Dreyfus en Colombia

El 5 de enero de 1895, bajo una ligera nevada en Par¨ªs, el capit¨¢n Alfred Dreyfus, de 34 a?os, fue degradado tras haber sido condenado por traidor en un consejo de guerra. Se le arrancaron los galones, que fueron arrojados al suelo, las insignias, las bandas rojas de los pantalones. Su sable, roto en dos pedazos. La multitud, agolpada contra las rejas de la Escuela Militar, vociferaba: ¡°Muerte a los jud¨ªos¡±. A continuaci¨®n fue enviado a la isla del Diablo, de donde nadie confiaba en que saliera vivo. Las pruebas contra el capit¨¢n eran extremadamente endebles. Pero su condici¨®n de jud¨ªo, en un momento en el que en Europa el antisemitismo levantaba con fiereza su sucias zarpas, inclin¨® la balanza en su contra.

La historia es bien conocida. Y sin embargo, la lectura estos d¨ªas de la obra de Jean-Denis Bredin, titulada simplemente L¡¯Affaire, quiz¨¢ el libro definitivo sobre el asunto, me ha recordado en muchos momentos, por lo que relatar¨¦ despu¨¦s, las vicisitudes y angustias por las que atraviesa hoy Colombia.?

M¨¢s informaci¨®n

EDITORIAL | El desgaste prematuro de Duque

Proceso de paz en Colombia

Poco despu¨¦s de la sentencia, los militares que inicialmente exageraron las pruebas para condenar a Dreyfus por pasar informaci¨®n a Alemania, entre ellos varios generales, supieron con certeza que este era inocente. En lugar de deshacer el entuerto, encubrieron sus responsabilidades falsificando documentos y acusando a otros inocentes. Lo que empez¨® como un error judicial se trastoc¨® pronto en una operaci¨®n de Estado, una m¨¢quina de producir delitos durante los a?os siguientes ¡ªalgunos de ellos delirantes¡ª para encubrir el yerro inicial.

Colombia no vive un caso Dreyfus. Pero de los paralelismos con aquel episodio s¨ª cabe extraer valiosas lecciones sobre los riesgos que la actual polarizaci¨®n pol¨ªtica ¡ªy su consiguiente espiral destructiva¡ª conlleva para los colombianos.

Tras aparecer, dos a?os despu¨¦s, los primeros indicios de que el caso era un montaje, Francia se parti¨® en dos. Aquellos que ten¨ªan algo que perder si el caso Dreyfus se revisaba y el capit¨¢n resultaba absuelto (el Ej¨¦rcito, la Iglesia, los partidos conservadores, los antisemitas, la aristocracia) se negaron violentamente a ello. Enfrente, progresistas diversos, intelectuales, socialistas, juristas escrupulosos, muchos de ellos conservadores pero escandalizados por las groseras violaciones durante el proceso, hicieron de la revisi¨®n una cuesti¨®n de principios: el derecho y la verdad antes que la obediencia ciega a la autoridad.

Hace unas semanas, una ma?ana lluviosa en Bogot¨¢ ¡ªvalga la redundancia¡ª, me reun¨ª con un magistrado en su despacho del Palacio de Justicia. El edificio sufri¨® en 1985 un asalto por guerrilleros del M-19, uno de tantos grupos terroristas que Colombia produjo en las ¨²ltimas d¨¦cadas. Estos tomaron numerosos rehenes y todo acab¨® en tragedia cuando un asalto por parte de las fuerzas de seguridad, mal planificado y peor ejecutado, ocasion¨® 98 muertos, entre ellos 11 magistrados. Alfonso Reyes Echand¨ªa, presidente de la Corte Suprema, fue uno de los fallecidos.

Mi conversaci¨®n con el magistrado se alarg¨® casi una hora, tras lo cual se hizo un silencio. Mir¨® por la ventana ¨Cen lo que me parecieron unos segundos eternos¨C, se volvi¨® hacia m¨ª, se pas¨® la mano por la frente en un gesto de cansancio y musit¨®: ¡°Colombia est¨¢ en una situaci¨®n cr¨ªtica¡±.

