¡°En un mundo civilizado no deber¨ªa amenazarse a una Corte¡±
El juez nigeriano lamenta las ¡°medidas coercitivas¡± de EE UU al autorizar la imposici¨®n de sanciones y restricciones contra funcionarios que investiguen la actuaci¨®n de su Ej¨¦rcito en Afganist¨¢n
La ofensiva lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra la Corte Penal Internacional (CPI), autorizando la imposici¨®n de sanciones econ¨®micas y restricciones de visados de viajes contra los funcionarios que investiguen la comisi¨®n de posibles cr¨ªmenes de guerra por parte de militares y miembros de la CIA en Afganist¨¢n, es un gesto in¨¦dito en la historia de los tribunales de justicia.
La Fiscal¨ªa de la Corte tiene luz verde para indagar estos delitos, supuestamente perpetrados entre 2003 y 2014, y tambi¨¦n los que pudieran haber cometido los talibanes y las fuerzas afganas, y la decisi¨®n de Washington ha merecido la repulsa de la comunidad internacional. Porque no se espera de una democracia como EE UU que sancione a una instituci¨®n que suma 123 Estados miembros, y es la ¨²nica del mundo abierta de forma permanente para perseguir el genocidio y los cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad. Y porque la justicia debida a todas las v¨ªctimas depende de la independencia de los tribunales. EE UU no es miembro de la CPI, pero su presidente, Chile Eboe-Osuji, de 57 a?os, se?ala en una entrevista telem¨¢tica a trav¨¦s de una plataforma de la propia Corte que lo inaudito de esta interferencia es que emane de un pa¨ªs con uno de los sistemas legales m¨¢s s¨®lidos del mundo.
Ahora que las restricciones impuestas por la covid-19 han llegado a la sede de la Corte, en La Haya (Pa¨ªses Bajos), Eboe-Osuji centra sus esfuerzos en mantener al d¨ªa una instituci¨®n que requiere la comparecencia de los acusados. Como la de este lunes, dedicada al sudan¨¦s Ali Abd-al-Rahman (tambi¨¦n conocido como Al¨ª Kushayb), acusado de cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Darfur. Pero las sanciones dictadas por Estados Unidos no figuran en un expediente m¨¢s. Pretenden ser un golpe que alcance a la existencia misma de la CPI, algo que su presidente califica de intolerable.
Pregunta. La Casa Blanca ha anunciado la imposici¨®n de sanciones. ?Qu¨¦ le parece dicho t¨¦rmino?
Respuesta. En primer lugar, debo decir que lamento profundamente estas medidas coercitivas, porque Estados Unidos lo llama sanciones, pero la terminolog¨ªa es aqu¨ª muy importante: son una forma de coerci¨®n. Solo se sanciona a organizaciones terroristas, o bien a Estados que hayan violado los derechos humanos, como en el caso del apartheid, en Sud¨¢frica. O a pa¨ªses que hubieran vulnerado, por ejemplo, el Tratado de no Proliferaci¨®n Nuclear. Hacerlo contra un tribunal de justicia es algo nunca visto. Vivimos en un mundo civilizado donde estas cosas, amenazar a los tribunales, no deber¨ªan pasar. Ya hubo amenazas de esta clase en 2018, por parte de John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de EE UU. Entonces les dijimos que la Corte Penal es independiente y no opera en base a la intimidaci¨®n, o porque se le induzca a que no ejerza su labor. Ambas cosas son una corrupci¨®n de la justicia. Por nuestra parte, seguiremos con nuestro trabajo.
P. ?Ser¨¢ posible investigar a partir de ahora lo ocurrido en Afganist¨¢n entre 2003 y 2014?
R. La Corte Penal es un tribunal de ¨²ltimo recurso. Solo act¨²a si los jueces nacionales no quieren, o no pueden hacerlo. No puedo hablar sobre esa investigaci¨®n porque depende de la Fiscal¨ªa, pero s¨ª puedo recordar que el Estatuto de Roma [texto fundacional de la CPI] incluye la posibilidad de que el pa¨ªs afectado desaf¨ªe la admisi¨®n del caso. Puede decir que s¨ª es capaz de abrir un proceso en regla y con garant¨ªas, y Afganist¨¢n, que es un Estado miembro, lo ha hecho. As¨ª que habr¨¢ que esperar a ver si los jueces del tribunal consideran factible dicha posibilidad.
P. ?Qu¨¦ puede hacer la comunidad internacional, aparte de alzar su voz contra las sanciones?
R. La respuesta y el apoyo mostrado por la comunidad internacional nos inspira, sobre todo porque la condena hacia la postura de EE UU llega tambi¨¦n desde la sociedad civil. Estamos muy agradecidos porque es el principio, pero la voz no basta. La propia comunidad internacional se cans¨® de que pudiera cometerse un genocidio, o cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad, y por eso naci¨® la CPI. Es el ¨²ltimo refugio de la justicia para las v¨ªctimas de esas atrocidades, y aunque se pens¨® que podr¨ªa haber un rechazo frontal por parte de alg¨²n pa¨ªs, no se esperaba que fuera desde Estados Unidos. Es un pa¨ªs con uno de los sistemas legales m¨¢s poderosos del mundo, as¨ª que cuando dice que la Corte no tiene jurisdicci¨®n para investigar en Afganist¨¢n lo que hayan podido hacer sus tropas o ciudadanos [s¨ª la tiene, aunque Estados Unidos no sea miembro, porque los presuntos delitos se cometieron en el territorio de un pa¨ªs que forma parte de la Corte] es muy f¨¢cil. Lo pueden hacer los jueces estadounidenses. Creo que prevalecer¨¢ el imperio de la ley, pero el temor es que cosas as¨ª afecten m¨¢s all¨¢ de la CPI.
P. La cr¨ªtica recurrente contra la Corte ven¨ªa de los pa¨ªses africanos, por considerar que se prestaba demasiada atenci¨®n a dicho continente. ?Ha cambiado la situaci¨®n?
R. Ese tipo de cr¨ªticas han ido desapareciendo, aunque no del todo. La Corte existe para hacer justicia a las v¨ªctimas, sin distinci¨®n de origen, y no he o¨ªdo ninguna cr¨ªtica por parte de las v¨ªctimas africanas. Criticar es v¨¢lido si se trata de prestar apoyo moral o material. Pero si es para decir que mientras no se abran casos en todo el mundo, tampoco en ?frica, entonces es inaceptable.
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