La justicia de Ortega: centenares de detenciones ilegales, juicios ama?ados y jueces parcializados
El mandatario nicarag¨¹ense manipul¨® el sistema judicial para criminalizar a la disidencia de forma masiva, tras las manifestaciones que exig¨ªan el fin de su mandato
Tras el inicio de las protestas que en Nicaragua exig¨ªan el fin del mandato del presidente Daniel Ortega en abril de 2018, m¨¢s de 400 personas fueron procesadas en juzgados nicarag¨¹enses entre mayo de ese a?o y mayo de 2019, acusadas de delinquir como parte de un intento por derrocar al Gobierno sandinista.
La crisis comenz¨® por la imposici¨®n de Ortega de una reforma a la seguridad social sin consenso, lo que gener¨® un protesta de los jubilados por la reducci¨®n de sus pensiones. Entonces Ortega orden¨® reprimir esas manifestaciones y la imagen de ancianos vapuleados gener¨® un rechazo nacional que termin¨® en multitudinarias protestas que exig¨ªan el fin de 12 a?os de Gobierno autoritario. La respuesta oficial fue la peor matanza sufrida en Nicaragua en tiempos de paz, con la ejecuci¨®n de cr¨ªmenes de lesa humanidad contra la poblaci¨®n desarmada, seg¨²n un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA), conformado para investigar los hechos de violencia que desangran este pa¨ªs centroamericano. La represi¨®n de Ortega dej¨® al menos 328 muertos, seg¨²n la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Adem¨¢s, se llevaron detenciones consideradas ilegales por juristas independientes.
Una investigaci¨®n de EL PA?S, en colaboraci¨®n con Connectas, identifica a 311 de estas personas detenidas: hombres y mujeres de entre 15 y 73 a?os, de 17 ciudades de Nicaragua, con oficios tan diversos como estudiantes, abogados, alba?iles, artesanos, comerciantes, profesores, transportistas,?exmilitares,?campesinos o amas de casa. El ¨²nico rasgo que ten¨ªan en com¨²n es que hab¨ªan protestado contra la represi¨®n gubernamental.?
Para contar c¨®mo las autoridades nicarag¨¹enses violentaron las garant¨ªas constitucionales de cientos de ciudadanos, recopilamos dos tipos de informaci¨®n: datos cuantitativos a trav¨¦s de una base de datos y aspectos cualitativos, obtenidos a partir de los testimonios de personas judicializadas en este contexto.
La base de datos fue construida con informaci¨®n p¨²blica de 100 expedientes judiciales disponibles en el sistema virtual del Poder Judicial de Nicaragua, notas publicadas por medios de comunicaci¨®n, comunicados oficiales de la Polic¨ªa Nacional, comunicados oficiales del Ministerio de Gobernaci¨®n, datos del Comit¨¦ Pro Liberaci¨®n de Presos Pol¨ªticos y cifras de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A trav¨¦s de esa base de datos se logr¨® confirmar patrones de violaciones como detenciones y allanamientos con ¨®rdenes de autoridades competentes, derecho a la presunci¨®n de inocencia, derecho a ser puesto en libertad en un plazo de 48 horas si no se es presentado ante un juez, derecho a un juez natural, principio de proporcionalidad, principio de celeridad procesal.
Entrevistamos a ciudadanos que fueron procesados, sus abogados defensores, penalistas, acad¨¦micos y expertos internacionales, quienes coincidieron en que en Nicaragua se manipul¨® el sistema de justicia para criminalizar a la disidencia de forma masiva. Aqu¨ª presentamos cuatro de estos casos. A trav¨¦s de estas historias se muestra c¨®mo se violaron los derechos a la dignidad humana, el derecho a la defensa, el principio de legalidad, el principio de oralidad y publicidad de los juicios, el derecho a tener jueces imparciales y apegados a la ley.
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