Friedrich D¨¹rrenmatt, el autor suizo, construy¨® este di¨¢logo en su obra teatral de 1946 Es steht geschrieben (Est¨¢ escrito):

¨CSe?or, el pueblo pasa hambre.

¨CEl pueblo siempre pasa hambre.

Colombia siempre est¨¢ en una situaci¨®n cr¨ªtica, se podr¨ªa tambi¨¦n argumentar. Desde mediados del siglo pasado, la llamada ¡°violencia¡±, una especie de guerra civil no declarada, dej¨® centenares de miles de muertos y millones de desplazados, para desembocar casi sin soluci¨®n de continuidad en la aparici¨®n y auge de varios grupos guerrilleros. Con el tiempo, el mayor y m¨¢s potente de ellos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llegar¨ªa a poner contra las cuerdas al Estado y ocupar¨ªa una parte considerable del territorio nacional.

Las d¨¦cadas de guerra causaron otros 250.000 muertos y millones de desplazados, as¨ª como atrocidades de todo tipo por parte de los principales actores en el conflicto: las guerrillas, los grupos paramilitares creados supuestamente para hacerles frente ante la impotencia del Estado y el Ej¨¦rcito mismo, algunos de cuyos mandos se vieron involucrados en casos tan horrendos como el de los llamados ¡°falsos positivos¡±, en los que unos 4.000 ciudadanos inocentes fueron asesinados para hacerlos pasar como guerrilleros abatidos.

Del esc¨¢ndalo franc¨¦s cabe extraer valiosas lecciones sobre los riesgos de la polarizaci¨®n pol¨ªtica y la espiral destructiva

Las cifras as¨ª presentadas mejoraban las estad¨ªsticas del Ej¨¦rcito y permit¨ªan a los soldados cobrar recompensas. Los grupos paramilitares, por su parte, contaron con el apoyo abierto o encubierto de los grandes terratenientes y empresarios. Incontables hect¨¢reas cambiaron de manos. Todo ello, como se ver¨¢ luego, tiene mucho que ver con la crisis actual.

A principios de diciembre de 2016, el Congreso aprob¨® el acuerdo de paz que hab¨ªa alcanzado el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, despu¨¦s de perder por la m¨ªnima el refer¨¦ndum que deb¨ªa ratificarlo. Tras introducir la mayor parte de las demandas exigidas por la oposici¨®n, el acuerdo fue validado por 205 votos a favor (sumando C¨¢mara y Senado) y cero votos en contra.

El texto describe de forma prolija los instrumentos y compromisos para sacar a Colombia de casi un siglo de violencia. Entre ellos destaca la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), un tribunal encargado de juzgar, con reglas especiales, a los protagonistas del conflicto: guerrilleros, militares y otros. El partido del expresidente ?lvaro Uribe se abstuvo.

A ojos de no pocos observadores extranjeros, Colombia puede parecer un pa¨ªs muy leguleyo. ¡°Precisamente para tratar de evitar la contestaci¨®n del poder¡±, me dijo un d¨ªa, a modo de explicaci¨®n, el expresidente C¨¦sar Gaviria. Las tertulias radiof¨®nicas son un ejemplo. Con frecuencia derivan en deliberaciones propias de una sala de casaci¨®n. La extensi¨®n y la prolijidad de las discusiones jur¨ªdicas, con abundantes citas de leyes, art¨ªculos y precedentes ahuyentar¨ªan a las audiencias en cualquier otro pa¨ªs. En Colombia, sin embargo, ocupan espacios preferentes en la mayor¨ªa de emisoras.

Naturalmente, tras cincuenta a?os de atentados, asesinatos, secuestros y todo tipo de atrocidades, los guerrilleros tienen poco derecho a reclamar las simpat¨ªas de los colombianos, o de la comunidad internacional. Pero ¡°en el caso de Santrich¡±, me dijo otro magistrado, ¡°se han vulnerado absolutamente todas las garant¨ªas constitucionales; si en vez de Santrich se llamara Juan P¨¦rez y fuera un ciudadano particular, ya se habr¨ªa anulado todo el proceso por violaci¨®n de todas las garant¨ªas constitucionales¡±.

