La Corte Suprema argentina denuncia los abusos del espionaje en el sistema judicial

La Corte Suprema argentina quiere acabar con el abuso en la utilizaci¨®n de las escuchas telef¨®nicas y cree que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el servicio de espionaje de la Rep¨²blica, est¨¢ detr¨¢s de las abundantes filtraciones ilegales a la prensa. En una decisi¨®n un¨¢nime, los jueces supremos piden al conjunto de los magistrados que no utilicen a la AFI en sus investigaciones y recuerdan que el uso indiscriminado de las escuchas, y su posterior difusi¨®n, ¡°afecta la confiabilidad de todo el sistema¡±.

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El alto tribunal tercia de esta manera en la ¡°guerra sucia¡± abierta en el sistema judicial argentino tras las denuncias por presunto chantaje contra el fiscal Carlos Stornelli, que dirige la ¡°causa de los cuadernos¡± por presunta corrupci¨®n masiva de Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner y otros dirigentes pol¨ªticos peronistas.

Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores, abri¨® en febrero una causa contra el fiscal Carlos Stornelli a ra¨ªz de una denuncia del industrial Pedro Etchebest. Seg¨²n el denunciante, un esp¨ªa que se hac¨ªa pasar por abogado y agente de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos), Marcelo D?Alessio, le hab¨ªa chantajeado en nombre de Stornelli. D?Alessio exigi¨® 300.000 d¨®lares a Etchebest a cambio de que el fiscal Stornelli no le incluyera en un sumario. Stornelli, que hasta el momento se ha negado a declarar ante el juez Ramos Padilla, a pesar de varias convocatorias, es una pieza fundamental en la causa m¨¢s relevante abierta contra la ex presidenta Fern¨¢ndez de Kirchner.

El gobierno de Mauricio Macri, a trav¨¦s de sus operadores judiciales, intent¨® apartar del caso al juez Ramos Padilla, al que tild¨® de kirchnerista, pero la Corte Suprema respald¨® al juez. Entonces empezaron a filtrarse escuchas telef¨®nicas que parec¨ªan demostrar que varias personas cercanas a Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner, como el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Vald¨¦s, conoc¨ªan los detalles del ¡°caso Etchebest¡± incluso antes de que se formalizara la denuncia y lo utilizaban para desacreditar al fiscal Stornelli con el objetivo de hacer descarrilar la ¡°causa de los cuadernos¡±. Era la denominada Operaci¨®n Puf, por una expresi¨®n utilizada por Eduardo Vald¨¦s durante una conversaci¨®n telef¨®nica con Pablo Schiavi, antiguo secretario de Transporte, grabada por orden judicial el pasado 18 de enero: ¡°Va a haber novedades, qu¨¦date tranquilo. Operativo Puf: Bonad¨ªo [juez de la causa de los cuadernos], puf, Stornelli, puf¡±.

Entre el juez Claudio Bonad¨ªo, enemigo declarado de Kirchner, y el fiscal Carlos Stornelli, respaldados por el gobierno, de un lado, y el juez Alejo Ramos Padilla, jaleado por el kirchnerismo, de otro, se abri¨® una guerra sin cuartel. Las filtraciones se multiplicaron. Se difundi¨® una grabaci¨®n en la que el empresario L¨¢zaro B¨¢ez, juzgado junto a Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner y el ex ministro Julio de Vido por supuesta corrupci¨®n en la adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas en la provincia de Santa Cruz, parec¨ªa decir que hab¨ªa administrado fondos il¨ªcitos para el fallecido ex presidente N¨¦stor Kirchner: ¡°Todo lo que tuve es de una persona que est¨¢ arriba y me lo dio para que lo administre¡±.

Lo m¨¢s alarmante, en el caso de L¨¢zaro B¨¢ez, era que las grabaciones inclu¨ªan presuntamente conversaciones con sus abogados. El pasado 5 de junio, la Federaci¨®n Argentina de Colegios de Abogados (FACA) expres¨® en un comunicado su ¡°profunda preocupaci¨®n ante la divulgaci¨®n, en medios y programas period¨ªsticos, de conversaciones telef¨®nicas grabadas a personas detenidas, y mucho m¨¢s si ¨¦stas hubieran sido mantenidas con sus abogadas o abogados defensores¡±. Aunque las grabaciones tuvieran autorizaci¨®n judicial, dijo la FACA, ¡°conformar¨ªan violaciones al ejercicio del derecho de defensa y secreto profesional¡±.

El uso de esp¨ªas como el oscuro Marcelo d?Alessio por parte de fiscales como Carlos Stornelli (la relaci¨®n entre ambos est¨¢ probada, hubiera o no intento de chantaje) es una pr¨¢ctica antigua e inquietante, que la Corte Suprema intenta ahora poner bajo control. El uso pol¨ªtico de las grabaciones difundidas de forma il¨ªcita es otro problema grave, subrayado el 19 de mayo por un Relator Especial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que examin¨® la situaci¨®n en el sistema judicial argentino.

Las filtraciones interesadas a la prensa pueden provenir de dos organismos: la Direcci¨®n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que supervisa las grabaciones, y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La Dajudeco elev¨® a la Corte Suprema una nota en la que aseguraba cumplir ¡°los protocolos de actuaci¨®n¡± y la ¡°cadena de custodia¡± de las grabaciones. Los altos magistrados parecen creer en la integridad de la Dajudeco y sospechan de la AFI, heredera de la SIDE profusamente utilizada por la dictadura militar, como autora de las filtraciones. La Corte Suprema quiere que la Comisi¨®n Bicameral de Inteligencia del Congreso ¡°certifique¡± que la AFI abandona las pr¨¢cticas de espionaje ilegal.