Castigos cuarteleros por violar la cuarentena en Venezuela

Catorce hombres caminan en cuclillas en una calle bajo el sol. Son seguidos por una patrulla policial. Van en dos filas muy juntos y vocean ¡°No puedo salir de casa¡±. Unos pocos llevan tapabocas. La escena remite a los duros tiempos del gomecismo en la Venezuela a¨²n rural de principios del siglo XX, la dictadura militar de Juan Vicente G¨®mez, que dirigi¨® el pa¨ªs durante 27 a?os. Pero se trata de los castigos que se est¨¢n aplicando a quienes violan la restricci¨®n de salir durante la cuarentena. No es una an¨¦cdota aislada. Se ha repetido con frecuencia en Barquisimeto, en el occidente, pero tambi¨¦n se ha visto en las ciudades de Charallave, R¨ªo Chico y La Guaira, en el centro del pa¨ªs, con variantes en las consignas o en los ejercicios.

En medio de apagones y escasez de gasolina, la supervivencia diaria en las regiones del interior de Venezuela se hace mucho m¨¢s compleja en medio de la cuarentena obligatoria ordenada por Nicol¨¢s Maduro y el control social que han ejercido pol¨ªticos locales. Las autoridades del Estado de Lara dictaron el pasado d¨ªa 17 un decreto que supone graves violaciones a los derechos humanos y su derogaci¨®n se ha convertido en objetivo de los activistas. Aunque los humillantes castigos que se han visto no est¨¢n recogidos en la norma, a partir de su vigencia empezaron a reportarse este tipo de vejaciones.

En el Estado de Lara se prohibi¨® la circulaci¨®n de personas entre las dos de la tarde y las siete de la ma?ana, medida acompa?ada de un intenso patrullaje. ¡°A quienes han agarrado en la calle les han aplicado estos castigos f¨ªsicos bajo una pedagog¨ªa propia de los cuarteles¡±, dice Nelson Freitas, coordinador de la Red de Derechos Humanos de ese Estado.

Aunque el Gobierno ha asegurado que gracias al estricto cumplimiento de la cuarentena se ha logrado mantener bajos los n¨²meros de contagios de coronavirus ¡ª320 infectados y 10 fallecidos¡ª, la vida cotidiana no se ha detenido del todo, especialmente en los sectores populares. La gente sigue saliendo y mucho m¨¢s en las ¨²ltimas semanas. ¡°El confinamiento en condiciones de insatisfacci¨®n de necesidades b¨¢sicas es inviable. La gente en Venezuela no necesita salir solo para comprar alimentos, sino tambi¨¦n para buscar agua o le?a, porque los servicios no funcionan¡±, contin¨²a Freitas.

En el decreto dictado por la gobernadora, la almirante Carmen Mel¨¦ndez, se establecen sanciones pecuniarias como las aplicadas en otros pa¨ªses, pero con algunas diferencias que son a¨²n m¨¢s violatorias. El texto se?ala, por ejemplo, que las personas pueden permanecer detenidas hasta que paguen las multas y no except¨²a a los periodistas y trabajadores farmac¨¦uticos, considerados esenciales durante la pandemia, de las restricciones de circulaci¨®n.

En Caracas, la presencia policial y militar y el bloqueo de autopistas con contenedores han intentado frenar la movilidad de las personas. En Catia intentaron restringir las salidas con un pase de movilidad que entregaron por familia, pero la medida ha sido inaplicable. ¡°La gente los sobrepasa, hay mucha desesperaci¨®n y sale much¨ªsima gente a comprar comida¡±, dice Gabriela Buada, activista de derechos humanos que est¨¢ haciendo un monitoreo en los barrios de Catia, San Mart¨ªn y Petare.

La semana pasada las ONG Acceso a la Justicia y Provea alertaron sobre el agravamiento de la situaci¨®n de los derechos humanos en Venezuela a partir de la declaraci¨®n del estado de alarma por el r¨¦gimen de Maduro el 13 de marzo. ¡°El decreto que estableci¨® esta modalidad de estado de excepci¨®n tiene graves vac¨ªos, uno de ellos respecto de las actividades laborales sujetas a suspensi¨®n¡±, se?alan en un comunicado. ¡°Esta omisi¨®n ha generado un caos normativo en el que alcaldes, gobernadores e incluso autoridades militares han emitido toda suerte de decretos, normas y regulaciones, incluidas sanciones, en violaci¨®n del principio de legalidad, dentro de las que podemos encontrar privaciones a la libertad personal sin debido proceso y sin control por parte de autoridad judicial alguna¡±, agregan.

Venezuela atraviesa su s¨¦ptima semana en un confinamiento que ha sido mucho m¨¢s costoso para un pa¨ªs en el que m¨¢s del 60% de la poblaci¨®n vive al d¨ªa, y aquejado adem¨¢s de una escasez de combustible que ha limitado mucho m¨¢s la movilidad y la crisis de servicios. El descontento ha generado, solo en marzo, 580 protestas, seg¨²n el Observatorio de Conflictividad Social, y en las ¨²ltimas semanas saqueos.

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