De esa paradoja, que conocen todas las democracias con legislaciones garantistas, se alimentan los uribistas. El objetivo declarado del grupo, en m¨²ltiples ocasiones y diversos foros, consiste desde hace meses en forzar una asamblea constituyente cuyo ¨²nico objetivo radique en remodelar las altas cortes, reducir su n¨²mero (una sola ser¨ªa su tama?o ideal) y presumiblemente, obtener su docilidad.

Aquellos que ten¨ªan algo que perder (el Ej¨¦rcito, la Iglesia, los conservadores) si se revisaba el caso Dreyfus se negaron violentamente a ello

Esto es, ¡°derrumbar lo que hay¡±, en expresi¨®n precisa de uno de los magistrados consultados. Las altas cortes son principalmente tres: la Corte Suprema ¨Cen la que Uribe arrastra un grave contencioso¨C, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Muchos a?aden tambi¨¦n la JEP, por su posici¨®n especial derivada de la legislaci¨®n nacional y los acuerdos internacionales. Este ¨²ltimo punto es importante. Varios magistrados me expresaron su convicci¨®n de que ¡°en el entramado judicial alrededor de la paz, especialmente la JEP, hemos sobrevivido gracias a la ONU y la Uni¨®n Europea¡±.

Conscientes o no del paralelismo ¨Cy uno sospechar¨ªa que s¨ª¨C, resulta sorprendente la cercan¨ªa intelectual del uribismo radical con algunas de las estrategias de la ultraderecha internacional. Steve Bannon, tras ayudar a Donald Trump a conquistar la Casa Blanca, lleva un tiempo intentado organizar y adoctrinar a las dispersas fuerzas de la extrema derecha en Europa desde la cartuja medieval de Trisulti, en Italia. Su mensaje a los ultras europeos: si se quiere cambiar de manera fundamental una sociedad, primero hay que romperla. A partir de ah¨ª, imponer sus propuestas. Para los uribistas, la m¨¢s destacada de ellas consiste en liquidar la JEP.

?Pero por qu¨¦ ese empecinamiento en desmantelar una instituci¨®n derivada de un acuerdo que pas¨® sin votos en contra en el Congreso apenas hace tres a?os y est¨¢, al menos en teor¨ªa, protegida por los garantes internacionales del acuerdo de paz?

El mandato ¨²ltimo de la JEP consiste en, a cambio de beneficios penales, extraer confesiones de todos los participantes en el conflicto, durante el que se cometieron atrocidades de parte y parte: guerrilleros, militares y otros. Extraer la verdad del conflicto. Qui¨¦n hizo qu¨¦, cu¨¢ndo y por orden de qui¨¦n. Todas las fuentes consultadas, tanto dentro de las cortes como fuera de ellas, coinciden en que las embestidas del uribismo no son m¨¢s que objetivos intermedios para alcanzar los tres objetivos que de verdad les importan.

El objetivo declarado de los seguidores de Uribe consiste en forzar una asamblea constituyente para remodelar las altas cortes

El primero de ellos es evitar la verdad. Este es quiz¨¢ el principal paralelismo con el caso Dreyfus. Desde que en 1896, dos a?os despu¨¦s del primer consejo de guerra, surgieran las primeras pruebas del error judicial gracias a los esfuerzos y la honestidad del jefe del contraespionaje, el teniente coronel Georges Picquart, todos los desvelos del grupo de generales articulados alrededor del Estado Mayor se dirigieron a impedir que se supiera la verdad. Se fabricaron m¨¢s falsedades. Picquart fue enviado a la c¨¢rcel. Y un segundo consejo de guerra se sald¨® con una nueva condena a Dreyfus.

En Colombia, todos los esfuerzos del uribismo parecen dirigirse a evitar la verdad que pueda emerger de los testimonios de los militares en la JEP, que salpicar¨ªan sobre todo a generales y otros altos mandos. Tambi¨¦n a empresarios y terratenientes. La verdad de los guerrilleros tiene, en t¨¦rminos pol¨ªticos, escaso inter¨¦s: todos los colombianos conocen la lista de atrocidades de la que son culpables.

