Con legalidad sostenemos la paz

El pasado 4 de abril visit¨¦ el Espacio Territorial de Capacitaci¨®n y Reincorporaci¨®n, ETCR, en Icononzo, en el departamento del Tolima, en el centro de Colombia. Los ETCR son zonas donde los excombatientes de las FARC habitan mientras desarrollan las fases iniciales de su adaptaci¨®n a la legalidad. De los 10.708 excombatientes acreditados, 2.876 se encuentran actualmente en esas ¨¢reas. Durante este primer a?o de mi Gobierno visitamos tambi¨¦n los ETCR de Pondores en La Guajira, en octubre de 2018, y de Manaure en Cesar, en marzo pasado, ubicadas en la Costa Caribe.

M¨¢s informaci¨®n

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Recorr¨ª esos tres ETCR como presidente de todos los colombianos, sin ¨¢nimo partidista y convencido de la necesidad de conocer de primera mano las necesidades y escuchar las preocupaciones de quienes han optado genuinamente por el camino de la legalidad. Llegamos con el equipo de gobierno a Icononzo, Pondores y Manaure, para ratificar el compromiso de nuestro Gobierno con la transici¨®n exitosa de los excombatientes en su proceso de reincorporaci¨®n econ¨®mica.

Conocimos sus iniciativas productivas y respondimos directamente a sus inquietudes, buscando disipar sus incertidumbres. El 76% de los excombatientes manifiesta sentirse optimista y motivado frente a su futuro. Nuestro Gobierno apoya la reincorporaci¨®n y los excombatientes nos brindan su confianza.

Estos compromisos no nacen en conferencias en lujosos y lejanos auditorios, ni se consolidan porque lo diga un papel firmado. Se fortalecen d¨ªa a d¨ªa, recorriendo los territorios, conociendo las realidades, estrechando las manos, mirando a los ojos.

Al tomar posesi¨®n de la presidencia, hace poco m¨¢s de un a?o, invit¨¦ a mis compatriotas a la construcci¨®n de una Colombia donde todos podamos construir la paz y donde se acaben las divisiones falaces y politiqueras entre amigos y enemigos de la paz. Me compromet¨ª con la reincorporaci¨®n de los excombatientes, as¨ª como con su protecci¨®n y con la generaci¨®n de oportunidades productivas para ellos.

Tambi¨¦n nos comprometimos, desde el primer d¨ªa, a concentrar todas nuestras iniciativas a la equidad, es decir, al cierre de las brechas entre los colombianos. Este compromiso con una Colombia m¨¢s equitativa incluye la provisi¨®n de bienes p¨²blicos a las regiones del pa¨ªs, dando especial atenci¨®n a aquellas que han sido golpeadas por la violencia.

Nos comprometimos con la genuina verdad, justicia, reparaci¨®n a las v¨ªctimas y que no exista repetici¨®n de las atrocidades. Las v¨ªctimas no pueden ser agredidas de nuevo con la impunidad. Estamos convencidos de que los esfuerzos de estabilizaci¨®n y consolidaci¨®n deben sostenerse sobre una cultura de la legalidad en la que justicia y seguridad van de la mano para que la violencia no amenace las libertades individuales.

Para honrar nuestra responsabilidad hist¨®rica con los colombianos de hoy y los de generaciones futuras, lanzamos la pol¨ªtica Paz con Legalidad como hoja de ruta para la consolidaci¨®n de una paz cre¨ªble en Colombia. Este es un proceso con una duraci¨®n de 15 a?os que requiere de planificaci¨®n, acciones y recursos.

Con respecto a lo que recibimos, durante el primer a?o de nuestro Gobierno, hemos honrado nuestra palabra y respondido con resultados tangibles.

Ser¨ªa ingenuo negar que algunos sectores pol¨ªticos en Colombia quieren perpetuar por razones electoreras la divisi¨®n mentirosa entre los enemigos y amigos de la paz. Han querido ahondar esa brecha se?alando a nuestro Gobierno de falta de compromiso. Nosotros lo que tratamos de hacer es una pol¨ªtica de paz, no hacer pol¨ªtica con la paz para ganar la pr¨®xima elecci¨®n.

Frente a la reincorporaci¨®n, que se desarrolla en parte en los ETCR que visitamos, nuestro impulso decidido ya est¨¢ dando frutos. En agosto del a?o pasado recibimos tan solo dos proyectos productivos colectivos aprobados, hoy contamos con 29 que vinculan a 1.934 excombatientes con un valor superior a los 6,5 millones de d¨®lares. No recibimos ning¨²n proyecto productivo individual y hemos aprobado en este a?o 360 proyectos individuales por valor de un mill¨®n de d¨®lares.

Con el formato de Obras por Impuestos buscamos que los contribuyentes inviertan hasta el 50% del valor de sus impuestos de renta en las zonas m¨¢s afectadas por la violencia. El recaudo de aproximadamente 106 millones de d¨®lares confirma el compromiso del sector privado colombiano con la estabilizaci¨®n territorial.

Nuestro Gobierno est¨¢ comprometido con la transformaci¨®n de los 170 municipios m¨¢s afectados por la violencia y la pobreza. La herramienta para lograr estos cambios son los Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial (PDET) en 16 zonas. Este ejercicio de planeaci¨®n no surgi¨® en las oficinas en Bogot¨¢, nuestra capital, sino en los territorios, con la participaci¨®n de m¨¢s de 200.000 ciudadanos.

