?Qui¨¦n debe pagar lo que le debemos a la Tierra?

Hace poco que la econom¨ªa mexicana, al igual que las del resto de Occidente, ha empezado a incluir en sus procesos de mercado los costes derivados de la extracci¨®n de recursos del planeta. Lo ha hecho por decisi¨®n propia de los oferentes, por petici¨®n de los demandantes, o (las m¨¢s veces) por imposici¨®n del regulador estatal. Se ha abierto con ello en M¨¦xico el ineludible debate de c¨®mo cubrir la deuda que hemos adquirido durante generaciones con nuestro planeta. Y lo ha hecho en un momento pol¨ªtico que exacerba las tensiones que supone el responder a esta pregunta.

La m¨¢s inmediata de estas tensiones depende de c¨®mo decida la sociedad atribuirle valor a dicha deuda. Son dos las posiciones t¨ªpicas con las que uno se topa: por un lado, muchos defienden que es una cuesti¨®n de moral, de educaci¨®n. Una vez la sociedad est¨¦ concienciada del coste medioambiental en nuestros patrones de consumo, el ajuste en los h¨¢bitos tendr¨¢ lugar. Este suele ser el enfoque de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador y sus seguidores respecto a multitud de temas: la loa constante de un pueblo moralmente virtuoso que se comportar¨ªa de acuerdo a una serie de criterios ¨¦ticos. Otros, m¨¢s pesimistas (y, a la luz de los datos que veremos a continuaci¨®n, m¨¢s realistas), consideran que es necesario que el precio de las cosas refleje la deuda con los recursos.

Cuando les preguntas por su propia predisposici¨®n, las personas no suelen gustar del segundo enfoque. Por ejemplo, la mayor parte de los hogares mexicanos est¨¢ en contra de que se ponga un "precio" superior al consumo de recursos por razones medioambientales. Una proporci¨®n similar apoya, sin embargo, que se les deje a ellos comprar productos m¨¢s eficientes, que ayuden al ahorro de recursos y energ¨ªa.

Pero al mismo tiempo y en esa misma encuesta la mayor¨ªa de hogares acepta que toma decisiones de compra productos de limpieza o electrodom¨¦sticos gui¨¢ndose por su precio. Los motivos de eficiencia energ¨¦tica, en cambio, ocupan una posici¨®n notablemente inferior

Otra prueba m¨¢s de la debilidad de la hip¨®tesis de la educaci¨®n es que la juventud no aumenta, sino que disminuye, la probabilidad de seguir este tipo de criterios. Esto, a pesar de que en M¨¦xico, como en el resto del mundo, las nuevas generaciones tienen m¨¢s presentes las cuestiones medioambientales. En cambio los de menos edad le dan m¨¢s importancia al precio. Es normal, si se tiene en cuenta que los hogares encabezados por j¨®venes suelen disponer de menor renta. Porque s¨ª es evidente a la luz de estos datos que los n¨²cleos de estrato socioecon¨®mico m¨¢s alto son m¨¢s proclives a decidir por criterios de eficiencia, y menos por los de precio.

Qui¨¦n paga

Este hallazgo nos gu¨ªa hacia la segunda tensi¨®n fundamental. Si nos quedamos con el modelo de precio por encima de la opci¨®n moral, ?qu¨¦ porci¨®n del ajuste debe asumir cada parte de la sociedad? Esta pregunta es particularmente dif¨ªcil de responder en aquellos pa¨ªses que, como M¨¦xico, a¨²n disponen de mucho recorrido de crecimiento, de m¨¢ximo aprovechamiento de sus recursos: ?por qu¨¦, si Europa occidental o EEUU disfrutaron de licencia m¨¢s o menos ilimitada de explotaci¨®n planetaria para construir su actual riqueza, los que ahora necesitan emplear la palanca de los recursos no iban a poder disfrutar de condiciones similares, dejando que sean las naciones m¨¢s ricas quienes m¨¢s se restrinjan en su uso de los recursos (es decir, quienes asuman la parte mayor de la deuda adquirida)? En sociedades tan desiguales como la mexicana, la traducci¨®n interior de este dilema implica a una clase alta acomodada y establecida (gracias en parte, de nuevo, a haber disfrutado de una especie de cheque en blanco en el uso de recursos naturales) versus segmentos populares que, en su ascenso irregular hacia niveles de renta m¨¢s desahogados, se encuentran con que es precisamente ahora cuando el pa¨ªs decide comenzar a internalizar los costes medioambientales.

