi¨®n por la mayor¨ªa de votantes: la judicializaci¨®n del proceso electoral. Como tal se entiende el intento de dar forma legal a una serie de maniobras m¨¢s bien leguleyas, tendentes a eliminar a los adversarios pol¨ªticos o a justificar que se hayan autorizado candidaturas con serios cuestionamientos legales.

M¨¢s informaci¨®n

El empresario m¨¢s influyente de Guatemala redobla sus cr¨ªticas a Jimmy Morales

Un juez guatemalteco ordena la captura de la candidata presidencial y ex fiscal general Thelma Aldana

Es un fen¨®meno sin precedentes desde el fin de las dictaduras militares en 1985 y cuyas v¨ªctimas m¨¢s conspicuas han sido dos de las tres candidatas con mayor intenci¨®n de voto en las encuestas, en las ant¨ªpodas ideol¨®gicas: la ex fiscal general del Estado, Thelma Aldana, y Zury R¨ªos, hija del exdictador Efra¨ªn R¨ªos Montt. Aldana, que como fiscal General trabaj¨® hombro con hombro con la CICIG, logr¨® el desmantelamiento de poderosas estructuras mafiosas enquistadas en el Estado y propici¨® el encarcelamiento del expresidente Otto P¨¦rez y de miembros de poderosas familias, algo que para las ¨¦lites fue un atrevimiento.

La exfiscal ha repetido constantemente que esas ¨¦lites conspiraron para bloquear su cadidatura, hasta que le revocaron el finiquito, una constancia que se exige a quienes han ejercido cargos p¨²blicos y que garantiza que no hubo malos manejos durante su administraci¨®n. Lo extiende la Contralor¨ªa General de Cuentas, una de las instancias m¨¢s cuestionadas del Estado. A Aldana se le atribuye la contrataci¨®n an¨®mala de un abogado para que dictara cursos de capacitaci¨®n a los fiscales.

Para el abogado Edgar Ortiz, de la Fundaci¨®n Libertad y Desarrollo, que preside el empresario Dionisio Guti¨¦rrez, la judicializaci¨®n es un peligro para la institucionalidad del pa¨ªs, ya de por s¨ª cuestionada. ¡°Ante la incapacidad de resolver los problemas pol¨ªticos, el sistema judicial se ha convertido en una segunda instancia del juego pol¨ªtico. Ah¨ª radica el peligro: que las Cortes comiencen a ser los ¨¢rbitros. Al saber que el juego pol¨ªtico se judicializa, el mayor incentivo ser¨¢ controlarlas para manejar el poder. Es, decididamente, una regresi¨®n de la que dif¨ªcilmente podremos recuperarnos. Quienes manejan esa agenda regresiva encuentran en las cortes un mecanismo de salvaci¨®n que puede intensificarse en el mediano plazo¡±, asegura.

Para el analista Edgar Guti¨¦rrez, el caso de Aldana reviste meridiana claridad. ¡°Era la candidata antisistema. La fiscal que, de la mano de la Comisi¨®n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) puso en evidencia c¨®mo el Estado ha sido secuestrado por mafias pol¨ªticas¡±.

Sacar de la contienda a Zury R¨ªos, quien goza del apoyo de algunos sectores ultraconservadores, les result¨® m¨¢s sencillo. La constituci¨®n impide las candidaturas a golpistas y a sus parientes aspirar a la Presidencia. La heredera del dictador no cuenta con la capacidad de movilizaci¨®n que hizo posible el chantaje del viejo general, en 2003, a las autoridades electorales ¨Csus seguidores tomaron la ciudad ante la pasividad total de las fuerzas de seguridad¨C hasta lograr ser inscrito. El correctivo en las urnas fue rotundo. Apenas alcanz¨® el tercer lugar, muy lejos de quienes se disputaron entonces la presidencial, ?scar Berger y ?lvaro Colom.

En el otro plato de la balanza se encuentra el caso de Sandra Torres, la favorita seg¨²n todas las encuestas, en contra de quien la Comisi¨®n Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscal¨ªa Especial Contra la Impunidad (FECI) elevaron una denuncia minuciosamente documentada por financiamiento electoral no reportado. La actual fiscal general, Consuelo Porras, engavet¨® el expediente durante semanas y solo lo hizo llegar al Tribunal Supremo Electoral 24 horas despu¨¦s de que Torres fuera inscrita y gozara, por lo tanto, de inmunidad. No es el ¨²nico caso. Sobre otros candidatos presidenciales, como el oficialista Estuardo Gald¨¢mez y otros aspirantes a diputaciones o alcald¨ªas tambi¨¦n pesan se?alamientos de falta de idoneidad por se?alamientos de corrupci¨®n, sin que los mismos tuvieran alguna influencia en las autoridades electorales para negarles la inscripci¨®n.

De acuerdo al Procurador de los Derechos Humanos, Jord¨¢n Rodas, esta ¡°judicializaci¨®n¡± no es del todo negativa. ¡°Hay casos relativos a la corrupci¨®n que no pueden dejarse de juzgar. Es importante que la justicia opere. Lo fundamental est¨¢ en que sea independiente". Critica, eso s¨ª, que se hayan utilizado distintos baremos para descalificar o autorizar ciertas candidaturas, extremo que deja a muchos guatemaltecos sin la libertad de elegir a la persona de sus preferencias. ¡°Eso deja muchas dudas con respecto a que la justicia sea realmente independiente¡±, afirma. ¡°El guatemalteco, cierra, ha despertado de la anomia en que estaba sumergido, como producto de la guerra vivida en el pa¨ªs, pero hay personas que se resisten a esta realidad. Es escenario no es alentador. Hay muchos nubarrones¡±.