Recibimos dos planes formulados y en este primer a?o concluimos la formulaci¨®n para los 14 restantes. Esa transformaci¨®n ya empez¨® con la entrega, en trabajo conjunto con las comunidades, de 425 obras de infraestructura comunitaria de salud, vivienda, educaci¨®n y deporte que benefician a 76.000 familias.

Otro frente de la pol¨ªtica Paz con Legalidad es el del Catastro Multiprop¨®sito, un sistema de informaci¨®n que brinda a los campesinos seguridad jur¨ªdica sobre sus predios y cuya primera fase cubre 36 municipios en zonas PDET. Hoy tan solo el 5% de los predios tiene actualizaci¨®n catastral. Nuestra meta es llegar al 60% en tres a?os.

Tambi¨¦n se avanz¨® en la formalizaci¨®n de 331.932 hect¨¢reas, se han ingresado 459.000 hect¨¢reas equivalente a 560 predios al Fondo de Tierras de la Naci¨®n, se registraron 347 predios en el inventario de bienes bald¨ªos adjudicables e inadjudicables, entre otros logros en materia de tierras.

Un ¨¢rea con retos complejos es el Programa Nacional de Sustituci¨®n de Cultivos Il¨ªcitos (PNIS). La herencia recibida en este programa no solo ten¨ªa graves huecos en materia financiera, operativa y legal, sino que tambi¨¦n puso en riesgo la capacidad del Estado de cumplir con sus promesas. El esfuerzo presupuestario para no defraudar las esperanzas y las expectativas de las 100.000 familias vinculadas ha sido enorme. Entre agosto de 2018 y julio de 2019, el Gobierno ha invertido casi 150 millones de d¨®lares en el PNIS.

Si bien nuestro Gobierno recibi¨® 200.000 hect¨¢reas de cultivos il¨ªcitos, gracias a la pol¨ªtica integral que involucra la erradicaci¨®n forzosa y la sustituci¨®n voluntaria, torcimos esa tendencia e inclusive este a?o obtuvimos una leve rebaja. Este abordaje integral incluye la promulgaci¨®n de la pol¨ªtica para la prevenci¨®n y atenci¨®n al consumo de sustancias sicoactivas como un nuevo paso hacia la consolidaci¨®n de la paz.

El pasado 7 de agosto me compromet¨ª con los colombianos con la protecci¨®n de los l¨ªderes sociales que est¨¢n siendo atacados por los violentos que quieren imponer las econom¨ªas il¨ªcitas en nuestro territorio. Desde el 24 de noviembre de 2016, d¨ªa de la firma del Acuerdo, hasta el 6 de agosto de 2018 se registraron 166 asesinatos de l¨ªderes sociales. Esto constituye una tragedia que repudiamos y que estamos enfrentando. Lanzamos el Plan de Acci¨®n Oportuna (PAO), con el que hemos reducido un 35% esas muertes inaceptables. En la Colombia que estamos construyendo nadie deber¨ªa sentir temor de expresar sus ideas o defender los intereses de sus comunidades.

Los hechos hablan por nosotros. En especial por los bajos niveles de avance que heredamos. Debemos superar el mito de si se est¨¢ cumpliendo o no, para pasar a lo que es m¨¢s importante para Colombia: la evaluaci¨®n de c¨®mo estamos consolidando la paz con legalidad.

Pero la defensa de los valores de la legalidad en la construcci¨®n de la paz no puede ser desde?ado ni satanizado. Todos los colombianos queremos vivir en un entorno de paz, pero requerimos que quienes han cometido los peores cr¨ªmenes en la sociedad reparen a sus v¨ªctimas, digan la verdad, tengan una justicia proporcional.

Por eso, Colombia debe ser implacable con la justicia para quienes reincidan en el camino criminal. Nosotros siempre apoyaremos a quienes sigan el camino de la paz con legalidad y avancen en la reincorporaci¨®n. Pero que no haya ninguna confusi¨®n: seremos implacables con la reincidencia, porque no aceptamos las burlas a nuestro Estado social de derecho.

Poco despu¨¦s de la firma del Acuerdo empez¨® a apreciarse la preocupante dimensi¨®n de las disidencias. Al inicio de nuestro Gobierno el n¨²mero de miembros de las FARC a¨²n en armas llegaba a los 1.700. A los jefes disidentes los hemos perseguido en este primer a?o y muchos han ca¨ªdo: Guacho, David, y otros. Pero otros comandantes como Iv¨¢n M¨¢rquez y alias El Paisa hoy est¨¢n en una especie de limbo donde no se sabe si son o no parte del proceso. Incluso algunos como Jes¨²s Santrich, con investigaciones avanzadas y pruebas contundentes sobre sus v¨ªnculos con el narcotr¨¢fico. Lo m¨ªnimo que el pueblo colombiano espera es que las autoridades de la Justicia Transicional detengan esta burla permanente a las v¨ªctimas y a la justicia.

Pretender que el Acuerdo ven¨ªa con un detallado manual de instrucciones o con una foto para armar el rompecabezas es faltar a la verdad. Ignorar los avances de esta consolidaci¨®n con intenciones electorales es el camino m¨¢s seguro para garantizar que la mayor¨ªa de los colombianos pierda la confianza, la esperanza y la legitimidad en este esfuerzo.

Seguiremos trabajando en la construcci¨®n de la Paz con Legalidad. Que nos aplaudan lo que es de aplaudir, y que los cr¨ªticos nos cuestionen lo que es de cuestionar. Pero que nos acompa?en a ser exitosos. Colombia necesita que seamos exitosos.

Iv¨¢n Duque M¨¢rquez es presidente de Colombia.