El ¡®caso Ayotzinapa¡¯ naufraga en los tribunales

La investigaci¨®n del caso Ayotzinapa se encuentra en un callej¨®n sin salida. Tras casi cinco a?os, M¨¦xico a¨²n no sabe qu¨¦ sucedi¨® con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el Estado sure?o de Guerrero. Despu¨¦s de que se documentaran torturas, violaciones de derechos humanos e irregularidades, el proceso judicial naufraga: 77 de 142 implicados han sido liberados. La mayor¨ªa de los 65 imputados que a¨²n est¨¢n detenidos, salvo algunos casos contados que est¨¢n en prisi¨®n por otras causas, se encuentran a un paso de obtener su libertad. Ante el fracaso en los tribunales, el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador y la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) han anunciado esta semana que se reconstruir¨¢ la investigaci¨®n "desde cero" y que perseguir¨¢n penalmente a los encargados que les precedieron, a quienes culpan por el naufragio de las indagatorias.

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"El caso se est¨¢ desmoronando", afirma Luis Tapia, coordinador jur¨ªdico del Centro Prodh, que ha acompa?ado legalmente a los padres de las v¨ªctimas. El horizonte judicial es desolador. De los 142 acusados, solo alrededor de una treintena est¨¢n imputados por la desaparici¨®n, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, confirman fuentes cercanas al caso. Se han documentado violaciones a derechos humanos y al debido proceso contra 83 personas, de acuerdo con el Centro Prodh. Entre los agraviados est¨¢n 42 polic¨ªas de Iguala, 25 de agentes del municipio aleda?o de Cocula, 14 civiles vinculados con el cartel Guerreros Unidos, el alcalde de Cocula y el jefe de protecci¨®n civil de Iguala. Eso implica que es muy probable que al menos 66 uniformados acusados de estar coludidos con el crimen organizado, uno de los puntos que han provocado m¨¢s indignaci¨®n en torno al caso, no enfrenten consecuencias legales.

El ¨²ltimo mes ha sido especialmente desalentador para los familiares de las v¨ªctimas y el devenir del proceso. Un juez desech¨® dos tercios de las pruebas que present¨® la Fiscal¨ªa por considerar que fueron recabadas de forma ilegal y absolvi¨® el pasado 30 de agosto por el secuestro de los estudiantes a Gildardo L¨®pez Astudillo, alias El?Gil. Otras tres personas fueron declaradas inocentes en esa sentencia. El fin de semana pasado, 24 polic¨ªas de Iguala fueron liberados por violaciones de sus derechos humanos. A diferencia de El Gil, los agentes salieron con un auto de libertad con reservas de ley, es decir, a¨²n pod¨ªan ser enjuiciados nuevamente, en ese caso, por el delito de desaparici¨®n forzada. "El juez interpreta con laxitud la ley, pero no imparte justicia", acus¨® el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas: "Las sentencias representan una infamia".

Las grietas del caso, sin embargo, no son nuevas. "Se empez¨® a caer en tribunales desde el a?o pasado", explica Tapia. Samuel Ventura Ramos, un magistrado de Tamaulipas, ya hab¨ªa dado en junio de 2018 "un diagn¨®stico demoledor" sobre el curso de las investigaciones, dice Tapia, pero fue hasta las sentencias recientes que fue se?alado por el Gobierno por tumbar el caso. Antes de la ¨²ltima tanda de liberaciones, los primeros que fueron liberados ¡ªalrededor de una decena¡ª eran detenidos que hab¨ªan sido arrestados por hechos relacionados con la llamada "verdad hist¨®rica": la l¨ªnea de investigaci¨®n que impuls¨® la Administraci¨®n del expresidente Enrique Pe?a Nieto para dar carpetazo al asunto y que aseguraba que los alumnos hab¨ªan sido quemados hasta ser reducidos a cenizas en el basurero de Cocula para despu¨¦s ser arrojadas al r¨ªo San Juan.

