Derechos LGTB en Latinoam¨¦rica: la ruta de las minor¨ªas pol¨ªticas

Desigual. Ese es el adjetivo apropiado para describir la situaci¨®n de los derechos LGTB en Latinoam¨¦rica y el Caribe. La parte de la vida diaria que depende de la norma escrita es para esta comunidad radicalmente distinta en Argentina y en Guyana, en Paraguay y en Ecuador: casarse, adoptar, trabajar sin discriminaci¨®n, pero tambi¨¦n la pertenencia a las fuerzas militares, el reconocimiento de cambio de g¨¦nero o incluso la posibilidad de donar sangre (en las cuales los hombres que mantienen relaciones con otros hombres siguen siendo discriminados por miedo al VIH) son muy distintas en los rincones de la regi¨®n. La duda que surge inmediatamente mira al pasado: ?a qu¨¦ se deben estas enormes diferencias? Pero la que realmente nos deber¨ªamos plantear es su reverso futuro: ?cu¨¢l es la v¨ªa para que todas las naciones alcancen un nivel parejo de derechos y protecci¨®n?

En una democracia republicana (o en una rep¨²blica democr¨¢tica), las minor¨ªas tienen a su disposici¨®n dos rutas para conseguir los derechos que las protejan y que igualen su estatus con el del conjunto de la poblaci¨®n. Pueden tratar de formar una coalici¨®n de votantes y representantes en disposici¨®n de defender reformas que sea lo suficientemente amplia como para que se puedan aprobar. O pueden recurrir a las instituciones dise?adas para la protecci¨®n de las minor¨ªas, normalmente imbricadas en el tejido constitucional (principalmente, sus altas cortes).

La tensi¨®n que existe entre ambas opciones es el dilema esencial en los sistemas pluralistas: la dimensi¨®n del gobierno del pueblo (democracia) asegura que se cumpla la voluntad de la mayor¨ªa, y por tanto ayuda a que cualquier nueva medida se vea legitimada desde un primer momento. A cambio, se lo pone mucho m¨¢s dif¨ªcil a quienes parten desde una posici¨®n minoritaria, de desventaja en el poder. La vertiente republicana asegura precisamente que la minor¨ªa no depende exclusivamente de lo que decidan sobre ella. Pero claro: s¨®lo una rep¨²blica con instituciones dise?adas desde el nacimiento constitucional para proteger a las minor¨ªas podr¨¢ hacerlo de manera eficaz. Adem¨¢s, muchos argumentan que un cambio social producido desde una instituci¨®n alejada de las preferencias mayoritarias no s¨®lo no durar¨¢ mucho, sino que puede producir un ¡®efecto rebote¡¯ en el que los no representados afianzan sus posiciones reaccionarias, y las aplican en su voto en cuanto pueden. Sin embargo, aunque la primera objeci¨®n es incontestable, la segunda no est¨¢ tan clara.

La historia es una de las losas m¨¢s pesadas en la espalda del movimiento LGTB. No es casualidad, por ejemplo, que las dos naciones en las que permanece una prohibici¨®n expl¨ªcita a las relaciones homosexuales en el c¨®digo penal sean antiguas colonias brit¨¢nicas (Jamaica y Guyana). Las leyes contra la ¡°sodom¨ªa¡± tienen una larga y profunda tradici¨®n en los entramados legales del Reino Unido, y ese legado acab¨® transmiti¨¦ndose y permaneciendo incluso despu¨¦s de la independencia. El aparato institucional en estos y otros pa¨ªses de Latinoam¨¦rica no facilita una ampliaci¨®n de derechos basada en la reinterpretaci¨®n judicial de la norma escrita. Esto, que podr¨ªa ser un argumento favorable a la v¨ªa mayoritaria, se vuelve en contra de la misma cuando uno comprueba que las mayor¨ªas anti-ampliaci¨®n de derechos son tambi¨¦n m¨¢s s¨®lidas en el Caribe, seguidos de cerca por Centroam¨¦rica y Paraguay.

A nadie sorprender¨¢ por tanto que la oposici¨®n a votar por candidatos LGTB sea tambi¨¦n mayor en estos pa¨ªses. Un abismo media entre Uruguay y Hait¨ª, uno que mide exactamente el grado de aceptaci¨®n de la representaci¨®n sustantiva de las minor¨ªas.