La verdad que m¨¢s interesa es la de los miembros de las fuerzas de seguridad, la mayor¨ªa militares, que se acogieron a los beneficios del proceso de paz tras admitir la comisi¨®n de delitos graves. Especialmente algunos generales y otros militares de elevada graduaci¨®n. Esa es la verdad que m¨¢s temen, tambi¨¦n, aquellos que les dieron ¨®rdenes, los pol¨ªticos que coadyuvaron o los terratenientes que se beneficiaron.?

El d¨ªa que visit¨¦ el Palacio de Justicia acud¨ª despu¨¦s a una cita con Yesid Reyes al otro lado de la ciudad. Reyes, un jurista de altura, es abogado, fue ministro de Justicia y luego asesor de Santos en el tramo final de las negociaciones con las FARC en La Habana. Actualmente se desempe?a como director del Centro de Investigaci¨®n en Filosof¨ªa y Derecho de la Universidad Externado, un centro privado fundado en Bogot¨¢ en 1886. Un cuadro, colgado de forma discreta en el pasillo que conduce a su despacho, muestra el Palacio de Justicia envuelto en fuego, en 1985, tras el asalto de las fuerzas de seguridad contra los guerrilleros que lo hab¨ªan ocupado. De entre las llamas, surge de forma delicada ¨Cahora parece que se ve, ahora no¨C el rostro del entonces presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echand¨ªa.

Yesid Reyes es hijo de Alfonso Reyes Echand¨ªa. Se trata de una conexi¨®n que seguramente no sorprende a nadie en Colombia, un pa¨ªs en el que las intrincadas relaciones pol¨ªticas y personales de una estrecha ¨¦lite, endog¨¢mica incluso por comparaci¨®n con las endog¨¢micas ¨¦lites en el resto de Am¨¦rica Latina, explican muchas de sus rencillas p¨²blicas ¨Ctambi¨¦n de la comodidad con la que, fuera de los focos, se pueden codear sus protagonistas¨C.?

Pero en pol¨ªtica, las consecuencias de esta endogamia pueden ser nefastas. Como escribe Le¨®n Valencia, director de la Fundaci¨®n Pares, en su libro El regreso del Uribismo, Colombia ¡°ha sido gobernada desde principios del siglo XX por cincuenta familias negadas para las reformas estructurales y los cambios profundos¡±. Tras la reciente dimisi¨®n del fiscal general N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez (entre otras razones, por haber sido abogado de una empresa a la que la fiscal¨ªa investiga en el caso Odebrecht), una de las preocupaciones en las tertulias de radio ¨Csin asomo alguno de iron¨ªa¨C era c¨®mo encontrar a alguien de la talla suficiente para ser fiscal general que no hubiera tenido relaciones con alguna de las empresas candidatas a ser investigadas.

Iv¨¢n Duque lleg¨® a la presidencia hace un a?o con un mensaje centrista, un relato que ha tratado de mantener con dificultad

En un arranque de anarquismo inconsciente, Mart¨ªnez aleg¨® que dimit¨ªa en disconformidad con la decisi¨®n de la JEP de liberar a Santrich (?en qu¨¦ pa¨ªs un fiscal dimite en disconformidad con la decisi¨®n de un tribunal en lugar de acatarla sin m¨¢s?). Uribe corri¨® a pedirle que se quedara para defender la legalidad (?frente al ataque de los tribunales?), Mart¨ªnez se fue de todos modos y el expresidente, hoy senador, perdi¨® un fiel ariete en sus constantes maniobras de ataque.

El intento de evitar la verdad, sin embargo, tiene quiz¨¢ las patas m¨¢s cortas de lo que los enemigos de esta imaginan. Reyes cree que la estrategia del uribismo de desmantelar la JEP es solo patear la pelota para adelante. ¡°Si el Estado no investiga, a trav¨¦s de la JEP, los cr¨ªmenes de los militares, intervendr¨¢ la Corte Penal Internacional (CPI)¡±.