Ante el derrumbe judicial, las autoridades han dado un giro pol¨ªtico a la narrativa del caso. El Gobierno de L¨®pez Obrador ha buscado desde un primer momento acompa?ar a los familiares de los 43 estudiantes. El de Ayotzinapa fue uno de los casos m¨¢s pol¨¦micos de la gesti¨®n de su antecesor y, al mismo tiempo, una de las banderas del actual mandatario. La promesa de justicia que le ha hecho a los familiares, ya desde la campa?a electoral, ha propiciado que, sin tener un horizonte judicial exitoso, los gestos de L¨®pez Obrador sean constantes. Lo que est¨¢ en juego para las instituciones mexicanas no es solo esclarecer la desaparici¨®n de los estudiantes, sino demostrar que se han superado viejos vicios como la opacidad del sistema judicial, los errores procedimentales que han dejado impunes grandes casos de corrupci¨®n en el pasado y la violencia del Estado contra la ciudadan¨ªa. Ese es el grito de indignaci¨®n que no ha logrado extinguirse cinco a?os despu¨¦s de que los 43 normalistas fueran confundidos con criminales, estuvieran en manos de las autoridades y nadie haya podido descifrar lo que pas¨® con ellos desde entonces.

Las autoridades actuales han culpado a sus antecesores del fracaso, en particular, al exprocurador general Jes¨²s Murillo Karam y al exdirector de la Agencia de Investigaci¨®n Criminal Tom¨¢s Zer¨®n. Tras reunirse este mi¨¦rcoles L¨®pez Obrador y el fiscal con los padres de los desaparecidos se incidi¨® en que todas las acciones que dieron lugar a la "verdad hist¨®rica" se hab¨ªan hecho de forma irregular y que en parte se hab¨ªan ca¨ªdo porque esa l¨ªnea de investigaci¨®n no se sosten¨ªa con los hechos que se hab¨ªan podido comprobar.

El reparto de responsabilidades es m¨¢s complejo. El c¨²mulo de irregularidades m¨¢s graves se registr¨® entre octubre y diciembre de 2014, en los cimientos de la investigaci¨®n que inici¨® el Gobierno de Pe?a Nieto, y a partir de esas detenciones se obtuvieron confesiones y testimonios que facilitaron otros arrestos posteriores. Una de las implicaciones de que no se hayan admitido la mayor¨ªa de las pruebas de la Fiscal¨ªa es, por ejemplo, que no se ha podido acreditar en los tribunales la existencia de los Guerreros Unidos como grupo criminal, se?ala Tapia. La parte que toca al Gobierno de L¨®pez Obrador y a la Fiscal¨ªa, creada como organismo aut¨®nomo unas semanas despu¨¦s de la toma de posesi¨®n en diciembre pasado, es que en algunas causas hubo la posibilidad de presentar nuevas pruebas que impidieran la liberaci¨®n de los sospechosos, pero eso no se hizo de forma exitosa.

"Vamos a empezar de nuevo, una nueva investigaci¨®n: independiente, objetiva y clara", asegur¨® al salir de la reuni¨®n Omar G¨®mez Trejo, el nuevo fiscal especial para el caso, nombrado en junio pasado. Pero la idea de reiniciar la investigaci¨®n solo es parcialmente cierta porque a¨²n se intentan impedir nuevas liberaciones y porque se busca que algunos liberados que fueron exculpados parcialmente regresen al banquillo de los acusados. Los padres fueron notificados del viraje en las investigaciones y para muchos de ellos es volver a empezar desde cero, pero hay confianza en la forma como el Gobierno de L¨®pez Obrador y la Fiscal¨ªa manejan el caso, seg¨²n las declaraciones p¨²blicas que han dado. Y esa confianza se fundamenta en la promesa de hacer pagar a Murillo Karam y a Zer¨®n por sus errores, as¨ª como en abrir otras l¨ªneas de investigaci¨®n que no sean la "verdad hist¨®rica".