En cualquier caso, el rechazo (intenso o moderado) es elevado en el conjunto del continente. El resultado es la ausencia de representantes abiertamente LGTB en la regi¨®n. No se contaron m¨¢s de catorce el a?o pasado, cenit de la gr¨¢fica. Que puedan existir representantes pertenecientes a la comunidad pero que mantienen su identidad de g¨¦nero en un plano m¨¢s privado no hace sino reiterar la pesadez de la norma social negativa sobre ellos.

Con vol¨²menes tan exiguos resulta dif¨ªcil configurar coaliciones para el cambio, convertir minor¨ªas en mayor¨ªas, empujar propuestas y compromisos, y, en general, seguir la ruta popular para la reforma.

As¨ª, aunque la opci¨®n institucional no est¨¦ abierta para todas las naciones, al menos s¨ª lo est¨¢ para muchas. Hace una semana la Corte Constitucional de Ecuador fallaba a favor del matrimonio igualitario. Colombia y Brasil siguieron esa misma ruta, mientras Uruguay y Argentina lo hac¨ªan por la v¨ªa parlamentaria. En M¨¦xico, donde no todas las entidades federativas reconocen en sus leyes la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo sexo, la garant¨ªa la ofrece desde 2015 la Suprema Corte de Justicia y su mandato hacia todos los jueces del pa¨ªs para reconocer cualquier recurso de amparo en los estados donde no haya reconocimiento.

?Signific¨® esto que la ciudadan¨ªa mexicana o colombiana respondi¨® a la acci¨®n de sus altas cortes con un mayor rechazo al matrimonio igualitario? No es eso lo que indican los datos. Antes al contrario: entre 2010 y 2016, en ambos pa¨ªses ha descendido significativamente el porcentaje de la poblaci¨®n que rechaza fuertemente esta pol¨ªtica. Es verdad que la ca¨ªda es ligeramente mayor en Uruguay, pero es igualmente cierto que este pa¨ªs part¨ªa de niveles m¨¢s bajos de rechazo, lo que habitualmente favorece la norma social.

Esta evoluci¨®n encaja con la evidencia cient¨ªfica respecto a c¨®mo los cambios en la ley afectan a las actitudes: hay estudios que muestran un refuerzo en las posturas progresistas tanto en Europa como en EEUU tras las aprobaciones del matrimonio para personas del mismo sexo. Es cierto que cabe esperar una primera reacci¨®n de rechazo intenso: en Francia y en Espa?a se desataron multitudinarias manifestaciones reaccionarias durante los procesos legislativos; en M¨¦xico el rechazo subi¨® ligeramente en 2014, en mitad del debate sobre la legitimidad de las medidas estatales y federales. Pero parece que en el largo plazo ese brote inicial tiende a corregirse a la baja.

En realidad, esto encaja con un punto tan obvio que solemos olvidarlo: al final, las mismas constituciones, cortes y dem¨¢s estructuras institucionales que garantizan los derechos de las minor¨ªas provienen del consenso social. Se aprobaron con ¨¦l, normalmente gracias a mayor¨ªas mucho m¨¢s amplias, mediante procesos m¨¢s complejos e inclusivos, que lo que nos pueda indicar una encuesta puntual sobre un tema espec¨ªfico normalmente condicionada por los mensajes de medios de comunicaci¨®n y l¨ªderes pol¨ªticos. Deber¨ªamos albergar una mayor confianza en la solidez de las normas que nos hemos dado a nosotros mismos. Si en ellas decidimos incorporar mecanismos para ampliar los derechos y las protecciones de las minor¨ªas en el futuro, por algo ser¨ªa. Incluso en aquellos pa¨ªses donde esta tambi¨¦n aparece como una v¨ªa muerta existen sistemas m¨¢s recientes que permiten la misma evoluci¨®n: desde el a?o pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a las naciones que la conforman a ¡°dar v¨ªa libre¡± al matrimonio igualitario. No cabe aqu¨ª la trampa de calificar el fallo como una intromisi¨®n en la soberan¨ªa nacional, porque la pertenencia a la CIDH se tom¨® desde cada pa¨ªs, en pleno ejercicio de la misma. Exactamente igual que con las instituciones de ¨¢mbito nacional que restringen las pasiones del momento, hay una buena raz¨®n por la que existe la CIDH: porque la mayor¨ªa es lo suficientemente sabia como para asumir en sus momentos de pausa que, cuando se trata de las libertades y los derechos del resto de la poblaci¨®n, no siempre la mitad m¨¢s uno debe disponer de la ¨²ltima palabra.