La tortura a un estudiante por participar en las protestas: Descargas el¨¦ctricas en los test¨ªculos

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De pie, esposado y desnudo en la sala de investigaci¨®n, Dilon Zeled¨®n, de 20 a?os, ha pasado unas 12 horas en interrogatorios. Est¨¢ ensangrentada su oreja izquierda, la sangre ya seca porque no ha podido limpiarse desde el viernes. Es domingo por la noche en la Direcci¨®n de Auxilio Judicial de Managua. Tiene el ojo amoratado, golpes en todo el cuerpo. Dos polic¨ªas vestidos de negro, con pasamonta?as cubriendo sus rostros, le hacen una y otra vez la misma pregunta: ?d¨®nde est¨¢n las armas? No s¨¦, la respuesta recurrente.

Los oficiales, iracundos, traen la pistola el¨¦ctrica. Primero, descargas el¨¦ctricas en los test¨ªculos. ¡°Un golpe a mi ego, desmoralizante¡±, seg¨²n Zeled¨®n. Segundo, otra descarga en el cuello. ¡°Horrible¡±. Siente c¨®mo la descarga el¨¦ctrica recorre rauda su columna vertebral hasta llegar al ¨²ltimo nervio del dedo del pie. No aguanta el dolor y se desmaya. Despierta mojado en su celda. Ya sin las esposas, comienza a estirarse. Es el d¨ªa 3 de los 304 d¨ªas que pasar¨ªa en prisi¨®n.

Dilon Zeled¨®n estudiaba Contabilidad y Finanzas en la ciudad de Matagalpa, a unos 130 km al norte de Managua. Adem¨¢s, era bailar¨ªn de danzas folcl¨®ricas e integrante de la Uni¨®n Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), el brazo pol¨ªtico del Frente Sandinista de Liberaci¨®n Nacional (FSLN) en las universidades p¨²blicas. Pero abandon¨® el movimiento el 22 de abril, cuatro d¨ªas despu¨¦s de iniciadas las protestas contra la represi¨®n estatal, cuando ya hab¨ªan asesinado a los primeros manifestantes. En una protesta conoci¨® a Nelly Roque, de 27 a?os, una fot¨®grafa y feminista. Junto con amigos en com¨²n, formaron un grupo de j¨®venes que ser¨ªa el encargado de organizar las manifestaciones en la ciudad, y posteriormente de gestionar la log¨ªstica de los bloqueos de carreteras.

El 26 de junio, Nelly y otros cuatro j¨®venes activistas fueron detenidos por polic¨ªas y agentes paraestatales mientras se dirig¨ªan a una reuni¨®n en la capital. As¨ª cuenta su detenci¨®n:

"Nos comenzaron a golpear. La otra muchacha que estaba ah¨ª dijo que estaba embarazada para que no le hicieran nada. A m¨ª me dijeron ¡°te vamos a violar a vos y despu¨¦s te vamos a matar". Yo lo primero que imaginaba era que s¨ª me iban a matar, nadie va a sobrevivir de aqu¨ª, era una escena que pues, no hab¨ªa manera de que nos dejaran vivos. Entonces yo me empec¨¦ a imaginar c¨®mo ¨ªbamos a aparecer, me imaginaba yo desnuda tirada en un barranco. Nos pusieron en fila, y nos preguntaron uno a uno nuestros nombres. Y entonces, se los daba a otra persona supuestamente por el tel¨¦fono".

El mismo d¨ªa, los j¨®venes fueron trasladados a la Direcci¨®n de Auxilio Judicial en Managua, el mismo lugar donde torturar¨ªan a Dilon, casi un mes despu¨¦s. Ese centro de investigaciones, tambi¨¦n conocido como El Chipote, ha sido denunciado por cientos de manifestantes como un centro de tortura. Pero no es el ¨²nico. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), recibi¨® testimonios de algunos detenidos que fueron ¡°sometidos a torturas f¨ªsicas?¡ªincluyendo quemaduras con pistolas de electricidad y/o cigarrillos, el uso de alambre de p¨²as, golpizas con pu?os y tuber¨ªas e intentos de estrangulaci¨®n¡ª como tambi¨¦n torturas psicol¨®gicas, incluyendo amenazas de muerte¡±. Adem¨¢s, ha documentado casos de violencia sexual a hombres y mujeres.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que trabaj¨® en Nicaragua durante seis meses, se?al¨® que en caso de verificarse las denuncias de tortura, estas podr¨ªan constituir otro crimen de lesa humanidad cometido por las autoridades nicarag¨¹enses. El Estado de Nicaragua, no obstante, no ha aceptado la participaci¨®n de sus oficiales en torturas o tratos inhumanos o degradantes a detenidos. En cambio, inform¨® al OACNUDH que no se han abierto investigaciones de este tipo porque ¡°no ha recibido denuncia de malos tratos¡±. Tampoco ha esclarecido qui¨¦nes ocasionaron las muertes de al menos 328 personas en el contexto de las protestas. En febrero de este a?o, el Estado de Nicaragua inform¨® a la CIDH que hab¨ªa aclarado las muertes de 32 personas y que los asesinatos de otras 21 estaban en proceso judicial.