Estas tensiones afectan al coraz¨®n de la coalici¨®n que sostiene al gobierno mexicano. El medio ambiente ha sido uno de los ¡®agujeros negros¡¯ del gobierno de AMLO desde sus inicios: el presidente ha optado por priorizar el desarrollo econ¨®mico (o m¨¢s bien la consolidaci¨®n de una base de votantes a trav¨¦s de prebendas) sobre el impacto ambiental.

Lo sorprendente es que para equilibrar estas decisiones no se ha implementado ninguna pol¨ªtica significativa que asegure una compensaci¨®n de los costes. Algo que, al menos, haga que pague m¨¢s los hogares que dispongan de m¨¢s capacidad. Al fin y al cabo, ya han declarado preocuparse menos por el precio, ?no?

S¨ª: pero tambi¨¦n afirman estar m¨¢s centrados en los criterios de eficiencia en sus decisiones de compra. Es posible que se vean a s¨ª mismos como m¨¢s responsables o m¨¢s conscientes, y por tanto menos dependientes del precio. De hecho, resulta que la gente de estratos m¨¢s humildes est¨¢ m¨¢s de acuerdo con asumir precios m¨¢s altos para ajustar el uso de recursos que el resto.

Los segmentos medios son los que se sit¨²an m¨¢s frecuentemente en contra de este tipo de alternativa. Es como si sintiesen que el pago de la deuda adquirida no les corresponde ahora que son ellos los que empiezan a disponer de las rentas del crecimiento. En definitiva, quien ahora puede pagar, no quiere hacerlo. Y quien no puede, est¨¢ m¨¢s dispuesto (o es menos reacio) a hacerlo. Curiosamente, AMLO se sit¨²a m¨¢s cerca de la posici¨®n de los segundos que de los primeros, a pesar de que (al menos seg¨²n sus propios discursos) el foco de su acci¨®n pol¨ªtica se encuentra en estos ¨²ltimos.

Qu¨¦ hay de la oferta

Hasta ahora hemos hablado de la distribuci¨®n del coste entre los demandantes. Pero, ?qu¨¦ hay del lado de la oferta? ?Acaso ellos no tienen tambi¨¦n una responsabilidad, quiz¨¢s la mayor de todas, con respecto a la deuda contra¨ªda? De hecho, la presencia o ausencia de compromiso por parte de los que al fin y al cabo son los jugadores m¨¢s poderosos en el mercado puede afectar el grado de implicaci¨®n de quienes se ven (correctamente) a s¨ª mismos como actores de menor importancia. Esto implica a las empresas privadas, pero tambi¨¦n al propio Estado en tanto que provisor de bienes y servicios de alto impacto medioambiental.

Tomemos, por ejemplo, un recurso cuya escasez se hace cada vez m¨¢s evidente: el agua. Sobre todo para las personas que habitan en regiones de alto riesgo de ascenso de las temperaturas. En M¨¦xico, como cabr¨ªa esperar, la gente que percibe un peor servicio de agua est¨¢ bastante menos de acuerdo con pagar m¨¢s, y viceversa. El primer grupo, por su parte, termina adquiriendo agua embotellada en proporciones sustancialmente mayores, con el consiguiente da?o al medioambiente (que, por cierto, acaban asumiendo en mayor proporci¨®n los hogares de renta m¨¢s baja, que disponen de menos recursos econ¨®micos).

Le quedan, en definitiva, dos tareas al gobierno de AMLO si pretende seguir con su pol¨ªtica de corte desarrollista: internalizar los costes medioambientales centr¨¢ndose en las capas acomodadas de la sociedad, y asegurarse de que la provisi¨®n de los servicios de impacto sea lo suficientemente buena como para fomentar el compromiso del conjunto de la ciudadan¨ªa (lo cual, por supuesto, tendr¨¢ sus propios costes asociados). Ninguna de ellas ser¨¢ n¨ªtidamente ganadoras. Pero el trabajo de un l¨ªder no se deber¨ªa limitar a ¡®seguir a sus seguidores¡¯. Los datos sugieren que, si bien no mucho, s¨ª existe algo de espacio para pasar la cuenta de lo que la sociedad le est¨¢ debiendo al territorio.