La CPI se fund¨® en 1998 para perseguir y juzgar cr¨ªmenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. En la actualidad, tiene una treintena de casos en ¡°premonitoreo¡± en Colombia. Se trata de militares y de ¡°terceros¡±, eufemismo que engloba a empresarios y terratenientes. ¡°A los guerrilleros no [se les investigar¨¢], o solo en ¨²ltima instancia, porque ya han sido investigados por el Estado, si no por todos, s¨ª por la mayor¨ªa de sus cr¨ªmenes; la CPI solo act¨²a cuando esto no sucede¡±, explica Reyes. ¡°[Rodrigo Londo?o] Timochenko fue condenado a 400 a?os de c¨¢rcel, solo que luego no fue posible capturarlo. Si se cargan la JEP, entra la Corte Penal Internacional¡±. Ser¨ªa, efectivamente, patear la pelota para adelante. Muchas veces eso basta para algunos pol¨ªticos.

El segundo asunto que de verdad le importa al uribismo, seg¨²n coincidieron varios magistrados, tiene que ver con la propiedad de la tierra, el verdadero caballo de batalla de los grandes terratenientes, entre ellos el propio Uribe.

Los t¨ªtulos de muchas de esas tierras tienen un origen dudoso, ligado al conflicto y los desplazamientos. Los propietarios no son partidarios de remover ese pasado. Algunos c¨¢lculos estiman que el 70% de las tierras en Colombia no est¨¢ legalizado. Regular en el catastro el territorio supone cuestionar de forma frontal el derecho a la propiedad de los terratenientes. Cuando esto sucede, la reacci¨®n suele ser violenta.?

Uno de los jueces con los que habl¨¦, en el bar de mi hotel en Bogot¨¢, me relat¨® las amenazas que recibi¨®, incluso de muerte, al inicio de su carrera judicial ¨Cmucho antes de llegar a la alta corte de la que ahora es miembro¨C precisamente por una disputa que amenazaba la finca de un poderoso empresario. Por otro lado, la aplicaci¨®n en serio del acuerdo de paz exigir¨ªa una reforma agraria en profundidad, a lo que, naturalmente, tambi¨¦n se oponen.

Finalmente, hay un subsector del uribismo empe?ado en dar marcha atr¨¢s en los avances progresistas en derechos individuales de los ¨²ltimos a?os, logrados b¨¢sicamente en las cortes de justicia: aborto, adopci¨®n para parejas homosexuales.

De forma parad¨®jica, el presidente Duque es una de las v¨ªctimas de la tormenta pol¨ªtica. Todos los magistrados con los que habl¨¦ coincidieron en que ¡°ese llevarse por delante todo lo que hay¡± incluye a su propio Gobierno. Todos, tambi¨¦n, se esforzaron en separar al presidente de los radicales de su propio partido: ¡°No se dan cuenta de que ya no son oposici¨®n; quiz¨¢ Duque es el ¨²nico que s¨ª, porque la realidad de gobernar se lo ha hecho ver¡±. Personas del entorno del presidente me reconocieron que algunos uribistas les est¨¢n haciendo la vida imposible: ¡°Los peores golpes vienen de ese lado¡±.

La catarata de insultos y descalificaciones se ha intensificado de una forma que resulta dif¨ªcil no calificar de intimidatoria

Duque, un pol¨ªtico de 43 a?os sin experiencia previa de gobierno, lleg¨® a la presidencia hace un a?o con un mensaje centrista, conciliador, de unidad; un relato que ha tratado de mantener con crecientes dificultades. Apremiado por los extremistas de su partido, la gobernaci¨®n se le ha dificultado en un grado que quiz¨¢ no esperaba. El encono ha llevado a que leyes y proyectos importantes est¨¦n estancados o hayan deca¨ªdo en el Congreso, donde su partido no cuenta con mayor¨ªa, por lo que el entendimiento y la negociaci¨®n con las otras formaciones es la ¨²nica manera de gobernar. La intransigencia del uribismo constituye hoy el principal obst¨¢culo para articular soluciones de Estado en Colombia.

Y luego est¨¢ el Ej¨¦rcito. Los militares no disponen ya de la influencia y el poder que tuvieron en Am¨¦rica Latina en d¨¦cadas pasadas. Pero su control de la informaci¨®n, su corporativismo, su esp¨ªritu de grupo y, en Colombia, un pasado de excesos e ilegalidades en el combate a las distintas guerrillas suponen un dolor de cabeza dif¨ªcil de manejar para cualquier Gobierno.