De las 100 acusaciones revisadas para esta investigaci¨®n, se encontr¨® que la Fiscal¨ªa detuvo y proces¨® a 27 personas por casos de asesinato en perjuicio de 20 personas, entre ellas 8 polic¨ªas. De estos casos, los jueces nicarag¨¹enses condenaron a 10 por los asesinatos de 5 polic¨ªas, 2 partidarios sandinistas, un profesor, un joven opositor y un periodista, aunque varios de estos procesos tambi¨¦n presentaron serias irregularidades.

A pesar de que la CIDH y la Asociaci¨®n Madres de Abril, integrada por familiares de v¨ªctimas mortales de la represi¨®n, insistieron a la Fiscal¨ªa en su deber de investigar a polic¨ªas y grupos armados progubernamentales por las muertes de centenares de ciudadanos manifestantes que murieron durante las protestas o en los bloqueos de carreteras, no se encontr¨® evidencias de que se hubiera iniciado alguna investigaci¨®n contra ellos.

El proceso judicial

Nelly Roque, Dilon Zeled¨®n y otros dos ciudadanos fueron acusados por la Fiscal¨ªa de haber creado bloqueos de carreteras o tranques en la ciudad de Matagalpa ¡°con el prop¨®sito de afectar el orden p¨²blico y alterar el orden constitucional¡±, y de haber secuestrado el 31 de mayo a dos miembros de la Juventud Sandinista (JS), para torturarlos, amenazarlos y robarles.

Aunque los supuestos hechos ocurrieron en la ciudad norte?a de Matagalpa, los acusados fueron presentados en juzgados de la capital, en donde atravesaron todo el proceso judicial. La revisi¨®n de 100 casos de presos pol¨ªticos indica que 7 de cada 10 procesados no tuvieron derecho a ser juzgados por un juez local competente, como establece la Constituci¨®n, sino que fueron trasladados a la capital y detenidos a cientos de kil¨®metros de sus familias.

Las abogadas defensoras de Nelly y Dilon, Leyla Prado y Ver¨®nica Nieto, alegaron al juez Abelardo Ramos esta circunstancia, pero la respuesta del judicial fue que era competente porque se trataba de un delito de ¡°relevancia social y trascendencia nacional¡±. El mismo alegato dieron otros jueces en casos de personas vinculadas con las protestas, el problema es que ninguna ley indica cu¨¢les son los delitos de ese tipo y, por lo tanto, esta decisi¨®n es discrecional.

Un video que circul¨® en redes sociales confirma que los dos partidarios sandinistas s¨ª fueron retenidos en un tranque: la c¨¢mara de un celular los enfoca desnudos, mientras se alejan corriendo; adem¨¢s enfoca un mortero, un dispositivo artesanal para disparar peque?as bombas de p¨®lvora, disparando a los dos hombres, ya en la distancia. Dilon y Nelly confirmaron el hecho, y aceptaron que estuvieron all¨ª, pero negaron haber participado del incidente. ¡°Fue la gente de ese barrio, estaba s¨²per molesta y no hubo manera de que se detuvieran¡±.

En el juicio, a cargo del juez Melvin Vargas, una de las supuestas v¨ªctimas amenaz¨® a Dilon y Nelly: los qued¨® viendo fijamente y desliz¨® su mano de un extremo al otro de su cuello. ¡°?Qui¨¦nes son aqu¨ª los violentos?¡±, le increp¨® Nelly, quien lo conoc¨ªa porque era su vecino. Las c¨¢maras de medios de comunicaci¨®n solamente lo enfocaron mientras lloraba al dar su declaraci¨®n, recuerda Nelly. Estos medios, propiedad de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, eran los ¨²nicos que pudieron acceder a las sesiones de juicio. Periodistas independientes y cr¨ªticos del Gobierno de Nicaragua, dijeron haber podido acceder a algunas audiencias preliminares, pero nunca a dar cobertura a sesiones de juicio.

El juez Vargas asegur¨® en su sentencia que qued¨® ¡°convencido de la participaci¨®n de los acusados¡±, aunque las mayores pruebas recayeron en las pruebas testimoniales, puesto que en los videos que present¨® la Fiscal¨ªa no se identifica el rostro de ninguno de los acusados. Aun s¨ª, conden¨® a 25 a?os de prisi¨®n a Dilon y a 20 a?os de prisi¨®n a Nelly y los otros dos acusados.

Una revisi¨®n de 100 casos que incluyen a 320 acusaciones a personas vinculadas con la protesta, revela que si bien la mayor¨ªa de los procesos (53%) culmin¨® con una sentencia judicial, en un 40% de ellos no se inici¨® juicio oral o fue suspendido, sobre todo a partir de febrero de 2019, cuando se reanudaron las negociaciones entre el Gobierno y la oposici¨®n. De los 60 casos revisados que culminaron con sentencias, fue el juez Vargas quien m¨¢s casos conden¨®: un total de 8, aunque esta cantidad no se distancia tanto de los procesos culminados por otros jueces.

Nelly, acusada adem¨¢s en una segunda causa y condenada adicionalmente a 18 a?os de prisi¨®n, recuerda que al principio fue dif¨ªcil enfrentar el proceso judicial, pero despu¨¦s aprendi¨® a tolerarlo. ¡°Fuimos conociendo que las acusaciones eran falsas, todo era inventado, no hab¨ªa pruebas la verdad, entonces, no lo tomamos en serio (el juicio), sab¨ªamos que ¨ªbamos a ser libres, que nos iban a condenar pero que ¨ªbamos a salir libres¡±, dice ahora, efectivamente, en libertad.