Per¨²: todo sigue igual un a?o despu¨¦s de que la mafia en el sistema de justicia saliese a la luz

Ha pasado un a?o desde de que saliese a la luz la extendida trama de corrupci¨®n en la justicia peruana, la profunda reforma que requiere el sistema no solo no despega sino que la propia red criminal sigue activa. La prensa del pa¨ªs sudamericano empez¨® a difundir el 7 de julio de 2018 cientos de escuchas telef¨®nicas que formaban parte de una pesquisa fiscal a condenados por narcotr¨¢fico y extorsi¨®n en el puerto del Callao, cerca de Lima. Entre los interlocutores figuraban jueces y fiscales, as¨ª como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el ¨®rgano que nombraba y destitu¨ªa a los magistrados. La polic¨ªa a cargo de las escuchas y seguimientos los bautiz¨® como Cuellos Blancos del Puerto,?y desde el primer momento coparon la atenci¨®n p¨²blica.

Tras el esc¨¢ndalo inicial han sido muchas las manifestaciones ciudadanas que han presionado al Congreso para que destituya a los miembros del moribundo CNM. A propuesta del Ejecutivo, el Parlamento aprob¨® crear una Junta Nacional de Justicia para reemplazarlo, pero a¨²n no ha sido posible ponerla en marcha. Ya este a?o, cuando iba a prestar juramento el ¨²nico integrante de la Junta que pas¨® los ex¨¢menes pertinentes, la ceremonia fue abortada cuando un periodista revel¨® que ten¨ªa un juicio pendiente por falsificar documentos para cobrar dos jubilaciones y otro proceso ligado a una red de crimen organizado: un caso m¨¢s que profundiz¨® la desaz¨®n en la sociedad peruana. La comisi¨®n encargada de echar a andar la Junta pidi¨® al Congreso prorrogarle el plazo para convocar un nuevo concurso que permita al pa¨ªs sudamericano disponer por fin de un ¨®rgano que designe y sancione a magistrados.

El Congreso como obst¨¢culo

Los juristas apuntan directamente al Congreso, de mayor¨ªa fujimorista, como el mayor obst¨¢culo en la investigaci¨®n de la organizaci¨®n criminal infiltrada en los principales ¨®rganos de impartici¨®n de justicia. Entre los pol¨ªticos que han buscado beneficiarse de la trama de corrupci¨®n figura Keiko Fujimori, l¨ªder de la oposici¨®n y dos veces candidata presidencial: justo cuando el juez supremo C¨¦sar Hinostroza ¡ªa la postre cabeza de la red¡ª iba a decidir el a?o pasado un recurso para que no siguiera siendo investigada por lavado de activos, un par de fiscales de crimen organizado ¡ªRoc¨ªo S¨¢nchez y Sandra Castro¡ª descubrieron la trama, que lo paraliz¨® todo.

¡°El Congreso se ha convertido en un escollo¡±, explica a EL PA?S el procurador anticorrupci¨®n Amado Enco. ¡°Ha bloqueado todos los pedidos de acusaci¨®n constitucional al exfiscal general Pedro Ch¨¢varry y a exconsejeros del CNM para que no autoricen investigarlos por el delito de organizaci¨®n criminal. Y los exconsejeros son pieza clave en la estructura¡±. Otros funcionarios que deben ser investigados siguen activos, agrega. ¡°Las fiscales han avanzado con valent¨ªa en sus investigaciones y varias personas est¨¢n detenidas e investigadas. Pero necesitamos urgentemente un ¨®rgano que sea capaz de supervisar el sistema de justicia¡±, se lamenta Enco, que califica la situaci¨®n de ¡°severa crisis¡±.

¡°Aunque no se ha instalado la Junta, el rol desempe?ado por S¨¢nchez y Castro evidencia que a¨²n hay profesionales que act¨²an con independencia e imparcialidad y con un importante respaldo ciudadano¡±, valora la jurista Ana Teresa Revilla, que lamenta sin embargo el retraso en la implementaci¨®n de las reformas. Todav¨ªa sin una entidad que destituya a los magistrados designados por los Cuellos Blancos, el Ministerio P¨²blico ha logrado apartar a siete fiscales mediante medidas cautelares y ha suspendido a 24. Pero de 13 propuestas de destituci¨®n de fiscales solo dos han sido admitidas, seg¨²n los datos de la propia Fiscal¨ªa. La investigaci¨®n ha permitido, eso s¨ª, una mejor comprensi¨®n de las causas por las que el Congreso no autoriz¨® las pesquisas por organizaci¨®n criminal a los miembros del CNM: eventualmente llegar¨ªan a los pol¨ªticos vinculados con ellos, la mayor¨ªa en las filas del fujimorista Fuerza Popular.

Las revelaciones no cesan

El viernes, un segundo juez supremo se inhibi¨® de participar en la revisi¨®n de la orden de prisi¨®n preventiva contra?Fujimori?despu¨¦s de que se difundieran unos audios que lo vinculan a la mafia presente en pr¨¢cticamente todos los ¨¢mbitos del sistema de justicia peruano. Poco antes, el magistrado Aldo Figueroa se hab¨ªa apartado del mismo tribunal que decidir¨¢ si la dos veces candidata presidencial (2011 y 2016) ¡ªque est¨¢ siendo?investigada por lavado de activos¡ª?sigue o no presa: se retir¨® despu¨¦s de que se publicase una serie de conversaciones que sostuvo con el n¨²mero dos de los Cuellos Blancos, el expresidente de la Corte Superior del Callao?Walter R¨ªos, hoy encarcelado.

Tras la inhibici¨®n del segundo juez del caso, el fiscal Pablo S¨¢nchez anunci¨® que investiga a otro fiscal supremo, V¨ªctor Rodr¨ªguez Monteza, por sus v¨ªnculos con la trama corrupta. Rodr¨ªguez representa al Ministerio P¨²blico en la revisi¨®n de la prisi¨®n preventiva de Fujimori y se ha manifestado a favor de que sea liberada, una postura contraria al equipo especial de fiscales para?Lava Jato, que est¨¢ a cargo de las pesquisas a la pol¨ªtica opositora por recibir fondos de la constructora brasile?a Odebrecht. De los cinco miembros del ¨®rgano de gobierno del Ministerio P¨²blico, tres est¨¢n investigados por su nexo con la trama: Rodr¨ªguez, Pedro Ch¨¢varry y Tom¨¢s G¨¢lvez. Un a?o despu¨¦s, todo sigue igual.