?Judicializar la pol¨ªtica o juzgar al pol¨ªtico?

La Operaci¨®n Lava Jato es conocida como la mayor operaci¨®n de combate a la corrupci¨®n en todo el mundo. Es elogiada y criticada. En torno a ella, un amplio espectro de disputas pol¨ªticas se estableci¨®, facilitando as¨ª la consolidaci¨®n de una agenda partidista anticorrupci¨®n para la elecci¨®n de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. A diferencia de otras cuestiones democr¨¢ticas, combatir la corrupci¨®n se convirti¨® en propiedad de los que se opon¨ªan al expresidente Lula y al PT ¡ª un juego pol¨ªtico bien engendrado y movido con la ayuda del Poder Judicial ¡ª. No por casualidad, S¨¦rgio Moro, pas¨® de ser juez de Lava Jato a ministro de Justicia del Gobierno de Bolsonaro, con la promesa de convertirse en ministro de la Suprema Corte.

El esc¨¢ndalo de la filtraci¨®n de los mensajes, que destap¨® The Intercept Brasil, entre el juez y el fiscal de la operaci¨®n Lava Jato?mostr¨® m¨¢s que equ¨ªvocos ¨¦ticos o legales. Sugiere un abuso del poder judicial para favorecer a determinados sectores de la pol¨ªtica del pa¨ªs. Aunque para algunos juristas, las interacciones pueden ser consideradas pr¨¢cticas profesionales regulares, el contenido de los mensajes est¨¢ lejos de ser normal ante la ley o la ¨¦tica del Poder Judicial: eran acuerdos, estrategias y t¨¢cticas con el objetivo de garantizar la detenci¨®n de Lula. El juez y el Ministerio P¨²blico se unieron para favorecer una ideolog¨ªa partidista. Los mensajes explicitan un aspecto fr¨¢gil de la democracia brasile?a: el despotismo que ignora la separaci¨®n entre los poderes y la responsabilidad de sus actores por el poder que les ha conferido por el cargo. Juez y procurador se confundieron con ide¨®logos a perseguir a un oponente pol¨ªtico.

Hay algo ir¨®nico en el esc¨¢ndalo de los mensajes entre juez y el promotor de la Operaci¨®n Lava Jato. Por d¨¦cadas, los movimientos sociales, en particular los movimientos feminista, negro o LGBT, fueron acusados de "judicializar la pol¨ªtica" y provocar el "activismo del Poder Judicial¡±. Las mujeres fueron a las cortes locales y al Supremo Tribunal Federal (STF) para garantizar el derecho al aborto en?caso de anencefalia (ausencia parcial o total del cerebro o el cr¨¢neo del feto), por la epidemia del Zika o, recientemente, para no enfermarse ni morir por la criminalizaci¨®n del aborto. La criminalizaci¨®n de la homofobia fue una decisi¨®n del STF, criticada por el Congreso Nacional, quien acusa a la corte de actuar err¨®neamente como "legislador activo". Casos similares llegaron de pueblos quilombolas o de naciones ind¨ªgenas ¡ª en todos, los movimientos sociales fueron acusados de confundir las fronteras entre los poderes de la rep¨²blica, de crear atajos para no enfrentar el verdadero espacio de lo pol¨ªtico en el Congreso Nacional.

A diferencia de la Operaci¨®n Lava Jato, cada uno de los litigios de los movimientos sociales se someti¨® completamente a las reglas de la justicia. Fueron ocho a?os de espera para reconocer que una mujer no debe ser encarcelada si, voluntariamente, decide interrumpir la gestaci¨®n de un feto mortinato. El rigor de un proceso legal fue aplicado para cada etapa de la lucha por los derechos de los movimientos sociales en las cortes. Sin embargo, los movimientos sociales son acusados de provocar la "judicializaci¨®n de la pol¨ªtica", pero en realidad lo que hacen es exigir, leg¨ªtimamente, a uno de los poderes, respuestas a derechos violados por la ineficiencia de las pol¨ªticas p¨²blicas. Es la apat¨ªa de los Gobiernos y de la pol¨ªtica parlamentaria lo que obliga a los movimientos sociales a ir a la puerta de las cortes.

La cr¨ªtica a la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica por los movimientos sociales es una lectura equivocada del juego pol¨ªtico brasile?o, pues es una fotograf¨ªa parcial sobre c¨®mo el Poder Judicial responde a la realidad que lo provoca. Los mensajes filtrados mostraron c¨®mo se normaliz¨® la "judicializaci¨®n de lo pol¨ªtico" por los se?ores poderosos en las instituciones del poder del pa¨ªs. Aqu¨ª no se trata s¨®lo de un juego de palabras: "judicializaci¨®n de la pol¨ªtica" y "judicializaci¨®n de lo pol¨ªtico". Son dos caras muy diferentes de un fen¨®meno en el que la instituci¨®n pol¨ªtica es la misma, el Poder Judicial. De un lado, est¨¢n los grupos marginales que van a las puertas de las cortes con demandas urgentes de vida o derechos, como no morir o no sufrir discriminaci¨®n. Del otro lado, est¨¢n los grupos privilegiados y favorecer las estructuras para el mantenimiento del orden ideol¨®gico de poder. Unos mueven la democracia de los oprimidos, otros la tiran¨ªa del mando. No es sin raz¨®n que Montesquieu describi¨® que "no hay m¨¢s cruel tiran¨ªa que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con los colores de la justicia".

S¨ª, es verdad que el esc¨¢ndalo de los mensajes debilita uno de los aspectos del caso Lava Jato (la prisi¨®n de Lula), pero tal vez no toda la operaci¨®n. Es tambi¨¦n correcto reconocer que el equ¨ªvoco de conducta no deslegitima al Poder Judicial como uno de los poderes fundamentales para la protecci¨®n de los derechos. Lo que debemos es recontar la historia de quien recurre al Poder Judicial para la protecci¨®n de la democracia y bajo qu¨¦ reglas. Los movimientos sociales incitan al Poder Judicial a eliminar pol¨ªticas p¨²blicas ineficaces o inexistentes y a exigir garant¨ªas constitucionales desprotegidas por los Gobiernos.?