El de Duque no es una excepci¨®n. El pasado 22 de abril, un exguerrillero desmovilizado, D¨ªmar Torres, fue asesinado en Norte de Santander, uno de los 32 departamentos que forman la Rep¨²blica de Colombia. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, asegur¨® que Torres hab¨ªa muerto a tiros tras enfrentarse con un militar. Tras conocerse que el exguerrillero hab¨ªa sido torturado, Botero cambi¨® su versi¨®n, admiti¨® los hechos y culp¨® de la mentira al cabo del Ej¨¦rcito involucrado.

A Botero se le conoce como uno de los principales operadores del uribismo en el Gobierno de Duque. Bajo su mandato, el Ej¨¦rcito ha preparado directivas que podr¨ªan alentar una vuelta a los falsos positivos (retiradas cuando el esc¨¢ndalo trascendi¨®), ha promocionado a militares con un pasado conflictivo en este asunto (cuestionados por la oposici¨®n) y ha arrastrado los pies cuando la prensa se?al¨® a varios generales por casos de corrupci¨®n (finalmente se detuvo o apart¨® a varios de ellos).

?Al mismo tiempo, el asesinato de l¨ªderes sociales y defensores de los derechos humanos en todo el pa¨ªs marca tristes r¨¦cords. Miles de personas se manifestaron recientemente para exigir el cese de estas masacres. El presidente suena m¨¢s genuinamente afectado de forma personal que muchos de sus ministros o algunos de sus asesores. Luis Guillermo Echeverri, por ejemplo, uno de los ide¨®logos m¨¢s conspicuos del uribismo y asesor de Duque, declar¨® que los l¨ªderes sociales son asesinados ¡°por ajustes de cuentas¡± en temas relacionados con el narcotr¨¢fico, lo que caus¨® el repudio general. Todo lo anterior resuena bien entre las bases sociales del uribismo, pero nada de ello ayuda pol¨ªticamente al presidente en lo m¨¢s m¨ªnimo.

Que a Duque le queden s¨®lo tres a?os en la presidencia no hace m¨¢s que complicar la crisis, inmersos como est¨¢n ya muchos en su propia formaci¨®n en los c¨¢lculos para la pr¨®xima contienda presidencial. ¡°A usted le va a parecer imposible de creer¡±, me dijo un interlocutor cercano al Gobierno durante un almuerzo en un peque?o restaurante (de regusto franc¨¦s) en el barrio de La Candelaria. ¡°Pero Paloma Valencia se ve presidenta en 2022; y todas sus maniobras y las de su grupo van en ese sentido¡±. Cuando semanas despu¨¦s le pregunt¨¦ a ella si pensaba presentarse a las pr¨®ximas presidenciales, me contest¨®: ¡°No lo tengo decidido¡±.

La senadora Valencia (sin parentesco con Le¨®n Valencia) es una uribista cuyas intervenciones, a menudo pol¨¦micas, siempre vehementes, concentran el ideario del entorno del expresidente. Un grupo que nunca ha confiado en Duque y que, en reuniones privadas y con discreci¨®n, tiende a menospreciarle. A quien reconocen como l¨ªder natural es a Uribe.

Coincidentemente, la principal iniciativa legislativa de Valencia ha sido una reforma de la justicia para lograr una ¨²nica corte (lo que supondr¨ªa de facto la liquidaci¨®n de la JEP). La senadora disocia su posici¨®n contraria a la JEP de sus hipot¨¦ticas aspiraciones presidenciales o de la actual coyuntura pol¨ªtica. ¡°Mi oposici¨®n a la JEP es anterior¡±, sostiene. ¡°Empec¨¦ a pelear contra ella desde que la vi en los acuerdos; uno de los puntos centrales del triunfo del no en el refer¨¦ndum fue la necesidad de una justicia justa para los militares¡±.

Su principal objeci¨®n consiste en que, tal como est¨¢ dise?ada la JEP y sus beneficios, los militares prefieren acudir a ella antes que quedar en manos de la justicia ordinaria, porque al no tener en cuenta esta ¨²ltima las circunstancias de la guerra y sus atenuantes, ¡°siempre acaban condenados¡±. Y luego est¨¢n los principios. ¡°Tal como est¨¢ dise?ado, al final son unos organismos internacionales los que acaban eligiendo a los jueces en Colombia, como si fu¨¦ramos un Estado fallido¡±, dice. ¡°Lo que me niego a aceptar¡±.

