M¨¦xico aprueba una Fiscal¨ªa General sin plena autonom¨ªa del presidente
El Congreso, con mayor¨ªa del gobernante Morena, da luz verde a la ley que crear¨¢ la nueva instituci¨®n y que no limita la influencia del Ejecutivo
M¨¦xico ya prepara los membretes de la nueva Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR). La C¨¢mara de Diputados ha aprobado este martes la creaci¨®n del organismo que sustituir¨¢ a la antigua Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR), que depend¨ªa de la presidencia. Sin embargo, la ley, impulsada por la mayor¨ªa parlamentaria de Morena, el partido en el poder, no contempla cambios constitucionales para limitar la influencia del Ejecutivo en la designaci¨®n y remoci¨®n del pr¨®ximo titular de la FGR. La nueva normativa ha desatado cr¨ªticas de la oposici¨®n y de Fiscal¨ªa que sirva, una coalici¨®n de 300 organizaciones que aboga desde hace dos a?os por un modelo de procuraci¨®n de justicia que combata la crisis de impunidad que azota al pa¨ªs.
La aprobaci¨®n de la ley org¨¢nica, que ya pas¨® por el Senado a mediados de noviembre, destraba los escollos formales que imped¨ªan la puesta en marcha de la nueva fiscal¨ªa y era una tarea que hab¨ªa quedado pendiente desde que se aprob¨® un paquete de reformas pol¨ªticas en 2014. La creaci¨®n de la FGR permite que entre en la discusi¨®n de los presupuestos para 2019, prevista para finales de esta semana en el Congreso, y da visos de su nueva estructura con cuatro fiscal¨ªas especializadas: derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupci¨®n y asuntos internos. El nombramiento del pr¨®ximo fiscal se perfila para inicios del pr¨®ximo a?o.
Desde octubre del a?o pasado, M¨¦xico no tiene a nadie a la cabeza de su ¨®rgano principal de procuraci¨®n de justicia, dejando una vacante marcada por los interinatos y los encargados de despacho. Hay que remontarse, incluso, al periodo entre 1982 y 1988 para encontrar un procurador que permaneciera seis a?os en el cargo, lo que dura un Gobierno. A partir de que se declare la creaci¨®n de la FGR y ante la ausencia del titular, el Senado tendr¨¢ 20 d¨ªas para mandar al presidente una lista de 10 candidatos validados por dos tercios de la C¨¢mara alta. Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador escoger¨¢ una terna de esa selecci¨®n, que ser¨¢ votada de vuelta por los senadores.
La nueva ley surgi¨® a partir de una serie de mesas de trabajo entre los legisladores de Morena, acad¨¦micos y los colectivos Vamos por m¨¢s y Fiscal¨ªa que sirva. La condici¨®n del nuevo Gobierno era impulsar una iniciativa que fuera lo m¨¢s completa posible sin la necesidad de nuevas reformas constitucionales en seguridad y justicia, por lo que quedaron fuera, al menos de forma transitoria, puntos clave para garantizar la autonom¨ªa de la fiscal¨ªa. El compromiso era dar celeridad a la creaci¨®n del organismo para que despu¨¦s el nuevo fiscal propusiera los cambios necesarios para una reforma integral. Lo que molest¨® a las organizaciones fue el anuncio de la creaci¨®n de la Guardia Nacional, que requiere precisamente de una reforma constitucional y contradice, en su opini¨®n, el pacto de no tocar la Constituci¨®n.
"El resultado es la aprobaci¨®n de una ley sin el asidero constitucional necesario para el funcionamiento de la fiscal¨ªa", se?ala Eduardo Boh¨®rquez, director de Transparencia Mexicana y miembro de Fiscal¨ªa que sirva. El colectivo exige una reforma al art¨ªculo 102 sobre el perfil de los candidatos, la duraci¨®n en el cargo y el proceso de nominaci¨®n con un comit¨¦ ciudadano de designaciones; al art¨ªculo 89 para eliminar la facultad del presidente de destituir al fiscal; al art¨ªculo 123 para garantizar la movilidad laboral con un servicio profesional de carrera, y al art¨ªculo 19 transitorio para acabar con el pase autom¨¢tico de los funcionarios de la PGR a la FGR, entre otros. "No vamos a tener una fiscal¨ªa realmente aut¨®noma sin estas reformas constitucionales", afirma Mar¨ªa Elena Morera, directora de Causa en com¨²n: "Ya creamos el cascar¨®n: es un avance, pero no es suficiente".
Morena defiende que la creaci¨®n de la Fiscal¨ªa General ser¨¢ un primer paso necesario en su agenda de combate a la corrupci¨®n y la impunidad, una bandera que catapult¨® a L¨®pez Obrador a la presidencia y le dio la mayor¨ªa a su partido en ambas C¨¢maras, y descarta las dudas sobre la autonom¨ªa del nuevo organismo como un "falso debate" porque habr¨¢ contrapesos en el Senado. "Es una ley impostergable, reformar la constituci¨®n toma mucho tiempo y es irresponsable no dar herramientas al nuevo Gobierno para hacer frente a esta crisis, M¨¦xico no puede estar sin fiscal", responde Luis Fernando Salazar, diputado de Morena.
"Morena y sus aliados nos est¨¢n negando la oportunidad de fortalecer el sistema de procuraci¨®n de justicia", reclam¨® Juan Romero Hicks, l¨ªder parlamentario del conservador Partido Acci¨®n Nacional, en un comunicado. "Quienes hoy se quejan, se olvidan de que antes votaron a favor del art¨ªculo 102", revira Salazar. La discusi¨®n parlamentaria subi¨® de tono ante las protestas de la oposici¨®n despu¨¦s de que no se admitiera ninguna reserva.
"Pensar que una Fiscal¨ªa General resolver¨¢ esta crisis es un error, L¨®pez Obrador ha mostrado voluntad para combatir la impunidad y la corrupci¨®n, pero necesita apostar por instituciones locales y nacionales independientes para cambiar el modelo de justicia", apunta Morera. Las organizaciones piden tiempo para las reformas necesarias, mientras el partido gobernante argumenta que la creaci¨®n de la fiscal¨ªa es urgente. El compromiso de Morena es convocar en febrero a todas las fuerzas pol¨ªticas para apuntalar la nueva Fiscal¨ªa con las reformas que reclama la sociedad civil y que ser¨¢n necesarias en la transici¨®n al nuevo modelo.
En el centro del debate est¨¢ la estructura para afrontar casos como la desaparici¨®n de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ¡ªempantanado y marcado por la falta de conclusiones convincentes a cuatro a?os de haber sucedido¡ª o la red de sobornos de Odebrecht, sin consecuencias penales en M¨¦xico. Las deficiencias en la procuraci¨®n de justicia y la falta de confianza en las instituciones provocan que el 94% de los delitos no se denuncien, seg¨²n datos oficiales, y que la probabilidad de que un delito sea resuelto en el pa¨ªs apenas supere el 1%, de acuerdo con la organizaci¨®n Impunidad Cero.
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