Duque es consciente del estrecho margen del que ha gozado hasta ahora, sin brillo en la calle y sin gobernabilidad en las c¨¢maras. Su popularidad se ha desplomado. Para cualquier observador imparcial resulta evidente que nunca cont¨® con las simpat¨ªas de quienes no votaron por ¨¦l: son los suyos los que le est¨¢n abandonando.

De mis conversaciones (tanto con personas cercanas al Gobierno como m¨¢s bien contrarias), deduje que la ¨²nica salida que se antoja posible para salvar su presidencia es reafirmarse en su voluntad de unir al pa¨ªs y abrirse a un di¨¢logo con la parte m¨¢s moderada de la oposici¨®n ¨Csiempre despu¨¦s de las elecciones regionales de oto?o?¨C, lo que con toda probabilidad enfurecer¨¢ al uribismo. Especialmente si ello conlleva la oferta de puestos en el Gabinete.

Unos meses antes, durante una escala de Cartagena a Ciudad de M¨¦xico, me detuve en Bogot¨¢ para visitar la JEP. El ambiente era sombr¨ªo, de impotencia resignada, como bajo la amenaza de una cat¨¢strofe natural, un incendio o un hurac¨¢n, que se siente venir pero no se sabe muy bien c¨®mo evitar o qu¨¦ hacer. Mis interlocutores explicaron los riesgos que sent¨ªan que corr¨ªa el tribunal, y que el tiempo vino a confirmar: el torrente de injurias, las tretas pol¨ªticas. ¡°El presidente ha tenido siempre buenas palabras y nos ha tratado con cortes¨ªa¡±. Pero del uribismo esperaban lo peor. La embestida final.

Y lo que esperaban, la catarata de insultos y descalificaciones, se ha intensificado de un forma que resulta dif¨ªcil no calificar de intimidatoria: castrochavistas, corruptos, ineptos, vendidos al dinero del narco y los terroristas de las FARC. Castrochavista (entendido el adjetivo como aquel que solo o en compa?¨ªa de otros conspira para disolver la naci¨®n y convertir a Colombia en un ap¨¦ndice pol¨ªtico de Cuba y Venezuela) podr¨ªa ser hoy en Colombia el equivalente del jud¨ªo, o vendido al dinero de los jud¨ªos, que escup¨ªan Barr¨¨s, Drumont, La Libre Parole o L¡¯Intransigeant en la Francia de 1900 contra periodistas, jueces o cualquier partidario de ¡°disolver la naci¨®n¡± por querer la revisi¨®n del caso Dreyfus.

Solo que no lo es. Y no lo es primero porque el racismo y el antisemitismo del caso Dreyfus, apenas una treintena de a?os antes del ascenso de Hitler al poder, no puede ni debe compararse a la ligera con nada. Pero segundo, y sobre todo, porque en Colombia el furor castrochavista ser¨ªa una farsa rid¨ªcula si no fuera porque est¨¢ dislocando la sociedad, da?ando sus instituciones y deteriorando su democracia en una espiral de consecuencias impredecibles.

Que el acuerdo de paz no funcione tiene unas resonancias terribles. Es resucitar al monstruo. Es arriesgarse a la violencia

Los terroristas de las FARC eran castrochavistas. La izquierda radical que les apoyaba es castrochavista. La izquierda moderada, tambi¨¦n. Castrochavista fue Santos, que en otro pa¨ªs pasar¨ªa por un pol¨ªtico de centroderecha (¨¦l dice que de centro). En susurros y cen¨¢culos, Duque fue tildado por sus adversarios internos de castrochavista y santista camuflado en los proleg¨®menos de la candidatura presidencial. Con semejante progresi¨®n, dentro de poco Colombia entera ser¨¢ castrochavista con excepci¨®n del propio expresidente Uribe y un pu?ado de sus m¨¢s fieles ac¨®litos.

Las descalificaciones y los insultos no se detienen en las fronteras nacionales. La prensa internacional se ha convertido, de un tiempo ac¨¢, en uno de los blancos favoritos de los uribistas, espoleados siempre por su l¨ªder. Uribe tiene por costumbre atacar en las redes sociales a los medios (los casos m¨¢s recientes han sido The New York Times y The Economist, la biblia del capitalismo mundial) cuyas informaciones sobre el rumbo del pa¨ªs en su conjunto, o destapando actuaciones cuestionables, no se ajustan a su idea de Colombia, de la realidad en general o de ambas cosas a la vez. Ello, en un pa¨ªs en el que ser se?alado p¨²blicamente de esa manera, como todo el mundo sabe, conlleva serios riesgos. Tambi¨¦n ¨Co especialmente¨C para los periodistas.

Parecer¨ªa rid¨ªculo tener que recordar que, con seguridad, existen jueces corruptos ¨C#cortecorrupta, el sonsonete favorito del uribismo¨C, de la misma forma que hay pol¨ªticos corruptos, funcionarios corruptos, polic¨ªas y militares corruptos, taxistas corruptos. Tanto en Colombia como en otros pa¨ªses. Y que los jueces tambi¨¦n cometen errores. Pero es justamente el edificio institucional de la justicia, con sus recursos, casaciones y altos tribunales el que garantiza en ¨²ltima instancia el imperio de la ley. Derrumbar aquel conlleva de forma inevitable acabar con este ¨²ltimo.

Ciegos a las consecuencias de sus acciones ¨Co quiz¨¢ muy conscientes de ellas¨C el fuego graneado amenaza con continuar. ¡°Concentrar la paz en la JEP, JEP, JEP, la jepizaci¨®n del proceso¡±, dice Reyes mientras subraya la palabra con un gesto severo de la mano. ¡°Concentrando ah¨ª el discurso, mientras se olvidan, se boicotean o se sabotean todos los dem¨¢s aspectos del acuerdo de paz: la reforma agraria, la sustituci¨®n de cultivos, etc¨¦tera¡­ El objetivo es claro, cuando todo fracase, decir: ven, era un mal acuerdo, no funcion¨®, ahora vamos a aplicar nuestras recetas¡±.

Que el acuerdo de paz no funcione tiene unas resonancias terribles. Es resucitar al monstruo. Es arriesgarse a volver a la violencia que ha segado tantas vidas. Es volver a la necesidad de un caudillo que haga frente a la amenaza. Es, quiz¨¢, la principal esperanza del uribismo de reconquistar el poder de forma directa, no por tercero interpuesto. Y de silenciar la verdad.

El 12 de julio de 1906, el capit¨¢n Alfred Dreyfus fue declarado inocente por unanimidad de los jueces del Tribunal de Casaci¨®n ¨Ctodas las cortes reunidas (Chambres R¨¦unies)¨C. ¡°Analizado todo¡±, dijo el presidente en la lectura del fallo, ¡°de la acusaci¨®n inicial no queda nada en pie¡±. Nueve d¨ªas despu¨¦s fue nombrado caballero de la Legi¨®n de Honor. Hab¨ªa pasado casi cinco a?os en prisi¨®n.

Por debajo de los m¨²ltiples avatares judiciales, de las pruebas falsas o reales que apasionaron a los franceses (le bordereau, le petit-bleu, le faux Henry) y que ocuparon miles de p¨¢ginas en los diarios de la ¨¦poca ¨Cun poco como las tertulias radiof¨®nicas hoy en Colombia?¨C, siempre qued¨® claro para todos que lo que se situaba de verdad en el coraz¨®n del debate entre dreyfusistas y antidreyfusistas era la defensa de las instituciones republicanas.

La mayor¨ªa de historiadores sostiene hoy que en la Francia de principios del siglo pasado, el caso Dreyfus finalmente sirvi¨® al orden republicano, reforz¨® la democracia y fortaleci¨® a las instituciones frente al Ej¨¦rcito o la Iglesia. Permiti¨® que la verdad se instalara en el centro de la vida pol¨ªtica de la Rep¨²blica frente a los intereses espurios de un grupo de generales felones o de los agitadores nacionalistas que les apoyaban. Colombia, con la JEP, no merece menos. En ello le va el futuro y la calidad de su democracia.?